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Los secretarios judiciales proponen asumir el trámite de conciliación entre entidades bancarias y deudores.

El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ), con el objetivo de disminuir los desahucios, propone una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la que se establezca un trámite obligatorio de conciliación entre bancos e hipotecados al objeto de alcanzar acuerdos amistosos como pueden ser  la dación en pago, la reducción de la deuda o de las cuotas, moratorias en el pago o un alquiler social. Este trámite sería gratuito para los ciudadanos.

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Los jueces solicitan la retirada del Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial

Una representación de 46 jueces han participado en las XII Jornadas de Jueces Decanos, concluyendo que la reforma “perjudica la calidad de la justicia y no encuentran justificación en la situación de crisis económica”. Entre las medidas acordadas como paso previo a una posible huelga se destaca una reducción del 30% de los señalamientos semanales, así como una primera concentración en los juzgados españoles el próximo 23 de noviembre.

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Sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de noviembre de 2012

El Tribunal Constituciona avala la constitucionalidad de la ley 13/2005 de 1 de julio, reguladora del matrimonio homosexual. Dicha resolución ha sido adoptada por 8 votos a 3 y basa su fundamentación en el artículo 32 de la Constitución, que ampara el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Asimismo, se reconoce la evolución de la figura del matrimonio en cuanto a su forma como consecuencia de la evolución de la propia sociedad, aunque sin perder su esencia (unión libre de dos personas en un proyecto de vida en común).

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Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2012

El Tribunal Supremo establece que los jueces podrán otorgar la guardia y custodia compartida sin necesidad de un informe favorable del Ministerio Fiscal, al declarar inconstitucional y nulo el inciso “favorable” del artículo 92.8º del Código Civil por ser contrario a los artículos 24 y 117.3 de la Constitución Española.

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Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2012

El Tribunal Supremo ha otorgado la razón a un motorista que, como consecuencia de un accidente de tráfico, perdió 2 extremidades tras colisionar con una bionda (vulgarmente llamada quitamiedos), condenando al Ministerio de Fomento a indemnizarle en la cantidad de 243.682,84 € por los daños y perjuicios causados. Si bien la sentencia establece que la causa del accidente fue la velocidad inadecuada, la lesiones padecidas no se hubieran producido si la valla instalada en la mediana, en lugar de ser metálica y cortante, hubiera sido de otro tipo o material (redonda, blanda, etc).

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Decreto-ley 4/2012, de 30 de octubre, de medidas en materia de horarios comerciales y determinadas actividades de promoción.

Los establecimientos comerciales no podrán abrir sus puertas entre las 22 h y las 7 h, debiendo cerrar sus puertas al público los días 24 y 31 de diciembre a las 20 horas, sin perjuicio de que la Dirección General de Comercio autorice su ampliación. Se permite la apertura un máximo de 12 horas diarias y 72 horas semanales y 8 domingos y festivos al año, continuando prohibido abrir al público los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 24 de junio, 11 de septiembre y 25 y 26 de diciembre. Las anteriores limitaciones no se aplican en los siguientes supuestos: establecimientos dedicados esencialmente a la venta de productos de pastelería, repostería, churrería, pan, platos preparados, prensa, flores y plantas, y las llamadas tiendas de conveniencia, venta de combustible y carburantes, establecimientos situados en municipios turísticos o en el entorno de mercados de marchantes, las farmacias, establecimientos integrados en museos, exposiciones, monumentos, centros recreativos turísticos, parques de atracciones o temáticos, hoteles, establecimientos comerciales con superficie inferior a 150 m2 titularidad de pequeñas o medianas empresas no pertenecientes a grupos ni cadenas de distribución y cuya oferta se dirija principalmente a productos de alimentación, establecimientos de venta de productos pirotécnicos (podrán abrir todos los domingos y festivos del mes de junio) y los establecimientos dedicados a la venta de productos culturales o de ocio con superficie inferior a 300 m2 titularidad de pequeñas o medianas empresas y que no pertenezcan a grupos o cadenas de distribución.

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Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

La norma sanciona los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros siempre que intervenga un profesional o empresario. La limitación de pagos en efectivo no afectará a las operaciones entre particulares o entre éstos y las entidades financieras, y se elevará a 15.000 euros en el caso de pagadores no residentes (turistas); establece la obligación ineludible de declarar el capital y los bienes inmuebles del extranjero, contemplando la imprescriptibilidad de las sanciones que correspondan a dicha infracción y que se fijan en un mínimo de 10.000 euros; prevé la toma de medidas cautelares por parte de la Agencia Tributaria, facilita los embargos preventivos, crea un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria para responsables de sociedades sin patrimonio con actividad, y elimina la posibilidad de aplazar créditos en situación de concurso; endurece las sanciones por resistencia y obstrucción a la inspección (multas entre 1.000 y 600.000 euros); modifica aspectos del IVA, exigiendo que el vendedor de una operación inmobiliaria ingrese el IVA para que el adquiriente pueda deducírselo y modifica el régimen de módulos en el sentido de fijar la exclusión del régimen de estimación objetiva para aquellos empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares y cuyo volumen de rendimientos íntegros sea superior a 50.000 euros anuales.

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Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

El Fondo de Garantía Salarial abonará a los trabajadores los salarios que no excedan de ciento veinte días (antes ciento cincuenta) y del doble (antes el triple) del salario mínimo interprofesional en caso de insolvencia o concurso del empresario, así como las indemnizaciones por despido que no excedan del doble (antes el triple) del salario mínimo interprofesional. Se modifican los requisitos, la cuantía y determinados aspectos relativos al derecho a la prestación por desempleo. Se introducen cambios relativos al recargo por pago extemporáneo de cuotas y los conceptos exceptuados de la obligación de cotizar. Se modifica el régimen de acceso a la renta activa de inserción. Se introducen cambios relativos a las personas en situación de dependencia. Se introducen nuevas medidas fiscales entre las que destaca la subida del Impuesto sobre el Valor Añadido al 21% (antes el 18%).

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