Sentencias de interés

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, de 17 de junio de 2014.

La sentencia se dictó por petición de decisión prejudicial por parte de un tribunal español al Tribunal de Justicia, referente a la interpretación del artículo 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Dicho artículo establece que “los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores”. El Tribunal español planteó al europeo si el artículo 659.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es contrario al artículo 7 de la citada directiva. El artículo de la ley española permite recurrir a los bancos en apelación el auto que acuerda el sobreseimiento de un proceso de ejecución hipotecaria, pero no permite recurrir a la persona sobre la que recae el embargo cuando se le rechaza su oposición.

El Tribunal reflejó en la sentencia su consideración de que dicho artículo y su correspondiente aplicación genera una diferencia de trato entre el profesional y el consumidor, siendo contraria al principio de igualdad de armas o igualdad procesal. Hizo también un recordatorio de que la Directiva europea se basa en la idea de que el consumidor se halla en “situación de inferioridad respecto al profesional, tanto en lo relativo a la capacidad de negociación como al nivel de formación”. En vistas a este razonamiento, el Tribunal de Justicia declaró que la Directiva se opone a un sistema de procedimientos de ejecución en la que un deudor al que se le ha iniciado dicho procedimiento no pueda recurrir ante un tribunal de segunda instancia la desestimación de su oposición al embargo de su vivienda.

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Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 3ª, de 4 de julio de 2014.

La sentencia que dio lugar a este recurso de apelación fue pronunciada por un Juzgado de Primera Instancia de A Coruña, en la que se desestimó la demanda interpuesta por un padre que deseaba extinguir la obligación de prestar una pensión de alimentos a su hija de 30 años de edad, la cual al haber finalizado sus estudios universitarios y haber desempeñado diferentes trabajos, ya consideraba plenamente capacitada para ejercer una profesión y alcanzar la independencia económica. La sentencia de Instancia declaró que atendiendo a las circunstancias del caso, la hija no tenía posibilidades concretas de encontrar trabajo, y que sus empleos esporádicos no podían considerarse suficientes para alcanzar una autonomía económica, por lo que no concurría causa de extinción de la pensión de alimentos.

El segundo motivo del recurso gira en torno a la posibilidad de conseguir trabajo de la hija, lo cual debía ser razón suficiente para extinguir la pensión siendo ésta mayor de edad. El tribunal alegó que dicha posibilidad debe ser una “posibilidad concreta y eficaz, según las circunstancias, y no una mera capacidad subjetiva”. Consideró también que esta problemática debe ser analizada en clave a la realidad social del tiempo en que deban aplicarse los preceptos legales y la jurisprudencia, añadiendo la necesidad de tener en cuenta la situación de crisis económica que vive nuestro país, lo que dificulta enormemente el acceso a un empleo a las personas jóvenes, y que además ha comportado que la posesión de un título universitario no confiera garantía de encontrar trabajo. Atendiendo a todo lo anterior, el tribunal declaró que en las circunstancias mencionadas, una persona de 30 años que ha culminado sus estudios y no puede encontrar trabajo no implica un “parasitismo social”. El tribunal estimó parcialmente este recurso, acordando una rebaja de la pensión de 600 a 400 euros mensuales, atendiendo a que aun no siendo los trabajos esporádicos realizados por la hija la clave para considerar su independencia económica, si lo son para contemplar la disminución de la cuantía de la prestación.

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de lo Penal, de 16 de junio de 2014.

El Alto Tribunal admitió en casación los recursos presentados por el Ministerio Fiscal y por el mosso d’esquadra condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona como responsable de un delito consumado de falsedad en documento oficial, al considerarse probado que denunció falsamente a un ciudadano, acusándole de una infracción que no cometió, con tal de obtener venganza por una disputa personal. Se estimó el recurso presentado por el Ministerio Fiscal, elevando la calificación a delito de falsedad documental en documento oficial cometido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones, al considerar que pese a que la denuncia se consignó en una hora en que el agente no estaba de servicio, el comportamiento falsario estuvo directamente relacionado con el ejercicio de sus funciones, dando a su función específica de agente de tráfico un fin que no tiene asignado, como es el intento de aplicar una sanción de tráfico a través de un flagrante abuso de autoridad.

