Novedades legislativas

Orden HAP/490/2013 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Treinta y seis días después de la entrada en vigor de la normativa que modificaba sutilmente algunas tasas judiciales, el pasado sábado treinta de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Estado la orden HAP/490/2013 del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, por el que se publica el nuevo formulario 696 que permite autoliquidar las tasas judiciales y el modelo 695 que permite solicitar la devolución de las tasas judiciales. El plazo otorgado para tramitar la autoliquidación correspondiente al procedimiento judicial en trámite es de quince días desde la fecha de publicación. Otra de las novedades de la anterior Orden es que ya se permite la tramitación de la exención de las tasas judiciales a los sujetos beneficiados por el Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero de modificación de las tasas judiciales, que, ampliando el derecho de justicia gratuita, ampara a víctimas de violencia de género, terrorismo o delitos de trata de seres humanos, menores de edad y personas con discapacidad psíquica cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato.

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Real Decreto 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión.

En un contexto de protestas ciudadanas por la comercialización de los denominados productos “tóxicos”, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto 6/2013 con la intención de proteger a los inversores de participaciones preferentes y deuda subordinada. Así, regula el acceso al arbitraje para resolver los conflictos generados entre inversores y entidades bancarias , creando una Comisión de Seguimiento de dichos arbitrajes con la intención de controlar su correcta ejecución especialmente en aquéllas entidades que han recibido ayudas públicas. Asimismo, se crea el Fondo de Garantía de Depósitos, Organismo capacitado para adquirir dichos productos financieros especialmente en supuestos de vulnerabilidad de la situación personal y familiar del inversor.

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Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral y promover el envejecimiento activo.

Las principales novedades introducidas por esta norma son las siguientes: los trabajadores en situación de jubilación podrán compatibilizar el empleo a tiempo completo o parcial con el 50% del cobro de la pensión; aumenta la edad de acceso a la jubilación anticipada voluntaria de los 63 años a los 65 en el año 2027, así como, la edad de jubilación anticipada forzosa de los 61 años a los 63 en el año 2027, ambas de forma progresiva; los trabajadores mayores de 55 años sin derecho a desempleo pasarán a considerarse colectivo protegido prioritario. Por otro lado, se introducen algunas modificaciones respecto a la legislación anterior relativas a la discriminación de trabajadores de más edad o a los requisitos de acceso a la prestación por desempleo. Por último, prevé la creación de un comité de expertos independientes para la elaboración de un informe sobre la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.

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Real Decreto 1717/2012 de 28 de diciembre.

El Salario Mínimo Interprofesional que se ha fijado para el año 2013 es de 21,51 euros al día, de 645,30 euros al mes o de 9.034,20 al año. Estos importes representan un incremento del 0,6 por 100 respecto de los vigentes en 2012. Además, para los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de 120 días se fija en 30,57 euros por jornada legal. En relación a los empleados de hogar contratados por horas y en régimen externo se fijan 5,05 euros por hora efectivamente trabajada.

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Resolución de 21 de enero de 2013 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

La resolución por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2013 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, incrementa en un 2,9% las indemnizaciones que podrán  percibirse como consecuencia de los accidentes de tráfico. Así, entre otros parámetros actualizados,  el abono de los días de baja con estancia hospitalaria aumenta hasta 71,63 € y los días de baja sin estancia hospitalaria se establecen en 58,24 € en el caso de días impeditivos y en 31,34 € en el supuesto de días no impeditivos.

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RD-Ley 27/2012 de 15 de noviembre, de protección a los deudores hipotecarios.

El Real Decreto establece la suspensión de los desahucios respecto a los siguientes colectivos: familias numerosas, unidades familiares monoparentales con dos hijos a cargo, familias con un menor de tres años, unidades familiares que tengan a su cargo a personas discapacitadas, dependientes o enfermas, familias en las que el deudor hipotecario esté en paro y haya agotado las prestaciones por desempleo, familias en las que exista una víctima de la violencia de género. Los requisitos para acogerse a las mismas son: que el nivel de renta no exceda del tripe del IPREM, que se haya sufrido una alteración significativa de las circunstancias económicas en los últimos 4 años (el pago de la hipoteca se haya multiplicado por 1,5 veces), que la cuota hipotecaria exceda del 50% de los ingresos del núcleo familiar y que se trate de un crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda del deudor y concedido para la compra de la misma.

