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La colisión del derecho a la intimidad vs el derecho a conocer el propio origen.

Según datos de la Sociedad Española de Fertilidad, 6.787 niños nacieron en España en 2011 a través de inseminación artificial con semen de donante. No disponemos de datos más recientes, pero el número de mujeres que han decidido ser madres con este método de reproducción asistida ha crecido exponencialmente. Ello, irremediablemente, conllevará que el número de personas desconocedoras de su origen biológico sea mayor, con lo que el legislador deberá plantearse la adaptación de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida a la nueva realidad social.

Así, el artículo 5.5 de la LTRA garantiza la confidencialidad de la identidad de los donantes de gametos, existiendo únicamente una posibilidad de conocer el origen biológico en supuestos de peligro sobre la vida o la salud del hijo o en supuestos requeridos por la legislación procesal penal. No es una novedad el debate jurídico sobre el derecho al conocimiento de la identidad del progenitor del hijo nacido mediante estas técnicas versus el derecho al anonimato del donante. Un amplio sector de la doctrina se inclina sobre la superioridad de los derechos del hijo en base, principalmente al artículo 39.2 de la Constitución Española, que protege el derecho a la investigación de la paternidad y la Convención Internacional de Derechos del Niño, que en sus artículos 3, 7 y especialmente el artículo 8, que incide en el derecho del menor a conocer su identidad, así como el Convenio de La Haya de 1993 sobre protección del niño y cooperación en materia internacional que en el artículo 30 obliga a los Estados a conservar la información sobre la identidad de los padres, entre otras cuestiones.

En el ámbito europeo, la Carta Europea de los derechos del niño de 1992 regula en su artículo 8.10 que “todo niño tiene derecho a la protección de su identidad y, dado el caso, deberá poder conocer ciertas circunstancias relativas a sus orígenes biológicos, con las limitaciones que impongan las legislaciones nacionales para la protección del derecho de terceras personas”.

Los argumentos a favor del anonimato del donante se centran, principalmente, en los derechos de los padres y del aportador del material genético. En el caso de los padres a ocultar al hijo la incapacidad biológica para la concepción, y en relación al donante, la protección del derecho a su intimidad personal y familiar.

LA STC 116/1999 de 17 de junio de 1999, que resolvió la cuestión de inconstitucionalidad formulada contra la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida de 1988, en el examen de la colisión de la norma cuestionada con el artículo 39.2 de la CE lo resuelve indicando que, en el supuesto de que no se protegiera la identidad del donante, las posibilidades de obtener material genético disminuirían, privando a la ley de su espíritu, esto es, la resolución de problemas de esterilidad.

En términos de Derecho Comparado observamos cómo muchas legislaciones sobre reproducción asistida que, en un inicio, contemplaban la primacía del derecho al anonimato del donante, han modificado este aspecto para otorgar mayor protección al derecho de las personas a conocer sus orígenes biológicos y, por tanto, su identidad. Así, en Suecia, Suiza, Austria, Islandia, Finlandia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica o Nueva Zelanda no se permite el anonimato de los donantes, mientras que en España, Francia Grecia tiene mayor peso este último aspecto.

Resulta curioso cómo en el ámbito de la filiación por adopción, la normativa, no sólo refuerza el derecho del niño a conocer sus orígenes, sino que, en algunos casos, instan a las Administraciones Públicas a facilitar este derecho indicando que éstas “deben facilitar al adoptado, si los pide, los datos que tengan sobre su filiación biológica. A tal fin, debe iniciarse un procedimiento confidencial de mediación, previo a la revelación, en cuyo marco tanto el adoptado como su padre y su madre biológicos deben ser informados de las respectivas circunstancias familiares y sociales y de la actitud manifestada por la otra parte con relación al posible encuentro”( artículo 235-49.3 de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Catalunya) y obligan a los padres adoptivos a facilitar la información sobre la filiación a su hijo cuando éste cumpla los 12 años, o incluso antes, atendiendo a su madurez (artículo 235-50 del mismo texto legal).

