Sentencias de interés

Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de enero de 2015.

En la presente sentencia el Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad núm. 5610-2012, interpuesto por 115 diputados de diferentes grupos parlamentarios contra la reforma laboral realizada por medio de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Los recurrentes impugnan hasta un total de nueve artículos de la reforma laboral por vulneración de varios preceptos constitucionales. El Alto Tribunal desestima íntegramente el recurso, respaldando la reforma laboral, y rechazando de este modo todos y cada uno de los motivos de impugnación de los recurrentes.

De entrada, los recurrentes impugnan el apartado tercero del art. 4, en el que se establece que la duración del período de prueba para el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores será de un año en todo caso. El Tribunal sostiene que se trata de una medida que cuenta con una justificación legitimadora, que resulta razonable y proporcionada en atención a la situación de crisis económica y la transitoriedad de la medida.

Asimismo, resulta impugnado el apartado primero del art. 12, precepto que da una nueva redacción al art. 41 del Estatuto de los Trabajadores (ET), relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Los recurrentes cuestionan la facultad de modificación atribuida al empresario en el apartado quinto del art. 41 ET respecto a las modificaciones colectivas de las condiciones de trabajo. Este precepto permite al empresario, una vez finalizado el periodo de consultas sin acuerdos, notificar a los trabajadores la decisión sobre la modificación, que surtirá efectos en el plazo de los siete días siguientes a su notificación. El Tribunal rechaza este motivo al entender que dicha facultad resulta proporcional y justificada con finalidades consagrados en la Constitución, como son el garantizar el derecho al trabajo de los ciudadanos (art. 35.1CE), mediante la adopción de una política orientada a la consecución del pleno empleo (art. 40.1 CE), así como la libertad de empresa y la defensa de la productividad (art. 38 CE).

El siguiente precepto impugnado es el apartado primero del art. 14 que bajo el título “Negociación colectiva”, da una nueva redacción al apartado tres del art. 82 ET, que regula el procedimiento de inaplicación en la empresa de condiciones de trabajo pactadas en convenio colectivo, comúnmente conocido como “descuelgue”. Los recurrentes entienden vulnerados los derechos a la negociación colectiva (37.1 CE) y a la libertad sindical (art. 28.1 CE), por el contrario, el Tribunal Constitucional entiende que dicha medida es conforme al contexto actual de crisis económica.

Los Diputados recurrentes impugnan el apartado tres del art. 18 relativo a la “Extinción del contrato de trabajo” que da una nueva redacción al art. 51ET. Los recurrentes denuncia la inconstitucionalidad de la definición que se realiza de las causas “económicas, técnicas, organizativas o de producción”. En este aspecto el Tribunal sostiene que la norma impugnada dota a la definición de una mayor objetividad y certidumbre, evitando así “la realización de juicios de oportunidad y valoraciones hacia el futro de incierta materialización”.

Otro de los preceptos impugnados es el apartado ocho del mencionado art. 18, que da nueva redacción al art. 56.2 ET, así como el apartado primero del art. 23 de la Ley 3/2012 que modifica el art. 110.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LJS). En este caso los recurrentes alegan que, al limitar los apartados cuestionados el derecho a la percepción de los salarios de tramitación exclusivamente al supuesto en que el empresario opte por la readmisión del trabajador tras la improcedencia del despido, se está favoreciendo la extinción definitiva de la relación laboral, hecho que alegan contrario al art. 35.1 CE. El Tribunal Constitucional rechaza de nueva esta argumentación, sostiene que esta opción del legislador cuenta con una justificación que no puede tacharse de arbitraria o irrazonable.

Finalmente también se denunció por los recurrentes la reforma la Disposición adicional 10ª ET que excluye de la negociación colectiva la posibilidad de establecer cláusulas de jubilación forzosa. Al respecto el Tribunal entiende que ha admitido “una política de empleo basada en la jubilación forzosa, y por tanto, la posibilidad de que el legislador fije una edad máxima como causa de extinción de la relación laboral, porque aunque suponga una limitación al ejercicio del derecho al trabajo de unos trabajadores, sirve para garantizar el derecho al trabajado de otros”.

