Novedades legislativas

Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.

Este Real Decreto se establece en modificación de la estructura universitaria regida por el Real Decreto 1393/2007 respecto a las enseñanzas universitarias oficiales, y el Real Decreto 99/2011 sobre las enseñanzas oficiales de doctorado. Se venía estableciendo en esta normativa, por un lado, la titulación de Grado de 240 créditos; y por otro, tener la titulación de Grado y Máster para el acceso al doctorado.

A estos efectos, este Real Decreto 43/2015, lo que pretende es reducir el número de créditos para obtener la titulación de Grado, eliminando el criterio numérico fijado al respecto; y sobre el doctorado, fijar un número de créditos para su obtención. Todo ello, el Gobierno considera que sirve de garantía a los estudiantes de cara a su internacionalización ya que en numerosos países se sigue un plan de estudios que discrepa notablemente con el impartido en nuestro país.

Entre sus modificaciones, sobre el Real Decreto dedicado a la enseñanza universitaria oficial se dispone que los planes de estudio del Grado universitario tendrán como mínimo 180 créditos y como máximo 240 en los que se impartirá formación básica, dejando al margen la especialización del estudiante en el Grado. Se añade a estas modificaciones, la que incide en el Real Decreto dedicado a la enseñanza oficial de doctorado, en la que para su obtención se requerirá al estudiante la obtención del título universitario de Grado y el de Máster, y la suma de los créditos de ambos no podrá ser inferior a 300.

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Ley 31/2014, de 3 de diciembre, que modifica la Ley de Sociedades de Capital

Esta Ley entró en vigor el 24 de diciembre de 2014 y supone una modificación de la estructura organizativa interna de las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y sociedades cotizadas.

Entre las novedades que introduce esta ley, se incorporan modificaciones que inciden en la junta general y los derechos de los socios y accionistas. Se introducen variantes relativas a la competencia de la junta general, reforzando esta estructura mediante la asignación directa que la Ley le concede para adjudicar y obtener activos esenciales; en relación a las votaciones, se da la posibilidad de que los accionistas se pronuncien unilateralmente. Se añaden además, otras modificaciones que inciden en la estructura organizativa de las sociedades, como pueden ser las mayorías para la adopción de acuerdos en las sociedades anónimas; se delimita el alcance del derecho de información de los accionistas, previniéndose casos en los que no será necesario conceder información a los solicitantes que ostenten menos del 25% del capital social.

El alcance de las novedades contenidas en la Ley a los administradores y al órgano de administración. Sobre los administradores, se configuran toda una serie de deberes como son los de diligencia y lealtad, reforzando especialmente éste último, detallando las obligaciones que se desprenden de este deber y el alcance de la correspondiente sanción a imponer en caso de incumplimiento, como por ejemplo, la devolución del enriquecimiento injusto obtenido.

En esta misma línea, en relación a la responsabilidad de los administradores se verán afectadas, además, las personas físicas representantes del administrador; asimismo, se legitima al ejercicio de esta acción a los socios que por su participación puedan requerir convocatoria de una junta general, ante la inactividad de los administradores en este aspecto. No obstante, esta acción es susceptible de prescripción en el plazo de cuatro años desde el día en que se pudo ejercer.

Finalmente, la nueva Ley se centra en la regulación de ciertos aspectos del Consejo de Administración reservando determinadas facultades a éste órgano; incrementando sus reuniones, exigiendo que se reúnan una vez al trimestre, como mínimo; y una mayor accesibilidad a la impugnación de los acuerdos de este consejo, reduciendo el capital necesario del cinco al uno por ciento. Además, sobre la remuneración de los administrados, se incluyen adaptaciones justificadas con fines de rendimiento y beneficio de la sociedad a largo plazo, sometiendo algunos términos de estas remuneraciones a criterio de la junta; destacando que la retribución de aquellos administradores que se encargan de las funciones ejecutivas de la sociedad, será fijada por el consejo, debiendo constar en un contrato de administración celebrado entre el consejo y la compañía.

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Ley 34/2014, de 26 de diciembre, sobre medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social.

