Sentencias de interés

Providencia del Tribunal Constitucional, de 27 de septiembre, sobre la impugnación del Decreto del Presidente de la Generalitat de Cataluña, de convocatoria de consulta popular no refrendaria sobre el futuro político de Cataluña.

El 29 de septiembre de 2014, en la misma fecha en la que el Pleno del Tribunal Constitucional dictó la providencia de suspensión de la Ley de consultas catalana, se dictó una segunda providencia en contra del Decreto del President de la Generalitat Artur Mas por el que se convocó la consulta popular no refrendaria sobre el futuro político de Cataluña, en virtud de la impugnada ley catalana.

Al igual que en la anterior providencia, el recurso fue presentado por el Abogado del Estado en nombre y representación del Presidente del Gobierno Mariano Rajoy, el cual invocó el artículo 161.2 de la Constitución, con el cual se produce una suspensión automática, sin entrar en el fondo del asunto, de las resoluciones adoptadas por las Comunidades Autónomas que sean recurridas por el gobierno central. Dicha suspensión deberá ser ratificada o suspendida en un plazo no superior a cinco meses.

De este modo, queda suspendido dicho Decreto, así como las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de la consulta o vinculadas a ella, como la campaña informativa que ya se estaba llevando a cabo tras la firma del documento.

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Providencia del Tribunal Constitucional, de 27 de septiembre sobre la impugnación de diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no refrendarias.

El Pleno del Tribunal Constitucional, una vez comprobada la concurrencia de las condiciones de admisibilidad, admitió a trámite la demanda del Abogado del Estado, en nombre y representación del Presidente del Gobierno, en el que se formuló el recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 3 a 39, las disposiciones transitorias primera y segunda, y la disposición final primera, de la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, del Parlamento de Cataluña. Los preceptos impugnados tratan, entre otras cuestiones, la definición de consulta popular, el objeto sobre el que pueden versar, los mecanismos y procedimientos para convocarlas, y la creación de órganos de control.

En dicha providencia se estipula que en el plazo de quince días podrán personarse en el proceso y formular alegaciones el Congreso de los Diputados y el Senado, así como el Parlamento de Cataluña y el Gobierno de la Generalitat. Se recoge también la invocación del Presidente del Gobierno del artículo 161.2 de la Constitución, con arreglo al cual el Gobierno puede impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones de las Comunidades Autónomas, y generar la suspensión automática de las disposiciones recurridas, debiendo el Tribunal ratificar o levantar la suspensión en un plazo no superior a cinco meses.

Por tanto, quedan suspendidos los preceptos impugnados y cuantos actos hayan podido dictarse hasta la fecha en aplicación de los mismos.

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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Sala de lo Social, del 3 de septiembre de 2014.

En esta sentencia se confirma la improcedencia del despido disciplinario del mecánico de un taller de reparación de automóviles, que en los ratos libres realizaba trabajos para un taller de la competencia utilizando los conocimientos y herramientas de la empresa perjudicada. En la carta de despido, la empresa fundamentó el despido disciplinario basándose en que el trabajador realizaba competencia desleal a su empresa y con ello atentaba contra el principio de buena fe, suponiendo en la práctica un abuso de confianza.

El tribunal opina que la carta de despido no logra acreditar la competencia desleal de la misma manera en que considera que la prueba practicada no está bien fundamentada en relación al informe del detective privado. En sede judicial el trabajador logró acreditar que realizaba los trabajos en el taller a sus propios vehículos y a los de sus familiares sin obtener un beneficio económico. Asimismo, las reparaciones se realizaban en el taller de la competencia puesto que el dueño del mismo era amigo del trabajador y no existía un beneficio personal ni del trabajador ni del taller de la competencia.

En tanto que no se dan las notas que viene entendiendo necesarias la jurisprudencia para validar un despido disciplinario basado en competencia desleal (incumplimiento grave, trascendente e injustificado), considera que el despido es improcedente y consecuentemente condena a la empresa a readmitir al trabajador abonando los salarios de trámite o bien a abonarle la indemnización establecida por despido improcedente.