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de lo Penal, núm. 12/2015 de 20 de enero de 2015.

En esta sentencia, se pretende que al acusado ya condenado por un delito de tenencia y distribución de pornografía infantil del artículo 189.1 b) del Código Penal, consistente en la posesión y difusión de contenido pornográfico en la que hayan sido utilizados para su elaboración menores de edad; se le consideren aplicables los agravantes del artículo 189.3 del Código Penal, apartados b) y d).

Respecto al apartado b) del artículo 189.3 del Código Penal, agravante sobre aquellos hechos que revierten degradación y vejación, el Tribunal considera que es de aplicación a la conducta cometida por el condenado ya que el uso de menores y las prácticas sexuales a las que los someten son infamantes y humillantes.

Por otro lado, la circunstancia agravante del apartado d) del artículo 189.3 del Código Penal, consistente en que el contenido pornográfico muestre y represente a niños siendo víctimas de violencia sexual y física, a juicio del Tribunal, debe ser procedente ya que en el material incautado y por el que se condenó al acusado, se muestran actos en los que se ejercen prácticas sexuales violentas relacionadas con el sadomasoquismo; además del empleo de fuerza material sobre las víctimas.

Finalmente, ante estas argumentaciones, el Tribunal procede a estimar el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el Ministerio Fiscal.

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de lo Civil, núm. 754/2014 de 30 de diciembre de 2014.

En esta sentencia, se resuelve en casación sobre las responsabilidades a efectos indemnizatorios por un incumplimiento de los intereses encargados a la entidad bancaria de confianza de los afectados. Esta entidad, ofreció a los demandantes un producto de elevado riesgo muy alejado de sus requerimientos de invertir en renta fija, además de omitirse en su ofrecimiento la debida información al respecto. Por este hecho, los afectados, en su escrito de demanda, solicitan que se declare el incumplimiento de esta entidad sobre su gestión y de los deberes de lealtad e información sobre las características del producto a los demandantes, y se condene a la entidad a la restitución de la integridad del capital invertido.

En primera instancia se estima el solicito de la demanda interpuesta por los afectados, y se declara la concurrencia de un error vicio en el consentimiento de los afectados; el fallo de la sentencia condena a la entidad a devolver la suma dineraria de la que consta la inversión realizada y a indemnizarles al efecto. No obstante, ejerciendo la entidad bancaria su derecho a impugnar la resolución, el tribunal consideró que la indemnización a los demandantes no es procedente ante la inexistencia de nexo de causalidad entre el incumplimiento del deber de información y la pérdida del capital invertido.

Consecuentemente, los afectados interponen recurso de casación, cuyo motivo se sustenta en la infracción del artículo 1101 del Código Civil que indica la sujeción a indemnización. En este caso, se procede a su estimación, al considerarse que existe el nexo causal entre el daño causado y el incumplimiento de la entidad por la omisión que se realiza en el asesoramiento de las características del producto y los riesgos que conllevaba su compra, siendo el aliciente, a juicio del tribunal, de la pérdida de la inversión realizada por los demandantes y causa por la que la entidad bancaria debe indemnizar a los afectados.

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de lo Civil, núm. 619/2004 de 30 de octubre de 2014.

En esta sentencia, el litigio tiene como origen la demanda interpuesta por uno de los cónyuges, el marido, con fines de disolución del matrimonio por divorcio contra su mujer que en ese momento estaba embarazada.

Entre las medidas que se desarrollan en la demanda es destacable la solicitud del régimen de custodia compartida por ambos progenitores del hijo que iban a tener en común. Esta demanda fue contestada por la mujer, manifestando su contrariedad en el régimen de custodia compartida, requiriendo la custodia sobre su hijo y la patria potestad compartida por ambos por vía del régimen de visitas correspondiente.

De estos antecedentes, en primera instancia se dictó sentencia en la que además de declararse la disolución del matrimonio por divorcio, se concede la guarda y custodia del menor a la madre siendo la patria potestad compartida.

