Abogados y Procuradores

El ICAB critica que el examen de acceso a la abogacía no evalúe las competencias profesionales de los futuros letrados.

El Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) ante la convocatoria de evaluación para el ejercicio de la profesión de Abogado, critica su contenido que se ha visto modificado respecto al año anterior. Entre otros aspectos, el hecho de no evaluar la totalidad de las competencias señaladas por la normativa reguladora de acceso a la profesión o la eliminación del Código deontológico europeo, han sido detonantes para la crítica.

El ICAB entiende que las bases competenciales en los aspirantes a la profesión deben ser objeto de evaluación de los futuros letrados que se examinan; es por este motivo que el colegio pide inalterabilidad del contenido de los exámenes de acceso a la profesión así como su anuncio anticipado.

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La Abogacía crea su Portal de Transparencia

El Consejo General de la Abogacía, mediante Convenio celebrado con la entidad Transparencia Internacional-España ha asumido voluntariamente el compromiso a ofrecer una política de transparencia que verse en su funcionamiento y en las distintas informaciones sobre la propia institución. Mediante esta colaboración se pretende elaborar un sistema de colaboración en la gestión y desarrollo de las competencias del Consejo General de la Abogacía, sometiéndose a evaluación anualmente para confirmar su cumplimiento en su ámbito de actuación.

El Portal de Transparencia de la Abogacía se ha puesto en marcha en cumplimiento de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; y en él, todos los interesados podrán recibir información sobre la Abogacía en términos de organización, actividades del Consejo, entre otras informaciones de interés sobre la institución.

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Se crea una asociación de abogados que denunciará a todos aquellos autores de mensajes catalanófobos.

Doce profesionales del ámbito del derecho han creado la Associació Drets, que tienen como principal objetivo denunciar a todos aquellos autores de mensajes y ataques contra la ciudadanía e instituciones catalanas.

Como primeras actuaciones, han presentado denuncia contra todos aquellos autores de tweets publicados en la famosa red social Twitter, en los que arremetían contra la ciudadanía y las instituciones catalanas. Asimismo, también han interpuesto denuncia contra los grupos de extrema derecha que se manifestaron el 12 de octubre con motivo de la fiesta de la hispanidad.

Finalmente, la asociación ha realizado un manifiesto de adhesión a todos aquellos jueces, fiscales, abogados y procuradores que se quieran adherir a la plataforma, así como han solicitado ayuda de cuantos ciudadanos quieran adherirse para denunciar el conocimiento de actitudes catalanofóbas.

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La decana del ICAM y el decano del ICAB agradecen la buena disposición del nuevo ministro de Justicia hacia la Ley de tasas judiciales.

Tras la celebración de una reunión a puerta cerrada, el decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Oriol Rusca, y el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, han podido trasladar al nuevo ministro de Justícia, Rafael Catalá, la preocupación de la abogacía por las graves consecuencias que ha supuesto la ley de tasas judiciales al conjunto de los ciudadanos. También han manifestado su inquietud referente a la forma en que se quiere modificar la Ley de Justícia Gratuita, la Ley de demarcación y planta, y otras reformas legislativas.

El objetivo de la entrevista era trasladar al nuevo ministro el malestar de los colegios de abogados madrileño y barcelonés por las iniciativas legislativas desarrolladas por su predecesor. En especial la Ley de tasas, la cual dificulta el acceso a los ciudadanos a poder acudir a los Tribunales, debido a la obligatoriedad de pagar sumas inalcanzables para algunos, poniéndose en serio peligro el derecho a la tutela judicial efectiva.

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Concentración de abogados contra el Proyecto de Ley de Justicia Gratuita

Cerca de 1.000 participantes, todos ellos vestidos con toga, salieron a la calle el pasado 24 de julio desde la sede de la Abogacía de Madrid, pasando por la Plaza de la Cibeles, y llegando hasta el bulevar central en el que se instalaron. Allí, el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, dio lectura al Manifiesto en Defensa de la Justicia Gratuita que, posteriormente, ratificaron todos los decanos en presencia de los miembros de la Junta del Gobierno. Este documento se remitirá al Gobierno y al Congreso de los Diputados.

Carnicer realizó un discurso en el que manifestó el rechazo frontal de este colectivo hacia la regularización que se pretende hacer del Turno de Oficio y la Justicia Gratuita. Consideran que ambas instituciones son una parte esencial del sistema constitucional de Justicia, y como tal deben ser defendidos. Se recordó en la concentración aspectos fundamentales del proyecto de ley que perjudican al justiciable: no garantiza la financiación pública ni la cercanía de la Justicia al ciudadano, desconfianza hacia los mismos, no garantiza tampoco un pago puntual y digno por la labor de los abogados del Turno de Oficio, y propugna un deterioro generalizado de la calidad del servicio.