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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Social, del 29 de julio de 2014

Esta sentencia analiza el supuesto de la reclamación por ingresos indebidos que presenta el Instituto Nacional de la Seguridad Social a un jubilado que percibe una pensión de jubilación a cargo del RETA, y que a su vez es el titular de una explotación agrícola por la que percibe ingresos de la misma, sin que realice actividad alguna laboral.

En dicha sentencia, el tribunal afirma que la pensión por jubilación que tiene reconocida el actor es compatible con el mantenimiento de la titularidad de la explotación agraria a tenor de lo establecido por el artículo 165 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que es posible mantener la titularidad de un negocio y la pensión de jubilación a la vez que se desempeñan funciones inherentes a dicha titularidad.

La resolución pues, pasa a desarrollar el contenido de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra del 7 de marzo de 2000, donde especificaba lo que son funciones inherentes a la titularidad del negocio. El tribunal, en aquella sentencia estimó que las funciones inherentes a la titularidad son aquellas que consisten en dictar instrucciones directas y criterios de actuación a los gerentes y administradores de la empresa así como realizar las funciones que no puedan encomendarse a personas ajenas al órgano de administración, como la representación de la empresa.

Por tanto, el tribunal acuerda que la pensión de jubilación es compatible con la titularidad de la empresa siempre y cuando no se gestione, administre o dirija directamente la misma.

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Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, de 17 de junio de 2014.

La sentencia se dictó por petición de decisión prejudicial por parte de un tribunal español al Tribunal de Justicia, referente a la interpretación del artículo 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Dicho artículo establece que “los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores”. El Tribunal español planteó al europeo si el artículo 659.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es contrario al artículo 7 de la citada directiva. El artículo de la ley española permite recurrir a los bancos en apelación el auto que acuerda el sobreseimiento de un proceso de ejecución hipotecaria, pero no permite recurrir a la persona sobre la que recae el embargo cuando se le rechaza su oposición.

El Tribunal reflejó en la sentencia su consideración de que dicho artículo y su correspondiente aplicación genera una diferencia de trato entre el profesional y el consumidor, siendo contraria al principio de igualdad de armas o igualdad procesal. Hizo también un recordatorio de que la Directiva europea se basa en la idea de que el consumidor se halla en “situación de inferioridad respecto al profesional, tanto en lo relativo a la capacidad de negociación como al nivel de formación”. En vistas a este razonamiento, el Tribunal de Justicia declaró que la Directiva se opone a un sistema de procedimientos de ejecución en la que un deudor al que se le ha iniciado dicho procedimiento no pueda recurrir ante un tribunal de segunda instancia la desestimación de su oposición al embargo de su vivienda.

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Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 3ª, de 4 de julio de 2014.

La sentencia que dio lugar a este recurso de apelación fue pronunciada por un Juzgado de Primera Instancia de A Coruña, en la que se desestimó la demanda interpuesta por un padre que deseaba extinguir la obligación de prestar una pensión de alimentos a su hija de 30 años de edad, la cual al haber finalizado sus estudios universitarios y haber desempeñado diferentes trabajos, ya consideraba plenamente capacitada para ejercer una profesión y alcanzar la independencia económica. La sentencia de Instancia declaró que atendiendo a las circunstancias del caso, la hija no tenía posibilidades concretas de encontrar trabajo, y que sus empleos esporádicos no podían considerarse suficientes para alcanzar una autonomía económica, por lo que no concurría causa de extinción de la pensión de alimentos.