El Tribunal Supremo estimó por otro lado uno de los motivos presentados en el recurso interpuesto por el condenado, en el que reclamó la aplicación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Redefiniendo su doctrina respecto a esta cuestión, consideró el tribunal que existió una paralización extraordinaria de casi tres años totalmente injustificada en atención a la simplicidad de la causa, y que pese a que el recurrente no plantease esta cuestión formalmente en instancia, la dilación es tan manifiesta que queda justificada su apreciación. El condenado alegó más motivos en su recurso, todos ellos desestimados, y a destacar el posible error en la apreciación de las pruebas, y la violación de su derecho constitucional a la intimidad en la obtención de las pruebas de cargo. Respecto a la primera cuestión, el Alto Tribunal recordó que su función casacional no es la de pronunciarse respecto a unas pruebas que no presenció, a menos que apreciase indicios de irracionalidad en el examen de los tribunales de instancia, no concurriendo dicho requisito. Por otra parte, en cuanto a la violación del derecho a la intimidad del acusado, el tribunal consideró que es lícito que un ciudadano indague y realice las gestiones pertinentes a través de organismos oficiales para averiguar la identidad del policía que le denuncia, máxime cuando existen sospechas razonables de que la denuncia obedece a motivos de naturaleza personal.

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Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 9ª, de 27 de mayo de 2014.

Esta sentencia pone fin al macro proceso por el que se condenan varios delitos de asociación ilícita, cohecho, extorsión y coacciones en los burdeles Saratoga y Riviera. La sentencia condena a los propietarios de los clubs de alterne y a varios mandos de la policía Nacional (un comisario y varios inspectores jefe) en el marco de una asociación ilícita. La Sala concluye que en dichos establecimientos se daba la existencia de un delito de asociación ilícita, ocultado bajo la apariencia de un negocio de hostelería. Mediante dicha tapadera, incurrían en el delito de favorecimiento y determinación de la prostitución (artículo 188 del Código Penal). Además, para poder realizar la actividad ilícita con ciertas garantías de indemnidad, aceptaron sobornar a varios miembros de la policía para recibir un trato favorable respecto la información interna e inactividad inspectora, lo que supone la comisión de un delito de cohecho.

La pieza clave de esta red estaba formada por varios mandos policiales que, como se ha indicado, colaboraban con los propietarios de los clubs de alterne extorsionándolos y exigiéndoles grandes cantidades de dinero para que pudiesen continuar ejerciendo la actividad. La sentencia condena a los partícipes en la trama con penas de entre 6 y 10 años de prisión además de las de inhabilitación especial para los policías.
Finalmente, la sentencia también condena a varios abogados. La trama policial obligaba a que en determinadas actuaciones, los gerentes de los locales estuviesen asistidos por abogados que la policía ordenaba, aprovechándose estos letrados de la situación para presentar minutas desproporcionadas en relación a los servicios que prestaban.

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 18 de julio de 2014.

Esta sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por José Bretón contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba que le condena a 40 años de prisión por el asesinato de sus dos hijos. La sentencia rechaza cada uno de los argumentos esgrimidos en su recurso. En primer lugar el tribunal defiende que es plenamente válida la prueba de cargo constituida por los restos óseos analizados, ya que no se rompió la cadena de custodia, y los restos óseos pueden ser objeto de un análisis pericial aunque no exista un precinto que los delimite o que existan pisadas, por lo que no es invalidante dicha prueba.

En segundo lugar la sentencia motiva que el juicio es válido y que no han existido inferencias en el Jurado, por lo que no se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva ni a la presunción de inocencia. La sentencia contra la que se impone el recurso de casación es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que no ha presenciado la práctica de la prueba y que no dispone de la inmediación del tribunal de Jurado, por lo que la Sala entiende que el TSJ ha sido racional en la valoración de la prueba.