La sentencia es resultado la interposición de recurso de casación por el padre del menor, que vino precedida de escrito de oposición a este recurso por parte de la madre del menor, alegando la modificación de las medidas relativas a la entrega del menor en el domicilio de los abuelos paternos, en base a una serie de llamadas telefónicas que recibía del recurrente calificadas como agresivas. Se concedió esta modificación.

En base a estos hechos anteriormente expuestos, el motivo de casación se fundó en la prevalencia y preferencia para la protección del interés del menor, de un sistema de guarda y custodia compartida, citándose numerosa jurisprudencia para su argumentación, considerando el recurrente la infracción de la doctrina jurisprudencial y alegando la falta de razones que justifiquen el hecho de no conceder el régimen de custodia que solicita. Finalmente, la Sala acabará desestimando el recurso considerando que la situación de conflictividad entre los padres, manifestada en las medidas solicitadas en el escrito de oposición del recurso, es perjudicial para el interés del menor; en esta misma línea, la Sala declara que la custodia compartida requiere de una relación de respeto mutuo entre los progenitores que deriven en una situación beneficios para el menor y que no le perturbe en su desarrollo afectivo y emocional.

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 19 de diciembre de 2014.

Esta sentencia, declara que las condiciones pactadas en el contrato de trabajo directamente, o bien según lo establecido en el Convenio Colectivo de aplicación, tienen una naturaleza jurídica contractual propia. Ello implica que las condiciones siguen siendo vinculantes tanto para la empresa como para el trabajador, pese a que el Convenio Colectivo de aplicación se encuentre fuera de su vigencia temporal. Dicha ultra-actividad no obsta a la obligación de las partes de seguir negociando un nuevo Convenio Colectivo, según lo establecido por el artículo 89 del Estatuto de los Trabajadores.

El supuesto de hecho de la sentencia, enjuiciaba el caso de una empresa que tras no haberse suscrito un nuevo Convenio Colectivo tras la caducidad del Convenio vigente, pasó a aplicar el Estatuto de los Trabajadores ya que no existía ningún Convenio superior. Ello suponía una merma económica para los trabajadores, ya que el Convenio de aplicación establecía unas mejores condiciones laborales. Consecuentemente, el Tribunal Supremo entendió que la decisión empresarial es incorrecta, ya que las condiciones del Convenio Colectivo agotado siguen siendo aplicables para las partes.

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Sentencia núm. 678/2014 de Tribunal Supremo, Sala 2ª, de lo Penal, 23 de octubre de 2014.

En el siguiente supuesto de hecho, el recurrente, en virtud de su actuación como intermediario laboral con el objetivo de captar a ciudadanos marroquíes en el Reino de Marruecos ante las demandas de trabajadores planteadas por varios empresarios, fue condenado a cuatro años de prisión por la comisión de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros del artículo 318 bis del Código Penal. A estos ciudadanos, el recurrente les ofrecía contratos de trabajo en España, a cambio del pago de determinadas cantidades económicas para poder tramitar el permiso de residencia en este país.

La cuestión principal en este asunto es que la conducta consistente en cobrar por un contrato de trabajo, no es constitutiva de delito siempre que se realice dentro de los términos legalmente establecidos, relacionados con que la situación de estos trabajadores en España sea regular, carente de impedimentos en el ejercicio de sus derechos.

En base a esta cuestión, en uno de los motivos de casación del recurrente, se discute una posible aplicación indebida del artículo 318 bis del Código Penal sobre la conducta cometida por él, pudiendo ser más acordes con esta conducta los términos que definen el tipo delictivo del artículo 312 de la misma norma.

A estos efectos, el delito previsto del artículo 318 bis del Código Penal, va encaminado a la protección de los derechos de los ciudadanos extranjeros cuando ingresan en un país del que no son nacionales, con el fin de evitar situaciones en las que no puedan ejercer estos derechos a consecuencia de situaciones de irregularidad, hecho que desemboca, en muchas ocasiones, en conductas orientadas a la explotación de estas personas. En cambio, el artículo 312 del Código Penal, tipifica la conducta delictiva consistente en el tráfico ilegal de mano de obra y cuyo fin se corresponde con los de protección de los derechos de los trabajadores.