El segundo motivo del recurso gira en torno a la posibilidad de conseguir trabajo de la hija, lo cual debía ser razón suficiente para extinguir la pensión siendo ésta mayor de edad. El tribunal alegó que dicha posibilidad debe ser una “posibilidad concreta y eficaz, según las circunstancias, y no una mera capacidad subjetiva”. Consideró también que esta problemática debe ser analizada en clave a la realidad social del tiempo en que deban aplicarse los preceptos legales y la jurisprudencia, añadiendo la necesidad de tener en cuenta la situación de crisis económica que vive nuestro país, lo que dificulta enormemente el acceso a un empleo a las personas jóvenes, y que además ha comportado que la posesión de un título universitario no confiera garantía de encontrar trabajo. Atendiendo a todo lo anterior, el tribunal declaró que en las circunstancias mencionadas, una persona de 30 años que ha culminado sus estudios y no puede encontrar trabajo no implica un “parasitismo social”. El tribunal estimó parcialmente este recurso, acordando una rebaja de la pensión de 600 a 400 euros mensuales, atendiendo a que aun no siendo los trabajos esporádicos realizados por la hija la clave para considerar su independencia económica, si lo son para contemplar la disminución de la cuantía de la prestación.

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de lo Penal, de 16 de junio de 2014.

El Alto Tribunal admitió en casación los recursos presentados por el Ministerio Fiscal y por el mosso d’esquadra condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona como responsable de un delito consumado de falsedad en documento oficial, al considerarse probado que denunció falsamente a un ciudadano, acusándole de una infracción que no cometió, con tal de obtener venganza por una disputa personal. Se estimó el recurso presentado por el Ministerio Fiscal, elevando la calificación a delito de falsedad documental en documento oficial cometido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones, al considerar que pese a que la denuncia se consignó en una hora en que el agente no estaba de servicio, el comportamiento falsario estuvo directamente relacionado con el ejercicio de sus funciones, dando a su función específica de agente de tráfico un fin que no tiene asignado, como es el intento de aplicar una sanción de tráfico a través de un flagrante abuso de autoridad.

El Tribunal Supremo estimó por otro lado uno de los motivos presentados en el recurso interpuesto por el condenado, en el que reclamó la aplicación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Redefiniendo su doctrina respecto a esta cuestión, consideró el tribunal que existió una paralización extraordinaria de casi tres años totalmente injustificada en atención a la simplicidad de la causa, y que pese a que el recurrente no plantease esta cuestión formalmente en instancia, la dilación es tan manifiesta que queda justificada su apreciación. El condenado alegó más motivos en su recurso, todos ellos desestimados, y a destacar el posible error en la apreciación de las pruebas, y la violación de su derecho constitucional a la intimidad en la obtención de las pruebas de cargo. Respecto a la primera cuestión, el Alto Tribunal recordó que su función casacional no es la de pronunciarse respecto a unas pruebas que no presenció, a menos que apreciase indicios de irracionalidad en el examen de los tribunales de instancia, no concurriendo dicho requisito. Por otra parte, en cuanto a la violación del derecho a la intimidad del acusado, el tribunal consideró que es lícito que un ciudadano indague y realice las gestiones pertinentes a través de organismos oficiales para averiguar la identidad del policía que le denuncia, máxime cuando existen sospechas razonables de que la denuncia obedece a motivos de naturaleza personal.

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Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 9ª, de 27 de mayo de 2014.

Esta sentencia pone fin al macro proceso por el que se condenan varios delitos de asociación ilícita, cohecho, extorsión y coacciones en los burdeles Saratoga y Riviera. La sentencia condena a los propietarios de los clubs de alterne y a varios mandos de la policía Nacional (un comisario y varios inspectores jefe) en el marco de una asociación ilícita. La Sala concluye que en dichos establecimientos se daba la existencia de un delito de asociación ilícita, ocultado bajo la apariencia de un negocio de hostelería. Mediante dicha tapadera, incurrían en el delito de favorecimiento y determinación de la prostitución (artículo 188 del Código Penal). Además, para poder realizar la actividad ilícita con ciertas garantías de indemnidad, aceptaron sobornar a varios miembros de la policía para recibir un trato favorable respecto la información interna e inactividad inspectora, lo que supone la comisión de un delito de cohecho.