Esta Ley, instaura un nuevo sistema de liquidación directa de cuotas a la Seguridad Social a cargo de la Tesorería General de la Seguridad Social. El nuevo sistema implementado, establece que la liquidación de cuotas se pase a efectuar directamente por la Tesorería General de la Seguridad Social, aplicando para el mismo un nuevo sistema de cálculo de cotización para cada afiliado, en función de la información que consta en los ficheros de la Administración, así como la que haya de ser aportada por el sujeto obligado a la cotización.

Consecuentemente, la Ley pasa a dar una nueva redacción al artículo 19 de la Ley General de la Seguridad Social, previendo tres sistemas de cotización: el sistema de autoliquidación por el sujeto responsable del ingreso de las cuotas a la Seguridad Social, el nuevo sistema de liquidación directa instaurado por la Ley, y el sistema de liquidación simplificada.

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Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para el 2015.

Este Real Decreto viene a cumplir lo establecido en el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, donde pasa a fijar la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI) que será de aplicación a partir del 1 de enero de 2015. Este salario será de aplicación tanto para trabajadores fijos, eventuales, temporeros o empleados de hogar.

El Real Decreto, fija una subida del 0,5% respecto al salario mínimo interprofesional de 2014. Por tanto, para 2015, el SMI será de 648,60 euros mensuales repartido en 14 pagas. Dicho salario no podrá ser minorado por percibir una parte del mismo en especie, y asimismo, deberá ser complementado con los complementos salariales previstos mediante el Convenio Colectivo de aplicación.

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Real Decreto-ley 14/2014, de 7 de noviembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito para financiar actuaciones de distintos Departamentos Ministeriales.

El objeto principal de este real decreto-ley, es proceder a la concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, dirigidos al incentivo de los distintos presupuestos concedidos a los Departamentos Ministeriales del Gobierno del Estado. El importe total de esta concesión es de 259.754.106.32 euros. Además, se procede a la aprobación de varias actuaciones de colaboración entre la Dirección General de la Policía y la Intervención General de la Administración del Estado, como puede ser la dirigida a la financiación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entre otras.

Entre los créditos extraordinarios y suplementos de crédito concedidos, podemos destacar el dirigido a hacer frente a las necesidades derivadas del brote de ébola en España. Esta aportación responde a la necesidad de potenciar la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud y de los departamentos ministeriales implicados en ella, tras el reciente caso de contagio del virus del ébola a un profesional sanitario. En esta misma línea, se pretende reforzar los medios disponibles en varios departamentos ministeriales para poder hacer frente, en un futuro, a un nuevo caso de contagio en nuestro país.

Finalmente, destacar las concesiones dirigidas al Ministerio de Economía y Competitividad con el fin de atender al pago de las aportaciones de las Instituciones Financieras Multilaterales (IFIS), que se encargan de financiar en varios aspectos a los países en vías de desarrollo, como pueden ser: la lucha contra la pobreza, el fomento de la educación universal, etc.

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Real Decreto 1003/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a cuenta y deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo.

Este Real Decreto, plasma los cambios introducidos por la Ley 26/2014 que modifica determinados apartados de la Ley del IRPF. Dichas modificaciones empezarán a surgir efectos a partir del 1 de enero de 2015. Entre las principales novedades aprobadas, las más importantes son que la deducción que se vienen aplicando las familias numerosas de 1.200 euros en la declaración de la renta con carácter anual, se pueda aplicar con carácter mensual; es decir se podrán aplicar 12 deducciones mensuales de 100 euros. En el supuesto de que dicha familia numerosa sea de carácter especial, la deducción podrá ser de 200 euros al mes. Asimismo, se establece que esta deducción se pueda añadir a la de contribuyentes con discapacidad a cargo.

El Real Decreto también introduce la reducción de la carga tributaria soportada por los contribuyentes mediante la reducción de los tramos de rendimientos del trabajo, la elevación del mínimo personal y familiar, la elevación de los umbrales de retención, y la simplificación y minoración del importe que los trabajadores por cuenta propia han de tributar.

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Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, trangéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, bifobia y la transfobia.

El principal objetivo de esta ley es establecer y regular las medidas para hacer efectiva la no discriminación a cualquier tipo de persona por razón de orientación sexual o identidad de género. Por tanto, la ley busca facilitar la participación y representación del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI en adelante) en todos los ámbitos de la vida social.