Finalmente, el Tribunal decide absolver al recurrente del delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros previsto en el artículo 318 bis del Código Penal y no aplicar el artículo 312 de la misma norma, porque los contratos realizados carecen de elementos fraudulentos que puedan relacionar el tipo delictivo previsto en este último artículo con la conducta llevada a cabo por el recurrente.

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 21 de octubre de 2014

Esta sentencia avala el pronunciamiento anterior de la Audiencia Nacional, y confirma que una empresa no puede discriminar mediante Convenio Colectivo en función de la antigüedad de los trabajadores. Este conflicto colectivo, fue planteado por el sindicato CGT, denunciando el carácter discriminatorio del Convenio Colectivo de empresa que establecía que a los nuevos contratados no se les remuneraría el descanso de 30 minutos en su jornada laboral, el conocido como descanso del bocadillo.

El tribunal entiende que dicho artículo es discriminatorio, ya que atenta contra el principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución Española. El TS defiende que la igualdad de trato no cabe en el ámbito laboral en un sentido absoluto, pues la eficacia en el mismo principio de autonomía de la voluntad, deja que unilateralmente o vía acuerdo privado con el trabajador, se pueda libremente disponer de la retribución del mismo respetando los mínimos legales o convencionales, siempre y cuando la discriminación salarial no tenga su justificación en una causa prohibida legalmente.

En cambio, el Convenio Colectivo, como fuente del ordenamiento laboral, tiene que someterse y ajustarse a los principios de la Constitución Española, estando prohibido que pueda establecer diferencias en el trato de trabajadores a menos que las diferencias sean razonables, objetivas, equitativas y proporcionadas. La diferenciación que establece el Convenio Colectivo está vacía de toda fundamentación razonable, ya que para que dicha diferencia sea constitucionalmente lícita, no basta con que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable que las consecuencias jurídicas que resulten sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin.

En tanto que el TS entiende que el tiempo de ingreso no es por si sólo un elemento objetivo razonable y proporcionado, debe ser entendido dicho artículo como discriminatorio.

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 15 de octubre de 2014.

En esta sentencia, los Magistrados absuelven al administrador de fincas de una comunidad de propietarios del delito de administración desleal previsto en el artículo 295 del Código Penal. La comunidad en cuestión, era un aparcamiento de 800 plazas que administraba el sujeto absuelto por la sentencia. Según los hechos probados, el acusado libró varios cheques al portador por valor de 30.000 euros, que hizo efectivos a su favor. La Audiencia Provincial de Madrid lo absolvió por el delito de estafa y le condenó como autor de un delito societario de administración desleal a la pena de 6 meses de prisión.

Dicha sentencia fue recurrida mediante recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el cual le absolvió fundamentando que el acusado era un mero administrador de fincas que sólo daba cumplimiento a lo acordado, y que la comunidad de propietarios de modo alguno puede asemejarse a sociedades mercantiles o civiles; de la misma manera que la figura del administrador de fincas no puede ajustarse a la que prevé la definición del delito de administración desleal ni que la comunidad tiene intención permanente de participar en el mercado.

Finalmente, la sentencia recuerda que los elementos del tipo de administración desleal son la capacidad de obligar a la sociedad, el quebrantamiento del deber de lealtad, el perjuicio a la sociedad concernida, y el beneficio para el sujeto.

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 23 de junio de 2014.

Esta sentencia establece que se debe aplicar para el cálculo de la pensión de viudedad en supuestos de separaciones y divorcios donde no exista pensión compensatoria, la regla de prorrata al tiempo de convivencia, con independencia de que exista o no otro beneficiario de la pensión de viudedad. Esto significa que una persona que solicite la pensión de viudedad respecto a su cónyuge del que se encuentra separado o divorciado legalmente, que el porcentaje de la misma será calculado en función del tiempo de convivencia. La sentencia entiende por tanto, que la reforma de la Ley General de la Seguridad Social no cambia el sistema de cálculo anterior.