En tercer lugar el Tribunal Supremo entiende que no existe una infracción del derecho fundamental al juez imparcial ya que pese a que en los medios de comunicación apareció en numerosas ocasiones el comisario Serafín Castro explicando detalles de la investigación, no fue el único profesional que tuvo oportunidad de explicar el proceso. Además la legitimidad de los medios de comunicación a informar está fuera de toda duda. Por tanto la Sala concluye que el hecho que el veredicto coincida con el estado previo de opinión resulta intrascendente cuando dicho veredicto es coherente con lo sucedido en el acto de juicio. Finalmente, en cuarto lugar, el TS entiende que sí concurre el supuesto de animus necandi (deseo de matar) por parte del condenado.

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Sentencia del Juzgado Social núm. 16 de Madrid, de 17 de julio 2014.

La sentencia desestima la demanda interpuesta por el ex tesorero del Partido Popular, Luís Bárcenas por despido improcedente donde reclamaba una indemnización de 900.000 euros. La sentencia fundamenta que la parte demandante no ha conseguido demostrar que el tiempo en que estuvo dado de alta en el Partido Popular prestó servicio alguno, pese a que disponía de secretaria, coche con chófer, correo electrónico corporativo del PP e incluso recibía cestas de Navidad. Por tanto, como el demandante no consigue probar la existencia de prestación de servicios por cuenta ajena dentro del ámbito de dirección del PP, ocasiona que se desestime la demanda por despido improcedente. La Juez matiza que, si bien no prestó servicios por cuenta ajena, si usó esos privilegios fue porque el partido político se lo toleró, y siempre en beneficio del ex tesorero y no del PP, que sólo hacía uso para gestiones particulares. La sentencia además defiende que la relación laboral entre ambas partes sigue vigente ya que Bárcenas solicitó una excedencia en 2004 al ser elegido senador. A fecha actual no ha solicitado el reingreso por lo que la relación laboral sigue vigente. La resolución finalmente motiva que el PP ha incurrido en una simulación contractual, realizando un alta en Seguridad Social indebida, lo que se encuentra recogida como una infracción muy grave en Texto Refundido de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, de 7 de Julio de 2014.

Tres entidades mercantiles, propiedad todas de una misma familia, presentaron demanda contra una entidad financiera, Caixa d’Estalvis del Penedès, solicitando la nulidad de tres contratos de permuta financiera (swap) de tipo de interés. Dicha solicitud argumentaba que había existido una falta del deber de información de la entidad financiera, obligatorio al tratarse de un ofrecimiento personalizado. Esta demanda fue estimada íntegramente, y recurrida en apelación por la entidad financiera, siendo desestimado el recurso, confirmando el fallo de Primera Instancia, y llevando a Mare Nostrum, S.A., como sucesora procesal de la entidad Caixa d’Estalvis del Penedès, a interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Aceptado el recurso a trámite, el Tribunal Supremo procedió a desestimarlo, vertebrando sus argumentaciones en diversos aspectos. Primeramente, y basándose en su propia línea jurisprudencial, el cliente debe ser informado antes de la perfección del contrato de los riesgos que se derivan de una operación de carácter especulativo. Al tratarse de un cliente minorista, este procedimiento se hace imperativo, siendo obligatorio efectuar un test de conveniencia (explorar adecuadamente los conocimientos financieros del cliente para determinar si comprende los riesgos de dicha actividad) y un test de idoneidad (atender a la capacidad y situación económica del cliente para determinar si es conveniente para él el producto en cuestión). Pese a que la ausencia de estos test no va a determinar directamente una existencia de error de vicio contractual (pudiendo suponer su nulidad) sí que permite llegar a presumirlo en función de las circunstancias concretas de cada caso. Atendiendo al caso enjuiciado, el Tribunal consideró que al haberse realizado un ofrecimiento personalizado del swap a los demandantes, se produjo como tal un asesoramiento financiero, el cual debe ir acompañado de las garantías explicadas anteriormente, las cuales incluyen la realización de un test de idoneidad. Por ello, al no haberse efectuado dicho procedimiento, se produjo un error en el consentimiento prestado por las mercantiles demandantes. Por ello, se procedió a la nulidad de los contratos financieros tipos swap, y a imponer a las partes contratantes el deber de restituirse mutuamente las prestaciones entregadas en cumplimiento de tales contratos.