Como principales medidas se establece la obligación de las Administraciones públicas catalanas de velar por la no discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género. Asimismo, se establece la creación del Consejo Nacional de Lesbianas, Gays, Bisexsuales, Transgéneros e Intersexuales como órgano consultivo de las Administraciones Públicas Catalanas. Asimismo, la ley también establece la obligación de que las Administraciones Públicas de Catalunya garanticen la formación y sensibilización adecuada de los profesionales de la sanidad, educación, justicia y cuerpos de seguridad.

La ley, como medida especialmente novedosa, establece ciertas obligaciones tanto a la policía como a los centros penitenciarios. Los cacheos de los transgéneros e intersexuales deberán realizarse según la identidad sentida del sujeto a cachear; así como la obligación de que los internos en centros penitenciarios puedan seguir recibiendo tratamiento hormonal.

Finalmente, la ley también prevé el derecho a la tutela judicial y administrativa respecto al derecho a la igualdad del colectivo LGBTI así como el derecho de que no puedan ser discriminados por motivo del derecho de admisión.

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Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2015.

Esta resolución publica la lista de todos los festivos laborales para el año 2015, ya sean de ámbito estatal o autonómico. Dicho listado debe ampliarse con los dos festivos locales establecidos por cada municipio. A efectos informativos, este contenido toma como referencia los festivos de Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat, por ser los municipios más próximos a este despacho profesional:

Jueves 1 de enero, Año Nuevo; Martes 6 de enero, Epifanía del Señor (más conocido como el día de Reyes); Viernes 3 de abril, viernes Santo; Lunes 6 de abril, lunes de Pascua; Viernes 1 de mayo, día del Trabajo; Lunes 1 de junio, la segunda Pascua (festivo sólo en el Área Metropolitana de Barcelona); Miércoles 24 de junio, Sant Joan; Sábado 15 de agosto, Asunción de la Virgen: Viernes 11 de septiembre, Diada Nacional de Catalunya; Jueves 24 de septiembre, la Mercè (festivo en Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat y Sant Joan Despí); Lunes 12 de octubre, la Hispanidad; Martes 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción; Viernes 25 de diciembre, Navidad y Sábado 26 de diciembre, Sant Esteve.

Por tanto, según la relación del listado se podrán realizar cuatro posibles puentes durante el 2015: en Año Nuevo (jueves festivo, viernes puente); para Reyes (lunes puente, martes festivo); para la Mercè (jueves festivo, viernes puente); y para el esperado puente de la Constitución (lunes puente, martes festivo).

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Decreto 129/2014, de 27 de septiembre, de convocatoria de la consulta popular no refrendaria sobre el futuro político de Cataluña.

El documento inicia su redactado con un breve preámbulo en el que se específica la atribución de la competencia exclusiva en materia de consultas populares a Cataluña dentro de su territorio, tal y como estipula el Estatuto de Autonomía. Como consecuencia de ello, se explica la aprobación por amplia mayoría de la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no refrendarias y otras formas de participación ciudadana.

Se detalla en el preámbulo que entre las materias que pueden ser consultadas en una convocatoria en todo el territorio catalán, se encuentran esas de especial relevancia para el país, y en las cuales la Generalitat tiene la potestad de ejercer la iniciativa formal delante de las instituciones del Estado. Sumando a todo ello el mandato parlamentario que se realizó en enero de 2013 para iniciar el proceso del derecho a decidir, y el llamamiento ciudadano que se ha producido, considera el Gobierno de la Generalitat, a través de este decreto, legitimada la convocatoria de la consulta.

Ocho artículos forman el cuerpo del documento. Se recoge en ellos la fecha de la consulta, el 9 de noviembre, así como el objeto de la misma, destinada a conocer la opinión de los ciudadanos sobre el futuro político de Cataluña. Esto se realizará a través de dos preguntas sucesivas: la primera “¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? Si o no”. A continuación, y solo pudiendo contestar en caso de haber contestado afirmativamente la primera, se formula una segunda “¿Quiere que este Estado sea independiente?”.