La pieza clave de esta red estaba formada por varios mandos policiales que, como se ha indicado, colaboraban con los propietarios de los clubs de alterne extorsionándolos y exigiéndoles grandes cantidades de dinero para que pudiesen continuar ejerciendo la actividad. La sentencia condena a los partícipes en la trama con penas de entre 6 y 10 años de prisión además de las de inhabilitación especial para los policías.
Finalmente, la sentencia también condena a varios abogados. La trama policial obligaba a que en determinadas actuaciones, los gerentes de los locales estuviesen asistidos por abogados que la policía ordenaba, aprovechándose estos letrados de la situación para presentar minutas desproporcionadas en relación a los servicios que prestaban.

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 18 de julio de 2014.

Esta sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por José Bretón contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba que le condena a 40 años de prisión por el asesinato de sus dos hijos. La sentencia rechaza cada uno de los argumentos esgrimidos en su recurso. En primer lugar el tribunal defiende que es plenamente válida la prueba de cargo constituida por los restos óseos analizados, ya que no se rompió la cadena de custodia, y los restos óseos pueden ser objeto de un análisis pericial aunque no exista un precinto que los delimite o que existan pisadas, por lo que no es invalidante dicha prueba.

En segundo lugar la sentencia motiva que el juicio es válido y que no han existido inferencias en el Jurado, por lo que no se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva ni a la presunción de inocencia. La sentencia contra la que se impone el recurso de casación es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que no ha presenciado la práctica de la prueba y que no dispone de la inmediación del tribunal de Jurado, por lo que la Sala entiende que el TSJ ha sido racional en la valoración de la prueba.

En tercer lugar el Tribunal Supremo entiende que no existe una infracción del derecho fundamental al juez imparcial ya que pese a que en los medios de comunicación apareció en numerosas ocasiones el comisario Serafín Castro explicando detalles de la investigación, no fue el único profesional que tuvo oportunidad de explicar el proceso. Además la legitimidad de los medios de comunicación a informar está fuera de toda duda. Por tanto la Sala concluye que el hecho que el veredicto coincida con el estado previo de opinión resulta intrascendente cuando dicho veredicto es coherente con lo sucedido en el acto de juicio. Finalmente, en cuarto lugar, el TS entiende que sí concurre el supuesto de animus necandi (deseo de matar) por parte del condenado.

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Sentencia del Juzgado Social núm. 16 de Madrid, de 17 de julio 2014.

La sentencia desestima la demanda interpuesta por el ex tesorero del Partido Popular, Luís Bárcenas por despido improcedente donde reclamaba una indemnización de 900.000 euros. La sentencia fundamenta que la parte demandante no ha conseguido demostrar que el tiempo en que estuvo dado de alta en el Partido Popular prestó servicio alguno, pese a que disponía de secretaria, coche con chófer, correo electrónico corporativo del PP e incluso recibía cestas de Navidad. Por tanto, como el demandante no consigue probar la existencia de prestación de servicios por cuenta ajena dentro del ámbito de dirección del PP, ocasiona que se desestime la demanda por despido improcedente. La Juez matiza que, si bien no prestó servicios por cuenta ajena, si usó esos privilegios fue porque el partido político se lo toleró, y siempre en beneficio del ex tesorero y no del PP, que sólo hacía uso para gestiones particulares. La sentencia además defiende que la relación laboral entre ambas partes sigue vigente ya que Bárcenas solicitó una excedencia en 2004 al ser elegido senador. A fecha actual no ha solicitado el reingreso por lo que la relación laboral sigue vigente. La resolución finalmente motiva que el PP ha incurrido en una simulación contractual, realizando un alta en Seguridad Social indebida, lo que se encuentra recogida como una infracción muy grave en Texto Refundido de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

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