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Decreto-ley 4/2012, de 30 de octubre, de medidas en materia de horarios comerciales y determinadas actividades de promoción.

Los establecimientos comerciales no podrán abrir sus puertas entre las 22 h y las 7 h, debiendo cerrar sus puertas al público los días 24 y 31 de diciembre a las 20 horas, sin perjuicio de que la Dirección General de Comercio autorice su ampliación. Se permite la apertura un máximo de 12 horas diarias y 72 horas semanales y 8 domingos y festivos al año, continuando prohibido abrir al público los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 24 de junio, 11 de septiembre y 25 y 26 de diciembre. Las anteriores limitaciones no se aplican en los siguientes supuestos: establecimientos dedicados esencialmente a la venta de productos de pastelería, repostería, churrería, pan, platos preparados, prensa, flores y plantas, y las llamadas tiendas de conveniencia, venta de combustible y carburantes, establecimientos situados en municipios turísticos o en el entorno de mercados de marchantes, las farmacias, establecimientos integrados en museos, exposiciones, monumentos, centros recreativos turísticos, parques de atracciones o temáticos, hoteles, establecimientos comerciales con superficie inferior a 150 m2 titularidad de pequeñas o medianas empresas no pertenecientes a grupos ni cadenas de distribución y cuya oferta se dirija principalmente a productos de alimentación, establecimientos de venta de productos pirotécnicos (podrán abrir todos los domingos y festivos del mes de junio) y los establecimientos dedicados a la venta de productos culturales o de ocio con superficie inferior a 300 m2 titularidad de pequeñas o medianas empresas y que no pertenezcan a grupos o cadenas de distribución.

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Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

La norma sanciona los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros siempre que intervenga un profesional o empresario. La limitación de pagos en efectivo no afectará a las operaciones entre particulares o entre éstos y las entidades financieras, y se elevará a 15.000 euros en el caso de pagadores no residentes (turistas); establece la obligación ineludible de declarar el capital y los bienes inmuebles del extranjero, contemplando la imprescriptibilidad de las sanciones que correspondan a dicha infracción y que se fijan en un mínimo de 10.000 euros; prevé la toma de medidas cautelares por parte de la Agencia Tributaria, facilita los embargos preventivos, crea un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria para responsables de sociedades sin patrimonio con actividad, y elimina la posibilidad de aplazar créditos en situación de concurso; endurece las sanciones por resistencia y obstrucción a la inspección (multas entre 1.000 y 600.000 euros); modifica aspectos del IVA, exigiendo que el vendedor de una operación inmobiliaria ingrese el IVA para que el adquiriente pueda deducírselo y modifica el régimen de módulos en el sentido de fijar la exclusión del régimen de estimación objetiva para aquellos empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares y cuyo volumen de rendimientos íntegros sea superior a 50.000 euros anuales.

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Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

El Fondo de Garantía Salarial abonará a los trabajadores los salarios que no excedan de ciento veinte días (antes ciento cincuenta) y del doble (antes el triple) del salario mínimo interprofesional en caso de insolvencia o concurso del empresario, así como las indemnizaciones por despido que no excedan del doble (antes el triple) del salario mínimo interprofesional. Se modifican los requisitos, la cuantía y determinados aspectos relativos al derecho a la prestación por desempleo. Se introducen cambios relativos al recargo por pago extemporáneo de cuotas y los conceptos exceptuados de la obligación de cotizar. Se modifica el régimen de acceso a la renta activa de inserción. Se introducen cambios relativos a las personas en situación de dependencia. Se introducen nuevas medidas fiscales entre las que destaca la subida del Impuesto sobre el Valor Añadido al 21% (antes el 18%).

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