Las personas que son llamadas a participar son las que sean mayores de 16 años con la condición política de catalanes, incluyendo los que residan en el extranjero, los nacionales de estados de la Unión Europea que acrediten un año de residencia continuada en Cataluña, y tres años en caso de nacionales de un tercer estado. Los convocados podrán votar presencialmente el 9 de noviembre de 2014 y anticipadamente por depósito entre los días 20 y 25 de octubre de 2014. El documento recoge su entrada en vigor, que se efectuó el mismo día en que fue publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, el 27 de septiembre de 2014.

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Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no refrendarias y otras formas de participación ciudadana

La nueva ley se encamina a desarrollar el artículo 122 del Estatuto de Cataluña, el cual prevé la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de consultas populares dentro de sus competencias, así como en el ámbito local. Esta normativa establece el régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, el cumplimiento y la convocatoria de los mecanismos de las consultas populares no refrendarias y otras formas y mecanismos de participación ciudadana.

La ley desarrolla un articulado referente a la definición y al procedimiento a seguir para poder efectuar una consulta popular a la ciudadanía, estableciendo los matices procedimentales a seguir en función de si es una consulta de ámbito catalán, abarcando todo el territorio de Cataluña, o bien de ámbito municipal y supramunicipal. Los promotores de dichas consultas, las cuales en ningún modo serán vinculantes al no gozar de carácter de referéndum, podrán ser tanto las instituciones como los propios ciudadanos. En el primer caso será el Presidente de la Generalitat, el Parlamento de Cataluña o un 10% de los municipios los encargados de promoverla, y en el segundo serán requeridas 75.000 firmas de ciudadanos para una consulta que sea a nivel de todo el territorio catalán.

Las personas legitimadas a participar en las consultas serán las mayores de 16 años que tengan la condición política de catalanes. Se incluyen también los catalanes que residen en el extranjero, los nacionales de un estado miembro de la Unión Europea con un año de residencia continuada en Cataluña, y tres años en el caso de nacionales de terceros estados. Para gestionar la participación se creará el Registro de participación en consultas populares no refrendarias el cual elaborará, entre otros, la lista de personas llamadas a participar.

En cuanto al procedimiento para desarrollar estas consultas, el primer paso es la convocatoria, a través de un decreto promulgado por el Presidente de la Generalitat. La formulación de la consulta puede contener una o más preguntas o propuestas, pudiéndose formular diferentes propuestas alternativas o bien sucesivas, en este último caso, siempre que versen sobre el mismo objeto de la consulta. Las premisas de la consulta deben ser formuladas de forma neutra, clara e inequívoca, y deben respetar los derechos y libertades fundamentales de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. Se excluyen las consultas referidas a materias tributarias o a presupuestos ya aprobados. Una vez firmado el Decreto, se inicia un período de difusión institucional para garantizar el derecho de información sin influir sobre la participación o la orientación en las respuestas.

La normativa regula a su vez mecanismos para asegurar la fiabilidad y neutralidad de la consulta, creando la comisión de control, encargada de que las consultas se ajusten a los requisitos procedimentales establecidos en la ley, la comisión de seguimiento, supeditada a la anterior, y las mesas de consulta, sujetas a una regulación exhaustiva en lo que a trasparencia se refiere, al ser los órganos delante de los cuales se realizará la votación. Los resultados finales serán declarados por la comisión de control.

El título III aborda los procesos de participación ciudadana, definiéndolos como actuaciones institucionales destinadas a facilitar y promover la intervención de la ciudadanía en la orientación o definición de las políticas públicas. Se pueden convocar en relación a cualquier propuesta, actuación o decisión que pueda ser relevante para debatir con la ciudadanía. Estos procesos pueden materializarse a través de encuestas, audiencias públicas ciudadanas o fórums de participación.

La aprobación de esta ley no ha estado exenta de polémica, al ser la plataforma necesaria para realizar la votación anunciada por el President Artur Mas para el 9 de noviembre, en la que se prevé que Cataluña pueda votar por la independencia. Miembros del Gobierno estatal ya han adelantado la inconstitucionalidad de la norma, la cual deberá dirimirse en el Tribunal Constitucional.

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