Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal.

Con este decreto se alcanza la reforma número 21 de la Ley Concursal desde su publicación en 2004. El legislador parte de tres premisas básicas para su elaboración: considerar la continuidad de las empresas económicamente viables en este contexto de crisis, acomodar el privilegio jurídico a la realidad económica y respetar la naturaleza jurídica de las garantías reales. Analizaremos algunas de las modificaciones más relevantes que introduce el Real Decreto-Ley, las cuales afectan a los convenios y a su aprobación. La primera de ellas es que se amplían los márgenes de las quitas y las esperas, pudiéndose aprobar quitas superiores al 50% y esperas superiores a 5 años pero que no excedan de 10. