Novedades legislativas

Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista.

Este Real Decreto regula la renuncia a la concesión del proyecto Castor por parte de Escal Ugs, S.L. Dicho proyecto tenía como objetivo construir un almacén subterráneo de gas en un yacimiento petrolífero agotado, frente a la costa de Tarragona y Castellón. Escal Ugs, S.L. está participada en 2/3 partes por la constructora ACS. La renuncia implica que el derecho y uso de la estructura geológica se reintegra al dominio público.

El Real Decreto, asimismo adjudica a la sociedad Enagás Transporte, S.A.U. el mantenimiento y operatividad de la plataforma Castor hasta que se decida sobre su desmantelamiento. Por dicha adjudicación, Enagás deberá abonar a Escal Ugs, S.L. 1.350.729.000 euros a causa de las inversiones realizadas en la plataforma. Dicha cantidad será repercutida a los consumidores de gas en un plazo de hasta 30 años. Enagás, por su parte, como garantía real, tendrá un derecho de cobro por parte del sistema gasista que le permita garantizar la cobertura del mismo.

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Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.

Esta Ley modifica algunos artículos de la actual normativa concursal con el fin de eliminar, en la medida de lo posible, la rigidez de la misma.

En primer lugar se modifica el punto relativo a la presentación de comunicación de iniciación de negociaciones para alcanzar acuerdos, para que se permita suspender las ejecuciones judiciales de bienes que resulten necesarias para la continuidad de la empresa. Se prevé asimismo, la posibilidad de que afecte al resto de ejecuciones singulares.

En segundo lugar se establece la posibilidad de exigir pruebas y/o cursos específicos a los administradores concursales así como la obligatoriedad de inscribirse en el Registro Público Concursal. En tercer lugar se modifica el sistema de designación de la administración concursal, mediante el uso de una clasificación concursal. El desarrollo del sistema de designación será desarrollado mediante Reglamento.

En cuarto lugar, se introducen modificaciones en el sistema de remuneración de los administradores concursales, con el objetivo de que la remuneración tenga en cuenta la calidad y los resultados del trabajo. Será el propio juez de lo mercantil quien motivadamente pueda reducir la remuneración.

En quinto lugar también se limitan los supuestos de suspensión de ejecución de bienes dotados de garantía real a aquellos que no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional. Finalmente, y en último lugar, se establecen medidas destinadas a favorecer la transformación de deuda en capital social.

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Directiva 2014/87 EURATOM del Consejo, de 8 de julio de 2014 por la que se modifica la Directiva 2009/71 Euratom, por la que se establece un marco comunitario para la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares.

La Directiva fue aprobada el pasado 25 de julio, modificando la Directiva 2009/71/Euratom. Esta reforma tiene como objetivo primordial incorporar las lecciones aprendidas tras el accidente de Fukushima y enmendar las carencias detectadas en determinados test de estrés a los que se han sometido las principales plantas nucleares europeas. Esta regulación trata de prevenir los riesgos eminentes a cualquier actividad relacionada con la energía nuclear, siendo necesaria esta armonización europea debido al hecho de que los accidentes de este tipo pueden traspasar las barreras nacionales mediante una fuga de material radioactivo a través de la atmósfera.

El texto impone determinadas medidas de seguridad enfocadas a todo el ciclo de vida de las centrales nucleares, desde el momento de su ubicación hasta su desmantelamiento, así como la obligatoriedad de un plan específico de actuación en caso de emergencia para cada una de las plantas nucleares. Se endurecen las exigencias respecto a la responsabilidad en materia de seguridad, la cual deberá recaer siempre sobre el titular de la licencia, el cual a su vez para obtenerla deberá cumplir con una mayor exigencia en la demostración de la viabilidad y seguridad del proyecto de la central. Por otro lado, se exigirá a los Estados miembros que garanticen la formación y educación especializada de todo el personal que ostente responsabilidades de seguridad.

La transparencia hacia las autoridades locales cercanas a la central es uno de los aspectos más destacables de la directiva, en la que se exige se ponga a disposición de éstas y demás grupos de interés que vivan cerca toda la información necesaria relativa a la seguridad de las instalaciones y su regulación. También se introduce un sistema de revisión mutua de las instalaciones nucleares por parte de los países de la Unión, que se realizará cada 6 años a partir del año 2017. Se incluye también un mecanismo por el cual cada Estado miembro deberá autoevaluar su marco regulador con el fin de reforzar la seguridad de las plantas, así como aceptar la revisión internacional de entidades reguladoras para ello.