Los asistentes a la concentración justificaron la utilización de la toga porque, en palabras de Carnicer “es nuestro traje habitual cuando estamos ante los tribunales. Así acompañamos a nuestros clientes a estrados y con igual respeto y solemnidad defendemos sus derechos e intereses legítimos”.

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 19 de febrero de 2014

El Tribunal Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condena al hijo y heredero de un abogado fallecido a pagar una indemnización de 379.152,23 euros a una clienta de su padre por los daños y perjuicios ocasionados en concepto de responsabilidad civil profesional por la pérdida de una vivienda propiedad de la ahora recurrente.

La clienta había recurrido a los servicios del abogado después de quedarse viuda, ya que pretendía invertir la indemnización recibida por la muerte de su marido en la compra de dos viviendas para arrendarlas posteriormente y de este modo sostener las cargas familiares. El encargo al abogado consistía en gestionar dichas adquisiciones, en concreto, proceder a la cancelación de las cargas del inmueble y a la tramitación del documento de compraventa para su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad, así como en realizar todas las gestiones necesarias para inscribir la propiedad a nombre de la recurrente, quien le había entregado una cantidad de dinero en concepto de provisión de fondos para atender los gastos que supusieran dichos trámites. Después de que la recurrente suscribiera el contrato privado de compraventa de una de las viviendas tomó posesión de la misma y procedió a amueblarla y a arrendarla.

La mala actuación del abogado se produce porque no llegó a inscribir la venta en el Registro de la Propiedad ni canceló la hipoteca que pesaba sobre el inmueble, hecho que provocó que el acreedor hipotecario instara un procedimiento de ejecución forzosa con el consiguiente lanzamiento y la pérdida de la finca por parte de la recurrente.

La sentencia de apelación fijó el importe de la indemnización en 379.152,23 euros, que ahora confirma el Tribunal Supremo, correspondientes al daño emergente, esto es, al valor de la vivienda, y al lucro cesante, por la pérdida de los alquileres.

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Real Decreto 150/2014, de 7 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.

El Real Decreto 150/2014, de 7 de marzo, modifica los requisitos necesarios para poder ejercer las profesiones de abogado y de procurador de los tribunales, siendo que, del mismo modo que sucedía con la regulación anterior, la titulación universitaria no es suficiente para el ejercicio de dichas profesiones.

El Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, ya estableció que la capacitación profesional se adquiriría mediante la realización de cursos de formación, que deben incluir un período de prácticas externas, y la superación de una evaluación final, destinada a comprobar, además de los conocimientos para el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador, las normas deontológicas y profesionales. Ahora, el Real Decreto 150/2014 se encarga de modificar las características de la prueba de evaluación final, con la finalidad de crear un sistema objetivo que permita evaluar la formación teórica y práctica del aspirante, así como un sistema más ágil en la calificación final, para poder expedir los títulos con el menor tiempo posible, al mismo tiempo que pretende ser menos costoso.

De este modo, la evaluación consistirá en una única prueba escrita de contestaciones o repuestas múltiples con preguntas teóricas y supuestos prácticos que versarán sobre situaciones reales a las que probablemente se enfrentarán los candidatos a abogados y procuradores en su trabajo diario. No obstante, este examen no será la única prueba evaluable para la obtención del título para ejercer la profesión, sino que se han variado los porcentajes de modo que la calificación final resultará de la media ponderada entre el 70% de la obtenida en la evaluación y del 30% de la nota obtenida en el curso de formación.

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Sentencia del Juzgado Social 33 de Madrid, de 5 noviembre de 2013.

Esta sentencia desestima las pretensiones de un abogado que quiere acogerse a la previsión de abono de cuotas de la entidad de previsión social tras solicitar la opción de pago único que ofrece el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En la demanda, el abogado amparaba su solicitud en el hecho de que la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, establece que en determinadas profesiones como la de letrado puede elegirse el sistema de previsión social al que afiliarse: o bien al Régimen General de trabajadores por cuenta ajena de la Seguridad Social, o bien al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social o bien a una mutualidad privada.

El abogado también justificaba su solicitud en el hecho de que la disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002, establece que en la modalidad de pago único de prestaciones por desempleo del SEPE, se prevé la posibilidad de que la cantidad restante de la capitalización del pago único se abone en cuotas al RETA.