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, de 7 Julio de 2014.

La resolución del Tribunal Supremo vino precedida por una estimación de una demanda de modificación de medidas interpuesta por un padre que deseaba extinguir la pensión alimenticia a sus dos hijos, uno de ellos con una minusvalía del 65%, al ser ambos mayores de edad, y ser potencial perceptor, éste último, de recibir ayudas por parte de la Administración. La madre, con la cual vive actualmente Darío, el hijo con discapacidad, formuló una reconvención, alegando que no tan solo debía mantenerse las pensiones, sino que debía aumentarse la pensión a Darío, para así cubrir los gastos que de su enfermedad se derivaban y que no eran asumidos por la Seguridad Social. Otorgándosele la razón al padre por el Juzgado de Primera Instancia, se planteó recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, la cual lo desestimó, confirmando así la primera sentencia. Contra esta segunda resolución, se interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El Tribunal analizó únicamente el recurso de casación, desde una doble perspectiva. En un primer lugar, desde el estudio de la posibilidad de privar de alimentos por el simple hecho de haber alcanzado la mayoría de edad y ser posible percibir una pensión contributiva por invalidez por parte de la Seguridad Social, y en segundo lugar, desde la situación personal del alimentado afectado por una grave situación de discapacidad.

Amparándose en la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre Derechos de Personas con Discapacidad, y atendiendo a la primera de las perspectivas de análisis mencionadas, el Tribunal considera que no es posible desplazar la responsabilidad del mantenimiento hacia los poderes públicos, en beneficio del padre. Considera también que la pensión alimenticia no se extingue por mayoría de edad, sino con la suficiencia económica, no siendo éste el caso, al padecer Darío una dependencia total hacia su madre y no percibir ingresos debido a las enormes dificultades para acceder al mercado laboral. Por otro lado, en relación al alimentado afectado por una grave situación de discapacidad, la Sala entiende que no puede en estos casos aplicarse el articulado habitual del Código Civil referente a esta materia, ya que no nos encontramos ante una situación normalizada de un hijo mayor de edad o emancipado, sino un hijo afectado por unas graves deficiencias que le impiden llevar una vida normal y el cual sufre múltiples limitaciones en su cotidianeidad. A través de esta argumentación, el Tribunal Supremo impone una doctrina jurisprudencial, en la que establece que la mayoría de edad de un hijo con discapacidad no determina por sí misma la extinción o la modificación de los alimentos que los padres deben entregarle, sino que deberán equipararse a las que se le entregan a los hijos menores de edad cuando éstos vivan en un domicilio familiar y carezcan de recursos.

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Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, de 19 Junio de 2014.