En España, al margen de la discusión doctrinal no ha existido prácticamente actividad judicial al respecto -más allá de la Sentencia del TC que entendemos difícilmente aplicable a las nuevas realidades- pero en un futuro no muy lejano, los miles de ciudadanos concebidos mediante técnicas de reproducción asistida querrán, en muchos casos, conocer sus orígenes biológicos, y tendremos que estar preparados para defender estas pretensiones ante los Tribunales, en aras a conseguir una legislación adaptada a los nuevos tiempos, en que los nacidos mediante estas técnicas tengan los mismos derechos que los demás.

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La inexistencia de relación familiar como causa de extinción de la pensión de alimentos.

En el día a día de un abogado especializado en Derecho de Familia es frecuente que los clientes nos consulten sobre la relación entre el abono de la pensión de alimentos y el régimen de visitas establecido para el progenitor no custodio puesto que resulta obvio para la mayoría de los ciudadanos que han pasado por una separación sentimental que las obligaciones paternofiliales relativas a la manutención de los hijos requieren de una contraprestación afectiva por parte de los que reciben alimentos. Sin embargo, la complejidad de las relaciones sociales y, especialmente, las familiares, genera situaciones que difícilmente la legislación puede resolver, más allá de legislar bajo unos parámetros generales que en muchos casos no se adecuan a la realidad de algunas familias.

Obviamente, una relación paternofilial requiere de un contacto personal, que puede llevarse a cabo bien mediante el cumplimiento de un régimen de visitas fijado judicialmente, bien a través del establecimiento de un régimen de relación personal con libertad absoluta para ambas partes en cuanto a la calidad y cantidad de tiempo invertido en dicha relación (situación que se genera, habitualmente, llegada la mayoría de edad del hijo). Pero qué ocurre cuando el alimentado no tiene relación alguna con su progenitor por voluntad propia? La obligación de mantener o contribuir económicamente en los gastos del hijo debe seguir vigente a pesar de la inexistencia de contacto alguno?

El artículo 237.13.e del Libro II del Código Civil de Catalunya establece como causa de extinción de la obligación de abonar pensión de alimentos que el alimentado incurra en alguna de las causas de desheredación que recoge el artículo 451-17 del Libro IV del Código Civil de Catalunya. Me voy a centrar en la regulada en el apartado e) de dicho precepto “la ausencia manifiesta y continuada de la relación familiar entre el causante y el legitimario, si es por una causa exclusivamente imputable al legitimario”. Esta causa de extinción de la obligación de abonar pensión de alimentos amplía las ya reguladas en el anterior Código de Familia (artículo 271), ya que, al margen de las causas de desheredación reguladas en el Código de Sucesiones ya derogado (Ley 40/1991, de 30 de diciembre) establece como causa específica la inexistencia de relación familiar entre alimentista y alimentado siempre y cuando la misma sea imputable al alimentado, esto es, cuando el/la hijo/a decide unilateralmente dejar de mantener una relación personal con el progenitor obligado legalmente a colaborar en su manutención.

A pesar del esfuerzo del legislador catalán por contemplar la existencia de aquellas relaciones familiares complejas a las que me refería en la introducción, no han sido demasiadas las sentencias que se han pronunciado sobre la extinción de la pensión de alimentos por inexistencia de relación familiar, siendo la más significativa la Sentencia 192/2012, de la AP Barcelona, Sección 18ª, de 15 de marzo de 2012; la sentencia resuelve sobre la demanda de extinción de una pensión de alimentos a un hijo mayor de edad ante la negativa de éste de relacionarse con su progenitor ya desde la minoría de edad, habiéndose incoado diversos procedimientos judiciales en aras a fomentar el contacto paternofilial, todos ellos infructuosos y continuados en la mayoría de edad del hijo. Los Magistrados entienden que la ausencia de relación personal con el progenitor es imputable exclusivamente al hijo, que, una vez obtenida la mayoría de edad, decide no tener contacto alguno con su progenitor, ocultándole información acerca del domicilio donde reside, los estudios que cursa o el cambio de apellidos que llevó a cabo, debiendo el padre conocer de estas circunstancias por terceras personas.

Esta misma sección ya definió en la sentencia 516/2013 de 23 de julio de 2013 los requisitos que debían concurrir para entender existente la causa recogida en el artículo 237.13.e, siendo las siguientes: Ausencia de relación entre padre e hija. Que tal ausencia de relación sea manifiesta, esto es conocida por todos. Que sea continuada y constante en el tiempo. Que no haya relación ni trato entre ellos. Y que la causa sea imputable exclusivamente a la hija, sin intervención alguna del padre.

Nos encontramos ante una casuística compleja en materia probatoria, pues la acreditación de un hecho negativo – la inexistencia de la relación- así como la imputabilidad de dicha conducta al alimentado tiende a ser más compleja en el ámbito de las relaciones familiares, motivo por el cual encontramos cierta escasez jurisprudencial a pesar de que la norma ya tiene 5 años de vida. En todo caso, constituye una norma pionera en el Ordenamiento Jurídico Español capaz de resolver la injusticia del que sólo da pero no recibe.

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Las 7 conductas al volante que debes evitar.

En 2014 el 34 % de todas las condenas firmes en la jurisdicción penal lo fueron por delitos contra la seguridad vial, nada menos que 96.698 fueron las personas a las que se impuso una pena relacionada con un delito relacionado con circulación, lo que supone una tercera parte de todas las sentencias condenatorias dictadas el pasado año.

A continuación, resumiré las 7 conductas descritas en el Código Penal español y que conllevan, además de generar un grave riesgo para la seguridad vial, determinadas penas de prisión, multa, trabajos en beneficio de la comunidad y retirada del carnet.

•Conducción a velocidad excesiva (art. 379.l C.P.). Superar en 60 km/h en vías urbanas o 80 km/h en vía interurbanas la velocidad permitida reglamentariamente supondrá alguna de las siguientes penas: prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses, o 31 a 90 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Además, siempre se le impondrá una retirada del carnet de conducir por tiempo de 1 a 4 años.

Por tanto conducir un vehículo a más de 110 km/h por la Avenida Diagonal de Barcelona será castigado con alguna de las anteriores penas.

•Conducción bajo los efectos del alcohol (art. 379.1 C.P.) El conductor que conduzca bajo los efectos del alcohol o drogas será condenado (igual que el caso anterior) a una de las siguientes penas: prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses, o 31 a 90 días de trabajos a en beneficio de la comunidad. En el mismo sentido, se le retirará el carnet por un período de entre 1 y 4 años. Para determinar si el conductor se encuentra bajo los efectos del alcohol se tendrá en cuenta el acta de sintomatología que los agentes de la autoridad redactan en el momento de los hechos y si ha habido una conducción irregular o se ha producido un accidente. En cualquier caso, si el resultado de la tasa de alcoholemia realizada por un etilómetro evidencial supera el 0,60 mg/l no serán necesarios los requisitos anteriores y se impondrá alguna de las penas indicadas.

Así, en el caso de que un conductor sea observado por los agentes de la autoridad con una conducción irregular o tras causar un accidente y éstos aprecien síntomas de embriaguez en el conductor, se le podrá condenar por delito de conducción bajo los efectos del alcohol pese a que la tasa de alcoholemia sea inferior a 0,60 mg/l.

•Conducción temeraria (art. 380 C.P.). La persona que conduzca y ponga en concreto peligro la vida o la integridad de otras personas será castigada con la pena 6 meses a 2 años de prisión y la retirada del carnet por un tiempo superior a 1 y hasta 6 años. Siempre se entenderá que la conducción es temeraria si el conductor se encuentra bajo los efectos del alcohol o las drogas y además lo hace a velocidad excesiva (más de 60 km/h en vía urbana y 80 km/h en vía interurbana).

Volviendo al ejemplo del conductor que circula a 110 km/h por la Avenida Diagonal de Barcelona, si además conduce bajo los efectos del alcohol o drogas, se le podrá imponer las penas indicadas de hasta 2 años de prisión y hasta 6 años de retirada de carnet.

•Conducción con manifiesto desprecio por la vida de los demás (art. 381 C.P.). El que conduzca de forma temeraria (artículo anterior) y además lo haga con manifiesto desprecio por la vida de los demás será castigado con prisión de 2 a 5 años, multa de 12 a 24 meses y la retirada del carnet por un período de entre 6 a 10 años. Cuando, aun realizándose la conducta anterior, no se ponga en concreto peligro la vida o la integridad de las personas únicamente se impondrá la prisión de 1 a 2 años, multa de 6 a 12 meses y retirada del carnet por tiempo de entre 6 y 10 años.

Podría incluirse aquí el supuesto en el que un conductor ante la presencia de un punto de verificación de alcoholemia hace caso omiso a la señal del agente y obliga a éste a apartarse bruscamente, para no ser atropellado, emprendiendo la huida de forma veloz, pudiendo cometer en ella otro tipo de infracciones con peligro para otros usuarios.

•Negarse a realizar las pruebas de detección de alcohol o drogas (art. 383 C.P.). Negarse a realizar las pruebas supone una condena de 6 meses a 1 años de prisión y retirada del carnet por tiempo superior a 1 y hasta 4 años.

El ejemplo más habitual sería el de aquél conductor que ante los agentes de la autoridad hace ver que intenta realizar la prueba correctamente, esto es, simula introducir aire en el etilómetro evidencial sin llegar a activar el aparato, al hacerlo sin la cantidad de aire y la fuerza requerida. Para los agentes de la autoridad no activar el etilómetro significa simular que se está realizando la prueba y equivale a negarse a realizar las pruebas.

•Conducción sin carnet (art. 384 C.P.). Se castiga aquí, a aquél que conduzca sin haber obtenido nunca el carnet de conducir o aquel que lo tenga retirado por decisión judicial o por pérdida de la totalidad de los puntos asignados. Las penas serán de 3 a 6 meses de prisión o multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

Cualquier de las conductas anteriores, esto es, conducir sin el carnet vigente, conllevará las anteriores penas siempre que se demuestre que el conductor tenía conocimiento de la retirada.

•Otras conductas que originen riesgo para la circulación (art 385 C.P.). Colocar en la vía objetos imprevisibles, derramar sustancias deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio, o no restablecer la seguridad de la vía cuando haya obligación de hacerlo será castigado con la pena de 6 meses a 2 años de prisión o multa de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 10 a 40 días.

Algunos ejemplos de la anterior conducta serían, tumbar señales de tráfico, tirar vallas y pivotes que señalicen una obra, arrojar objetos a la vía, detener el propio vehículo por somnolencia en el medio de la calzada sin luces ni señalización o no retirar de la vía una pieza del vehículo o parte de la carga que fortuitamente hubiera caído en la vía.

Concluyo con un dato positivo, y es que, en el año 2014 se redujeron en un 4,5 % las condenas por delitos contra la seguridad vial respecto al año 2013. Paralelamente se registró un descenso del 2% en los accidentes con una víctima mortal y un 8% en los accidentes con heridos hospitalizados.

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La importancia de la planificación hereditaria

Tan sólo un 15% de los españoles otorgan testamento. La estadística nos muestra, pues, el siguiente escenario: ante una verdad absoluta -todos moriremos en algún momento- a la mayoría de la población no le preocupa especialmente el destino de sus bienes o el deterioro de las relaciones familiares de sus parientes.

Quizás se deba a una cuestión eminentemente emocional -no es agradable pensar en tu propia muerte- unida a la falta de información y difusión de las opciones existentes en nuestra legislación. El desconocimiento de las opciones legales existentes para gestionar la herencia en un futuro genera una mayor complejidad en los trámites de la sucesión, un aumento de los gastos asociados como consecuencia de la interposición de procedimientos judiciales y, por ende, el surgimiento de conflictos familiares que pueden devenir en una ruptura total de las relaciones personales.

La planificación hereditaria ha venido siendo una materia reservada a los grandes patrimonios. Sin embargo, el aumento de la presión fiscal en los patrimonios de la clase media debería modificar esta realidad. Las constantes modificaciones de la normativa fiscal sucesoria requieren un pormenorizado estudio del régimen de exenciones y reducciones legales que redunden en un ahorro impositivo importante.

Es necesario conocer las diferentes herramientas jurídicas existentes para transmitir nuestro patrimonio, tanto inter vivos, como mortis causa y valorar, en primer lugar, si nos conviene repartir nuestras propiedades en vida, mediante la figura de la donación, o bien es más recomendable -atendiendo a nuestras necesidades y las de nuestros futuros sucesores- esperar al fallecimiento para que la traslación tenga eficacia.

Para ello, deberemos valorar, principalmente, la repercusión fiscal de dichos actos, teniendo en cuenta, no sólo las tarifas impositivas de los impuestos que gravan las disposiciones (Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e IRPF) sino el régimen de exenciones y reducciones existente en cada supuesto. Mediante un pormenorizado estudio de la fiscalidad, podremos determinar si resulta más favorable donar en vida de forma parcial, conviniendo dejar para la vía sucesoria aquéllos bienes que cuenten con mayor beneficio fiscal -como ejemplo la vivienda habitual o los locales afectos a actividades empresariales o profesionales en la normativa fiscal catalana-. Ello también tendrá su repercusión en la futura liquidez de los herederos para cumplir sus obligaciones legales, no sólo para con la Agencia Tributaria, sino de cara a afrontar el pago de las legítimas sin necesidad de deshacerse del patrimonio adquirido.

Dentro de los mecanismos regulados en la normativa sucesoria, y especialmente en la catalana -Ley 10/2008 de 10 de julio, del libro cuarto del Código Civil de Catalunya- existen algunos muy interesantes para planificar nuestra sucesión, al margen del testamento. Además del fideicomiso -que puede asegurar la sucesión más allá de la primera generación-, destaca la figura de los pactos sucesorios como fórmula para favorecer la continuidad de nuestro patrimonio, y, en especial, de la empresa familiar, y como herramienta eficaz para evitar conflictos futuros entre herederos, puesto que podremos pactar con ellos la manera en que queremos que funcione nuestro negocio en el futuro, determinando, mediante el consenso, qué herederos se encargarán de la gestión cotidiana y cuáles únicamente participarán como socios capitalistas. De este modo evitaremos posibles conflictos entre los sucesores que puedan hacer peligrar la continuidad de nuestra empresa y la propia relación familiar.

Si optamos por el otorgamiento de testamento, resulta interesante explorar las diferentes figuras jurídicas legales que pueden prevenir problemáticas concretas en relación al reparto de la masa hereditaria, la designación de sustitutos para el caso de conmoriencia, premoriencia o incapacidad, evitando, de esta forma, la ineficacia del testamento, o el nombramiento de un albacea o de un contador-partidor, como fórmula para evitar interminables litigios judiciales. Por tanto, desde Bravo Advocats, recomendamos la utilización de la figura del abogado de forma preventiva en materia de planificación hereditaria.

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Nueva restricción para las asociaciones cannábicas.

El nuevo plan urbanístico promovido por el Ayuntamiento de Barcelona, pretende regular, si finalmente es aprobado, nuevas medidas dirigidas a las asociaciones cannábicas. En concreto, se pretende que la ubicación de estas asociaciones no se sitúe a una distancia inferior a 150 metros de espacios en los que frecuenten menores de edad, como por ejemplo zonas deportivas, lúdicas o puntos sanitarios, entre otros. Consecuentemente, con esta medida se prevé que se clausuren más del 80% de los clubs cannábicos de la ciudad.

Las previsiones de cierre son elevadas pero, ello también responde a la amplia gama de espacios de la ciudad en los que pueden frecuentar menores de edad y a los que afecta esta prohibición. En este sentido, el gobierno considera que con esta restricción se promueve la protección de los infantes y adolescentes dirigida a evitar que entren en contacto con las drogas, ya que manteniendo esta distancia sobre las asociaciones cannábicas, se evitaría que éstas pudiesen suponer un móvil para potenciar el consumo.

Asimismo, el ejecutivo insiste en los efectos negativos de la sustancia sobre la salud de las personas y las repercusiones que pueden tener sobre los menores de edad en aspectos como pueden ser el fracaso escolar o el detrimento personal, entre otros.

Con esta iniciativa, defiende el gobierno, se cumple, además, con los criterios de ubicación que se preveían para el sector del autoconsumo, consistentes en su asentamiento ordenado en la ciudad, por tal de evitar que se aglomeren en zonas concretas de la misma que puedan potenciar el turismo cannábico internacional en Barcelona.

Por último, es destacable que al margen de esta medida, no se haya entrado en la valoración por el ejecutivo de otros aspectos que estén relacionados con las asociaciones cannábicas, como pueden ser sus horarios de apertura o el control de entrada de nuevos socios, que habían sido objeto de propuesta de la oposición.

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Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 1ª, núm. 18/2015 de 27 de marzo de 2015.

Los resultados de un registro en la sede de una asociación cannábica de Bilbao son objeto de análisis en esta sentencia, en la que se resuelve la acusación dirigida a los imputados, todos ellos miembros de la asociación implicada, por comisión de delitos contra la salud pública, de integración en grupo criminal y de asociación ilícita. Para ello, se procede a la valoración de la prueba practicada en el juicio oral.

Primeramente, de los resultados del análisis de las sustancias que fueron incautadas en la sede de la asociación, se confirmó que dieron positivo en cannabis y que el total de la cantidad incautada superaba los 10 kilos de peso, siendo calificada por ello de notoria importancia.

Seguidamente, se procede a valorar las pruebas documentales relacionadas con la actividad de la asociación y su fundación. En este sentido, es destacable el análisis del libro de registro de los socios, con el que comprueban la identificación individual que se lleva a cabo en la asociación de cada uno de los miembros y el control que se realizaba del consumo de cada uno de ellos. Sobre este aspecto, los acusados durante la celebración del juicio profundizaron más en esta cuestión y destacaron que los socios realizaban los cultivos y los resultados obtenidos se utilizaban para su consumo propio y no para dirigirlo a terceras personas.

Asimismo, los acusados insistieron en sus declaraciones, en aclarar que todos ellos previamente a la constitución de la asociación eran consumidores habituales de cannabis y que la fundaron, además de por los fines previstos estatutariamente, para consumir marihuana de calidad cultivada por ellos mismos que les garantizara una fiabilidad que no podían conseguir en la calle. Otra actuación de la que quisieron dejar constancia, consistía en que no todos los días podían asistir a la asociación por incompatibilidades laborales, familiares, distancia, etc., es por ello que en ocasiones retiraban de la sede una cantidad prevista para ser consumida varios días en sus respectivos domicilios, aunque en la sede hubiese habilitada una sala para el consumo.

Finalmente, de las valoraciones anteriores la Audiencia extrae las siguientes conclusiones: en primer lugar, confirma las labores de identificación de los socios en la asociación, el control que se hace de los mismos y de las cantidades que se retiran para su consumo individualizado que debe respetar unos límites señalados en relación a las previsiones de consumo; a continuación, sobre la retirada de una cantidad de sustancia para varios días y el hecho de que no la consumiesen en la sede social, a juicio de la Audiencia no desprestigia los fines sociales de la asociación ya que el autoconsumo no es punible y los socios se aseguran con esta actuación, el consumo de marihuana de buena calidad con el debido control que la asociación realiza con los diferentes medios de identificación y vigilancia sobre las cantidades que se retiran.

En base a estas conclusiones, y por aplicación de jurisprudencia relativa al asunto creadora del concepto de consumo compartido y del autoconsumo, la Audiencia absuelve a todos los acusados de los delitos por los que habían sido imputados.

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, núm. de recurso 802/2014 de 16 de marzo de 2015.