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Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.

El objetivo general de esta ley es la de reformar la Administración pública para mejorar su eficiencia y productividad, posibilitando el crecimiento económico y la prestación efectiva de los servicios públicos. Por otro lado, se trata de reducir duplicidades y malgasto de dinero público. Las modificaciones ejecutan las recomendaciones del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. Analizamos aquí aquellas de mayor relevancia. Se unifica en el BOE la publicación de anuncios que corresponden a todas las notificaciones catastrales, independientemente del procedimiento del cual deriven, con tal de coordinar la normativa con el resto de notificaciones tributarias y administrativas.

En cuanto a la eficiencia energética, las Administraciones Públicas integradas en el Sector Público Estatal únicamente podrán adquirir bienes, servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético, siempre y cuando sea coherente con la rentabilidad y viabilidad económica, así como la idoneidad técnica. Esta obligación engloba a los contratos de suministro, de servicios y de obras cuyo fin sea la construcción de un edificio y el valor estimado sea de una elevada cuantía. En materia de empleados públicos, en primer lugar, se amplían a cinco el número de días reconocidos en la normativa vigente para la atención de asuntos particulares. En segundo lugar, se introducen cambios imprescindibles para fomentar la movilidad de los empleados públicos, con el objetivo de, por un lado, atender con eficacia destinar recursos a unidades deficitarias, y por otro posibilitar que las personas que trabajan en la Administración tengan otras vías de desempeño profesional para completar su carrera administrativa. De este modo, se flexibiliza la dependencia funcional de los interinos, se regulariza el régimen aplicable a supuestos de movilidad voluntaria entre Administraciones territoriales, y se crea la situación administrativa de servicios en la Administración civil para el personal militar. Finalmente, se introducen otras modificaciones que precisan ser verificadas en un futuro a través de la aprobación de una norma con rango de Ley, en los siguientes ámbitos: consejo de transparencia y buen gobierno, sector ferroviario y defensa de consumidores y usuarios.

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Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal.

Con este decreto se alcanza la reforma número 21 de la Ley Concursal desde su publicación en 2004. El legislador parte de tres premisas básicas para su elaboración: considerar la continuidad de las empresas económicamente viables en este contexto de crisis, acomodar el privilegio jurídico a la realidad económica y respetar la naturaleza jurídica de las garantías reales. Analizaremos algunas de las modificaciones más relevantes que introduce el Real Decreto-Ley, las cuales afectan a los convenios y a su aprobación. La primera de ellas es que se amplían los márgenes de las quitas y las esperas, pudiéndose aprobar quitas superiores al 50% y esperas superiores a 5 años pero que no excedan de 10. Por otro lado, se aumentan las mayorías necesarias para la aprobación del convenio, así como la posibilidad de ceder en pago de créditos los bienes o derechos que no resulten necesarios para la continuación de la actividad del concursado.

Hasta ahora se negaba el derecho a voto en la junta de acreedores tanto a los titulares de créditos subordinados como a quienes hubieran adquirido su crédito por actos entre vivos después de la celebración del concurso. Después de la reforma, podrán votar estos últimos, lo que ampliará el quorum necesario para la junta. Otra novedad importante es la posibilidad de que los acreedores privilegiados se vean arrastrados y queden vinculados por el convenio. Para que ello ocurra es necesario que voten favorablemente el convenio un porcentaje significativo de los acreedores de la misma clase, ya que los acreedores privilegiados quedan divididos en cuatro grupos (laborales, públicos, financieros, resto de acreedores). De este modo, solo se verán vinculados por el convenio los acreedores de cada grupo en función de si el 60% o el 75% de la misma clase hayan votado a favor. En cuanto a las reformas que afectan a la liquidación, se pretende facilitar el desarrollo de esta fase, tratando de favorecer la continuidad de la empresa. Se permitirá pues que el Juez retenga un 10% de la masa activa, con el fin de atender a posibles impugnaciones futuras, y se estipula que el adquirente de la empresa queda subrogado en la posición que tuviera la concursada en los contratos privados y administrativos de los que fuera parte.

Finalmente, cabe destacar algunas medidas para reforzar la posición de los acreedores públicos, como la prohibición de incluir propuestas alternativas para ellos en los convenios, y el hecho de que empresas concesionarias de obras y servicios públicos o contratistas de las administraciones públicas puedan presentar propuestas de convenio.

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Real Decreto 681/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y el Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de información estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional.

Este Real Decreto transpone al Ordenamiento Jurídico español la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo, el cual establece novedades en la normativa relativa a los planes de pensiones. Con este texto, se modifica el anterior Reglamento de planes y fondos de pensiones aprobados por el Real Decreto 304/2004 de 20 de febrero así como el resto de normativa aplicable en materia de pensiones. Como principales novedades se establece el abaratamiento de las comisiones que pagan los partícipes de planes y fondos de pensiones, rebajándose del 2,5% al 1,75%. De la misma manera también se disminuye la comisión máxima de los depósitos del 0,5% al 0,25%. El Real Decreto regula el acceso del beneficiario al plan de pensiones, y acota el control y la supervisión de los mismos. Asimismo, también se eleva la transparencia e información que reciben los clientes en la suscripción de planes y fondos de pensiones, siendo obligatorio recibir un documento de datos fundamentales, semejante a la ficha de información precontractual que se emplea en otros productos financieros. Para elevar los niveles de transparencia, se obliga a la entidad oferente a que informe al suscriptor de la rentabilidad del producto durante los 20 últimos años, así como que ofrezca a través de la página web de la gestora la rentabilidad que está ofreciendo el producto en cuestión.

Respecto a las novedades en materia de seguros, la norma introduce la obligación de armonizar el cálculo de la rentabilidad esperada en los seguros de vida; también regula el cálculo de las provisiones en los seguros de decesos; y modifica ciertos aspectos en el contenido de la inversión tax lease (operación de arrendamiento financiero utilizado en la adquisición de naves). Asimismo, también plasma el contenido de la sentencia del TJUE que prohíbe a las aseguradoras establecer diferencias en la prima del seguro según el sexo del asegurado. A efectos de información del lector, este contenido contempla tanto los cambios introducidos por el Real Decreto de 1 de agosto como las últimas correcciones de errores que se introducen en el Boletín Oficial del Estado de fecha 18 de septiembre de 2014.

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Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público.

Este Real Decreto traspone el contenido de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que impone a los Estados miembros de la Unión Europea la obligación de reconocer a los autores, el derecho a percibir una remuneración por los préstamos públicos de sus obras. La norma impone el derecho de abonar un canon a los autores por los préstamos que realicen museos, bibliotecas, fonotecas o filmotecas abiertas al público, de contenido susceptible de generar derechos de autor; estando exentos por tanto las obras que pertenecen al dominio público. Los únicos establecimientos públicos que no han de abonar el citado canon son las bibliotecas de municipios con menos de 5.000 habitantes y las bibliotecas de instituciones docentes. También estarán exentos de generar derechos de autor las consultas realizadas in situ por los usuarios o los préstamos realizados a personas discapacitadas que tengan reconocido algún beneficio por la Ley de Propiedad Intelectual. Deberán abonar el canon los titulares de los establecimientos públicos a las entidades de gestión de derechos de autor. El pago tendrá carácter anual y se hará efectivo durante el semestre siguiente. Hasta 2016, fecha en que se hace efectivo el nuevo régimen, se abonará un único canon de 0,16 euros por obra adquirida. A partir de 2016 el sistema prevé un doble sistema de remuneración. Un canon de 0,005 euros por usuario y un canon de 0,004 euros por puesta a disposición.

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Real Decreto 411/2014, de 6 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 896/2003, de 11 de julio, por el que se regula la expedición del pasaporte ordinario y se determinan sus características.

Este texto normativo regula las características y requisitos para la obtención del pasaporte ordinario, pasando a modificar las previsiones de la norma que hasta la fecha regulaba su expedición, el Real Decreto 896/2003, de 11 de julio. La nueva norma, actualiza el pasaporte a la nueva realidad social y tecnológica del momento, disponiendo limitaciones del derecho a obtenerlo cuando existan medidas cautelares de la autoridad judicial que prevean prohibiciones de expedición o salida del territorio nacional e un determinado sujeto. A esta previsión también se reconoce la limitación que pueda establecer el Ministerio de Interior cuando exista situación de estado de alarma, excepción y sitio. Asimismo, y para evitar la posible sustracción de un menor del país de forma unilateral por uno de los padres, se requiere que, para la expedición del documento del menor, consientan ambos progenitores.