El conflicto se originó en Gran Bretaña, durante la estancia de la Sra. Saint Prix de nacionalidad francesa. Llegó al Reino Unido el 10 de julio de 2006, donde estudió y trabajo de profesora de apoyo hasta el 2008. Durante ese período se quedó embarazada, siendo previsto el parto el 2 de junio de 2008. Durante el embarazo, trabajó temporalmente en escuelas infantiles. En el sexto mes de embarazo dejó su actividad laboral debido al esfuerzo excesivo que le suponía. Buscó algún otro trabajo más adaptado a su situación de embarazo pero fue en vano. 11 semanas antes de la fecha prevista para el parto, la Sra. Saint Prix presentó una solicitud de complemento de ingresos. Dicha solicitud le fue denegada por la Administración británica, por lo que recurrió ante los tribunales. Pese a que estimaron su pretensión en primera instancia, ésta fue posteriormente desestimada en segunda, ante un recurso de la propia Administración. La controversia acabó su recorrido en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La primera consideración del tribunal es que no se encuentra en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea una definición de “trabajador”. Por ese motivo, la Supreme Court of theUnitedKingdomdecidió suspender el procedimiento y remitir la cuestión al TJUE. El referido Tribunal vertebra su argumentación en torno a la Directiva 2004/38, la cual regula el derecho fundamental e individual de los ciudadanos de la Unión a la libre circulación y residencia en el territorio de los Estados miembros. En dicha directiva se recoge que tendrán la condición de trabajadores en otros Estados aquellos que sufran alguna patología temporal o accidente, así como encontrarse en el paro involuntario. Estas descripciones no encajan con el supuesto de una mujer en su última fase del embarazo dice el Tribunal. Sin embargo, recuerda que la codificación pretendida por esta Directiva persigue explícitamente facilitar el ejercicio del derecho de los ciudadanos de la Unión a la libre circulación y residencia en el territorio de los Estados miembros. Por tanto, no puede limitar por sí misma el concepto de trabajador. De este razonamiento el Tribunal dirime que la consideración de trabajador, así como los derechos que se derivan de dicha condición, no depende necesariamente de la existencia o de la permanencia efectiva de una relación laboral. Considera pues que las limitaciones físicas que obligan a una mujer a dejar de ejercer una actividad laboral no pueden privarla de la condición de trabajadora, en relación al artículo 45 del TFUE. Se considera que de no aplicarse este criterio, las ciudadanas de la Unión se verían disuadidas de ejercer su derecho a la libre circulación en el supuesto de que corrieran el riesgo de perder la condición de trabajadoras en el Estado de acogida cuando, a causa del embarazo, dejen, aunque sea durante un período breve, su trabajo tal y como sucedió en el caso de la Sra. Saint Prix.

Finalmente, el Tribunal alude que debe procederse en esta dirección en virtud del Derecho de la Unión que garantiza a las mujeres la protección particular por la maternidad, señalando el apartado 3 del artículo 16 de la Directiva 2004/38, el cual hace una especial consideración a la situación de embarazo en relación al cómputo de los años necesarios para adquirir la residencia permanente en otro Estado, por la ausencia en el país que éste podría derivar.

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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Social, de 30 de abril de 2014.

Esta sentencia dirime el recurso interpuesto por una trabajadora tras haber sido avalado su despido disciplinario en primera instancia. La empleada, podía acceder al sistema de grabación de las cámaras de seguridad del establecimiento, por lo que valiéndose de su condición de encargada, extrajo unas imágenes donde se observaban caídas de algunas compañeras para colgarlas en su cuenta de la red social Facebook. La recurrente en ningún momento contó con el consentimiento de la empresa, que al conocer la situación pasó a despedirla disciplinariamente. La trabajadora, fundamentó su recurso aduciendo la vulneración de los derechos reconocidos en el artículo 18.4 de la Constitución Española y en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los cuales prohíben la aceptación de pruebas ilícitamente obtenidas y que violen los derechos fundamentales.

El tribunal falla confirmando el despido efectuado, justificando que el material utilizado para probar el despido no era propiedad de la trabajadora sino que pertenecía a la empresa, y que ella, como encargada del establecimiento obtuvo la secuencia. Además, el tribunal defiende que fue la propia trabajadora quien difundió el vídeo a través de Facebook, facilitando el acceso del mismo a una pluralidad de personas.
En la sentencia, el tribunal defiende que no resulta aplicable la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de febrero de 2013, en la que no se acepta la prueba de una cámara de seguridad de una universidad para despedir a un trabajador por incumplimiento del horario, en tanto que no se informó al trabajador de que se usarían las imágenes para dicho fin sancionador. Por tanto, el tribunal concluye que no resulta violada la intimidad de la trabajadora al obtener la prueba que motiva el despido de su cuenta de Facebook, ya que había sido ella quien sin autorización de la empresa, obtuvo y colgó el vídeo en una red social accesible a múltiples personas, con el perjuicio que ello ocasionó a sus compañeras.

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