En esta sentencia, se resuelve la impugnación del recurrente contra la resolución del Juzgado de lo Social, que desestimaba su pretensión dirigida contra el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en reclamación del 40% de la indemnización derivada de la extinción de su contrato laboral. Los hechos que han originado esta controversia, pueden resumirse en los términos siguientes: en primer lugar, el recurrente presentó solicitud en el mes de marzo, solicitando el importe correspondiente al porcentaje anteriormente detallado de la indemnización por extinción de su contrato laboral; en este sentido, FOGASA resolvió al respecto en el mes de julio del mismo año, y al afectado no le fue notificada resolución denegatoria de la pretensión hasta el mes de septiembre, seis meses después de haber presentado la solicitud.

La cuestión principal a resolver en esta sentencia consiste en determinar si al haber transcurrido más de tres meses desde que se presentó la solicitud por el recurrente, debe entenderse estimada por silencio positivo. El recurrente alegó que la actuación de FOGASA va en contra del artículo 28.7 del Real Decreto 505/1985, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, que establece el plazo máximo de tres meses para resolver las solicitudes de primera instancia, relacionado con el artículo 43.1, 2 y 3 a) de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

En este sentido antes de analizar las premisas anteriores del recurrente, el Tribunal analiza uno de los motivos por los que en primera instancia fue desestimada la demanda, que consistía en que el actor no presentó demanda hasta una vez transcurridos varios meses desde que se le notificó la resolución; no obstante, el Tribunal Supremo, aplicando doctrina propia, rebate este argumento indicando que la resolución denegatoria no perdió su eficacia.

Seguidamente, el Tribunal pasa a analizar la cuestión principal de la que extrae conclusiones a favor de los intereses del recurrente. En primer lugar, confirma el plazo de tres meses que se concede a FOGASA para resolver; y a continuación en relación con el artículo 43.1, 2 y 3a) de la Ley 30/1992, declara que es de aplicación sus disposiciones a FOGASA y que en base a este precepto, la resolución se debió entender estimada por silencio administrativo positivo, como acto administrativo que finaliza el proceso, y por último, la resolución denegatoria dictada debió ser únicamente confirmatoria del silencio positivo.

Finalmente, el Tribunal resuelve estimar el recurso y anular las sentencias anteriores desestimatorias de las pretensiones del recurrente sin condena a costas.

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Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.

Las modificaciones que se regulan en esta ley, nacen de la trasposición de dos Directivas de la Unión Europea reguladoras del derecho a la interpretación, traducción e información en los procesos penales.

Por un lado, se regula el derecho a la traducción e interpretación de las personas que no hablan o no comprenden el idioma en el que se desarrolla el procedimiento, y de las personas con discapacidades auditivas y sordociegas. En este sentido, para su garantía, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal se introducen previsiones dirigidas a asegurar que el acusado o imputado sea asistido por un intérprete en todas aquellas actuaciones que requieran su presencia, incluyéndose entre ellas, los actos preparatorios de la defensa con su abogado. Además, para asegurar estos derechos se facilita el acceso a las personas afectadas por estas discapacidades a la traducción de documentos esenciales en el proceso penal, como pueden ser las resoluciones que condenan a prisión al afectado, escritos de acusación y defensa, entre otros.

Al margen de los anteriores derechos, se realizan modificaciones que afectan al derecho de información de las personas detenidas y aquellas que son acusadas o imputadas en el proceso. En este sentido, para garantizar un juicio equitativo, se modifica el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regulador del derecho de defensa, en el que se precisa que la persona descrita en las anteriores circunstancias, tendrá derecho a toda una serie de actuaciones como son el derecho a la traducción e interpretación gratuitas, el derecho a designar libremente abogado, el derecho a no confesarse culpable, entre otros. Además, el derecho a la información de los detenidos y presos previsto en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha sido objeto de modificación ampliándose los derechos que se recogían con anterioridad a la reforma, y que incorporan, entre otros, el derecho de acceso a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.

Finalmente, respecto a la Ley Orgánica del Poder Judicial, únicamente se ha modificado el artículo 5 de la norma y en el que se prevé la intervención de un intérprete en las actuaciones orales y en aquellas que sea necesaria su interpretación en lengua de signos.

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Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.

