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Los establecimientos comerciales no podrán abrir sus puertas entre las 22 h y las 7 h, debiendo cerrar sus puertas al público los días 24 y 31 de diciembre a las 20 horas, sin perjuicio de que la Dirección General de Comercio autorice su ampliación. Se permite la apertura un máximo de 12 horas diarias y 72 horas semanales y 8 domingos y festivos al año, continuando prohibido abrir al público los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 24 de junio, 11 de septiembre y 25 y 26 de diciembre. Las anteriores limitaciones no se aplican en los siguientes supuestos: establecimientos dedicados esencialmente a la venta de productos de pastelería, repostería, churrería, pan, platos preparados, prensa, flores y plantas, y las llamadas tiendas de conveniencia, venta de combustible y carburantes, establecimientos situados en municipios turísticos o en el entorno de mercados de marchantes, las farmacias, establecimientos integrados en museos, exposiciones, monumentos, centros recreativos turísticos, parques de atracciones o temáticos, hoteles, establecimientos comerciales con superficie inferior a 150 m2 titularidad de pequeñas o medianas empresas no pertenecientes a grupos ni cadenas de distribución y cuya oferta se dirija principalmente a productos de alimentación, establecimientos de venta de productos pirotécnicos (podrán abrir todos los domingos y festivos del mes de junio) y los establecimientos dedicados a la venta de productos culturales o de ocio con superficie inferior a 300 m2 titularidad de pequeñas o medianas empresas y que no pertenezcan a grupos o cadenas de distribución.

La norma sanciona los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros siempre que intervenga un profesional o empresario. La limitación de pagos en efectivo no afectará a las operaciones entre particulares o entre éstos y las entidades financieras, y se elevará a 15.000 euros en el caso de pagadores no residentes (turistas); establece la obligación ineludible de declarar el capital y los bienes inmuebles del extranjero, contemplando la imprescriptibilidad de las sanciones que correspondan a dicha infracción y que se fijan en un mínimo de 10.000 euros; prevé la toma de medidas cautelares por parte de la Agencia Tributaria, facilita los embargos preventivos, crea un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria para responsables de sociedades sin patrimonio con actividad, y elimina la posibilidad de aplazar créditos en situación de concurso; endurece las sanciones por resistencia y obstrucción a la inspección (multas entre 1.000 y 600.000 euros); modifica aspectos del IVA, exigiendo que el vendedor de una operación inmobiliaria ingrese el IVA para que el adquiriente pueda deducírselo y modifica el régimen de módulos en el sentido de fijar la exclusión del régimen de estimación objetiva para aquellos empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares y cuyo volumen de rendimientos íntegros sea superior a 50.000 euros anuales.

El Fondo de Garantía Salarial abonará a los trabajadores los salarios que no excedan de ciento veinte días (antes ciento cincuenta) y del doble (antes el triple) del salario mínimo interprofesional en caso de insolvencia o concurso del empresario, así como las indemnizaciones por despido que no excedan del doble (antes el triple) del salario mínimo interprofesional. Se modifican los requisitos, la cuantía y determinados aspectos relativos al derecho a la prestación por desempleo. Se introducen cambios relativos al recargo por pago extemporáneo de cuotas y los conceptos exceptuados de la obligación de cotizar. Se modifica el régimen de acceso a la renta activa de inserción. Se introducen cambios relativos a las personas en situación de dependencia. Se introducen nuevas medidas fiscales entre las que destaca la subida del Impuesto sobre el Valor Añadido al 21% (antes el 18%).