Como novedades físicas, se introduce la existencia de dos líneas de texto OCR en la parte inferior de la hoja de datos, que servirá para insertar acuerdos y disposiciones internacionales aplicables al pasaporte. También se añadirá un chip electrónico, semejante al del documento nacional de identidad actual, que contendrá información referida al titular. Finalmente el Real Decreto dispone la documentación necesaria a aportar para la expedición, y el presupuesto de que no será exigible aportar toda aquella documentación susceptible de poder ser consultada por medios telemáticos.

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Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos.

Esta normativa supone la transposición a nuestro derecho interno de la Directiva 2004/23/CE, del Parlamento europeo, la cual establecía directrices en materia de calidad, seguridad, evaluación y almacenamiento de células y tejidos humanos. El Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre ya vino a trasponer esta normativa al ordenamiento jurídico español. Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló, por insuficiencia de rango, el mencionado real decreto, mediante sentencia el 30 de mayo de 2014. El nuevo texto legal reproduce el anterior, añadiéndose tan solo cambios de carácter formal.

Este Real Decreto ley tiene como objetivo evitar cualquier vacío legal sobre esta materia. Inicia su articulado detallando el ámbito de aplicación de esta normativa, abarcando todos los tejidos y células humanas, incluyendo las células progenitoras hematopoyéticas de sangre periférica, el cordón umbilical o la médula ósea. Posteriormente detalla las diferencias de la donación en función de que el donante este vivo o haya fallecido, siendo necesaria la mayoría de edad en el primer caso, y requiriéndose la ausencia de una negativa expresa en el segundo. Se recoge también la regulación sobre el procesamiento, almacenamiento y distribución de células y tejidos humanos, manteniéndose aquí la obligatoriedad de inscribir todas las muestras conservadas en territorio español en el Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO) para su posible utilización futura por cualquier receptor compatible. Sin embargo, se abre la vía de la crioconservación privada al autorizar la conservación de la muestra en países extranjeros donde sí está contemplado el depósito de células madre para uso exclusivo del donante o de su familia.

El articulado abarca también el ámbito del concreto método de aplicación de células y tejidos, mediante mecanismos de control, de acceso, de información y biovigilancia. Dicho ámbito viene acompañado por un capítulo dedicado a la inspección, evaluación y acreditación de la excelencia de los centros y servicios dedicados a este tipo de actividad médica, contemplándose la tipología de las infracciones y las posibles sanciones. Se incluye una disposición transitoria que regula la aplicación de esta norma con carácter retroactivo, salvo en lo que se refiere a disposiciones sancionadores no favorables o restrictivas de derechos individuales.

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Real Decreto 637/2014, de 25 de julio, por el que se modifica el artículo 23 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre.

Este Real Decreto determina los conceptos retributivos que conforman la base de cotización a la Seguridad Social. Este texto por tanto, modifica el anterior Reglamento General sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 2064/1995.

La presente norma, determina los conceptos retributivos que cotizan a la Seguridad Social, distinguiendo las percepciones dinerarias (sueldo y otras percepciones monetarias de carácter salarial) y las percepciones en especie (otras percepciones distintas de las dinerarias que perciba el trabajador), valorándose estas últimas por el coste medio que suponga para el empresario la entrega del bien al trabajador. Esta regla para el cálculo no se aplica para los supuestos de prestación de servicios de guardería o educación de los hijos del trabajador; puesta a disposición de vivienda o vehículo; y préstamos con un interés inferior al legal del dinero.

El Real Decreto también establece que los gastos de manutención, estancia o locomoción que tengan lugar por desplazamientos del trabajador a fuera de su lugar de trabajo habitual estarán exentos, de la misma manera que estarán excluidas las indemnizaciones por fallecimiento, traslados, suspensiones o despidos. Finalmente, también estarán exentas las prestaciones de Seguridad Social, las mejoras de prestaciones por IT, y las asignaciones destinadas a satisfacer gastos de estudios del trabajador.

Finalmente, la disposición final primera amplía el plazo hasta el 30 de septiembre de 2014 para liquidar e ingresar las diferencias motivadas por los nuevos conceptos que se hayan devengado entre diciembre de 2013 y julio de 2014.

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