En esta ley se recogen toda una serie de previsiones constitutivas del catálogo de derechos de la víctima, siendo parte de ella objeto de transposición de la Directiva europea reguladora de la materia. El concepto de víctima que se ha tenido como referencia para elaborar su contenido es amplia, es decir, abarca cualquier tipo de daño o perjuicio hacia la persona, partiendo desde su dimensión física llegando a la moral tanto si han sido víctimas directas o indirectas, indistintamente.

Al margen de los aspectos procesales que regula esta ley, es destacable la previsión de derechos de la víctima extraprocesales. Se regulan mecanismos dirigidos a facilitar a la víctima el ejercicio de sus derechos, agilizando trámites, ofreciéndole la información necesaria, etc. Entre sus previsiones, además, se regula la posibilidad de que la víctima pueda ir acompañada, en sus diligencias u otros momentos del proceso, junto a la persona que designe sin perjuicio de que vaya asistida o no de letrado.

Seguidamente, se regula el derecho de la víctima a participar en el proceso. Al respecto, es destacable la regulación de su intervención en la fase de ejecución de la pena en supuestos cuyo cumplimiento sea por delitos graves. Asimismo, se prevé la notificación a la víctima de las resoluciones de sobreseimiento y archivo del proceso, con posibilidad de impugnarlas dentro de un plazo de tiempo suficiente desde que le haya sido comunicada la resolución.

Por último, en esta ley se regulan previsiones dirigidas a la protección de las víctimas, a concienciar mediante campañas informativas, a impulsar la cooperación social y la labor de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de delito, entre otras. En este sentido, se prevén una serie de preceptos dirigidos a fortalecer el funcionamiento y la coordinación entre los distintos servicios dirigidos a ejercer funciones de asistencia a las víctimas.

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Análisis de los hechos delictivos registrados en el año 2014 en Cataluña.

De los resultados obtenidos en el año 2014, se confirma el progresivo descenso de sucesos penales en Cataluña a lo largo de los últimos seis años. Entre ellos, los delitos se han reducido un 6%, mientras que las faltas han ascendido ligeramente, un 0,6% respecto el año 2013. Seguidamente, se analizará en función del tipo delictivo el acontecimiento de hechos penales.

Por un lado, en relación a los delitos de robo con violencia y/o intimidación destaca el descenso de los mismos en todas sus modalidades, incluso de los acontecidos en el interior de las viviendas gracias a factores como el incremento de la presión policial durante los últimos tres años. Los Mossos d’Esquadra han desarticulado durante el año 2014 cuatro organizaciones criminales que cometían robos violentos a domicilios, y entre los detenidos por este tipo de causas, el 50% eran de nacionalidad española.

Por otro lado, en el año 2014 se registraron un total de 7 asesinatos y 49 homicidios, datos que llevan aparejado un elevado porcentaje de este tipo de crímenes, concretamente un 85%. El total de 56 homicidios y asesinatos registrados, es una cifra alejada de los 82 o 96 de los años 2009 y 2010 respectivamente; asimismo, se aprecia en los últimos seis años un descenso del número de tentativas y homicidios consumados. En esta misma línea, la mayoría de homicidios cometidos han sido en el ámbito de la violencia machista, representando un 27% de los casos, seguido de los derivados de peleas, robos, violencia doméstica, salud pública y bandas latinas. Es destacable el registro de cuatro víctimas de homicidio relacionadas con asaltos a plantaciones de marihuana/cannabis; un nuevo fenómeno detectado este año coincidente con el interés del crimen organizado en el tráfico de este tipo de sustancias estupefacientes. En este sentido, se ha producido un incremento de marihuana comisada, que se ha cuadruplicado a lo largo de los años 2013 y 2014, dado el bajo riesgo asociado con la sustancia por parte de sus consumidores; materializándose esta percepción en el aumento de cultivos en locales e incluso domicilios.

En el año 2014 se registraron un total de 55 agresiones sexuales, un dato superior al total de este tipo de agresiones cometidas en el año 2013 pero que sigue siendo inferior a la media anual de los seis últimos años. Los autores de este tipo de agresiones en los últimos dos años han sido todos hombres y un 80% de los mismos han sido identificados y/o detenidos; mientras que el perfil de las víctimas, de un 95% de los casos, eran mujeres.

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