En conclusión, el abogado demandante intentaba realizar una interpretación extensiva de ambas previsiones legales, defendiendo que si la norma prevé la posibilidad de tener una mutualidad de previsión alternativa al RETA para su profesión, la de abogado, y que la norma que regula al pago único de prestaciones prevé la posibilidad de que se abonen cuotas al RETA, esta previsión debe hacerse extensiva a la mutualidad privada.

El Juzgado, pero, entiende que no procede dicha interpretación extensiva, teniendo en cuenta que la finalidad de la ley es que las cantidades que se abonan en concepto de RETA y que provienen de una prestación pública por desempleo, no salgan del sistema público, por lo que no es pertinente que las citadas cantidades se deriven a una entidad privada, en este caso una mutualidad privada.

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El sector de la abogacía no atraviesa su mejor momento.

A raíz de la publicación del libro La abogacía española ante el espejo, de José Juan Toharia, Doctor en Derecho, Catedrático en Sociología y Presidente de Metroscopia, empresa encargada de realizar estudios sociales y de opinión, ha salido a relucir la opinión de los abogados respecto de su profesión y de la justicia en general y la opinión que los ciudadanos tienen de la justicia española.

El 35% de los abogados de nuestro país tiene dificultades para llegar a fin de mes, y un 77% es consciente de que los letrados atraviesan por un momento económico delicado. La disminución del número de casos de los que se encarga cada abogado puede constituir una de las causas de la disminución de ingresos, siendo el colectivo de los abogados jóvenes el más perjudicado en este sentido.

Desde la aprobación de la polémica Ley de Tasas, una amplia mayoría de letrados se ha pronunciado en contra de su implantación por considerar que crea indefensión a los ciudadanos y que diseña un sistema de Justicia para ricos y para muy pobres, estos últimos por ser los que pueden tener acceso a la Justicia Gratuita. Consideran también que las reformas de los colegios de abogados surgidas hasta el momento, que incluso llegaron a plantear su supresión, de nada servirían para reducir los honorarios de los abogados y, por lo tanto, no repercutiría en la reducción del precio del servicio que pagaría el cliente. Un 71% de los abogados considera que la colegiación tiene que ser obligatoria porque, de lo contrario, se corre el riesgo de facilitar el intrusismo que, en último extremo, dejará desprotegido al cliente pudiéndole ocasionar un grave perjuicio.

Los ciudadanos aprecian el mal funcionamiento de la Justicia porque la consideran desfasada de la realidad, lenta, y muy formalista y complicada, tanto en el lenguaje utilizado en sus escritos, inentendible para el ciudadano medio, como por la complejidad de sus procedimientos. Otra de las quejas generalizadas se centra en la fuerza que tiene una sentencia en la práctica, ya que esgrimen que en muchas ocasiones las resoluciones no se cumplen, o su cumplimiento se hace tarde y mal.

Pese a ello, no todo son críticas negativas, sino que también reconocen que es la Administración de Justicia la que garantiza la defensa de la democracia y de las libertades, y que tarde o temprano los tribunales dan la razón a aquellos que realmente la tienen, pues destacan que, en general, los jueces son imparciales y no están a favor o en contra de ninguna de las partes del proceso. Dentro de los elogios, los ciudadanos destacan la labor de los abogados al considerar que realizan una función esencial en la defensa sus derechos y libertades de modo que, sin su presencia en la sociedad, creen que muchas de las controversias que se resuelven de forma pacífica desembocarían en situaciones injustas y violentas.

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 5 junio de 2013.

En esta sentencia, el Tribunal Supremo falla a favor de la clienta que sufrió perjuicios debido al comportamiento negligente del abogado que había contratado. El abogado en cuestión no planteó en el plazo legal establecido la demanda de retracto arrendaticio, lo que impidió a su cliente adquirir la vivienda arrendada.

El Juzgado de primera instancia condenó al abogado a pagar una indemnización de 200.000 euros valorando los daños sufridos en tal cantidad atendiendo a la diferencia entre el precio de tasación de la vivienda y el valor que hubiese tenido que abonar efectivamente. La Audiencia Provincial de Granada rebajó la indemnización a 50.000 euros atendiendo al principio de proporcionalidad entre la importancia del daño y la cuantía de la indemnización. Finalmente, el Tribunal Supremo decidió fijar la indemnización atendiendo a la pérdida de la oportunidad procesal y en base a las posibilidades de éxito de la demanda de retracto, por lo que establece finalmente la indemnización en la cuantía de 100.000 euros.

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