La sentencia, analiza el supuesto de una demandante que solicita la pensión de viudedad tras separarse legalmente de su marido unos años antes. La solicitud inicial fue denegada y tras presentar reclamación previa, le estimaron parcialmente el derecho a la pensión de viudedad con una base reguladora del 52% y una prorrata del 69,56%, coeficiente que se había calculado en función del tiempo convivido con su ex cónyuge. El juzgado social desestimó en primera instancia la demanda presentada. El propio TSJ, en suplicación, estableció que no cabía la posibilidad de calcular la prestación en función del tiempo de convivencia, al no existir concurrencia de beneficiarios.

Dicha sentencia fue recurrida en casación por el INSS ante el Tribunal Supremo, señalando la sentencia del 20/07/2010 del TSJ de Madrid como contradictoria con el pronunciamiento efectuado. Es por lo que, finalmente, en la sentencia, el TS establece que en estos supuestos de crisis matrimoniales, debe aplicarse la regla de la prorrata. El tribunal establece que dicha tesis atributiva se materializa mediante la regla de la proporcionalidad en la determinación de la cuantía de la pensión, no limitándose su aplicación al caso de existencia de varios beneficiarios para distribuir entre ellos el importe de la pensión causada, sino que opera en todos los supuestos donde haya existido alguna crisis matrimonial (separación legal o divorcio), como un criterio de asignación del derecho en función del tiempo convivido.

La sentencia pues, unifica doctrina, recogiendo el criterio de las sentencias del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2000, 17 de diciembre de 2008 y 23 de abril de 2012.

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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, de 6 de octubre de 2014.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) condenó a Elpido José Silva a 17 años de inhabilitación por haber cometido los delitos de prevaricación de forma continuada y haber encarcelado indebidamente en dos ocasiones al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.

El delito de prevaricación está contemplado en el artículo 446 nº 3 del Código Penal, siendo la conducta necesaria para su comisión la resolución o la sentencia injusta de un Juez o Magistrado a sabiendas de su injusticia. El TSJM consideró que Silva prevaricó en el caso Blesa por diversos motivos. Primeramente, por reabrir las diligencias de investigación sin existir ningún indicio nuevo de criminalidad, considerando que esta reapertura se basaba más en el querer del Juez que no en Derecho. Por otro lado, en el seno de estas diligencias, fue emitida una providencia en la que se ordenaba la intervención de diversos correos electrónicos de posibles implicados sin ningún tipo de motivación o justificación para solicitarlas, incumpliendo un requisito procesal esencial y siendo a juicio del Tribunal, totalmente arbitraria. A continuación, se detalla como Silva inició la investigación de la adquisición por Caja Madrid del City National Bank of Florida, lo cual estaba totalmente fuera del alcance de las diligencias de investigación que instruía. Se explican también otras irregularidades durante la investigación, relacionados con el secreto de las actuaciones injustificadas que dificultaban la defensa de los acusados y la extralimitación en sus competencias del Juez.

Se le condenó también por el delito contra la libertad individual, tipificado en el artículo 530 del Código Penal, y que responde al hecho de que una autoridad o funcionario público acuerde, practique o prolongue cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado, con violación de plazos o garantías constitucionales. El Juez Silva decretó en dos ocasiones el ingreso en prisión como medida cautelar del Sr. Blesa. En la primera, el Tribunal argumenta que el condenado aprovechó la solicitud de ingreso en prisión del acusado formulada por el sindicato Manos Limpias, el cual no tenía capacidad procesal para ello, ya que era el Ministerio Fiscal el encargado de realizar tal solicitud y no fue así. En la segunda, el Juez Silva decreta el ingreso en prisión sin dar posibilidad a la prestación de una fianza, y bajo una argumentación que el Tribunal considera “insólita” al tener un alto contenido especulativo y basándose en situaciones y hechos que estaban muy alejados de la causa investigada.

La sentencia fue adoptada por dos votos frente a uno por la Sala de lo Civil y Penal del TSJM. A parte de la inhabilitación por 17 años y la consecuente expulsión de la carrera judicial, se le condenó a pagar una multa de 6.300 euros y una indemnización de 10.000 euros. La sentencia contó con el voto discrepante del presidente del tribunal, Arturo Beltrán.

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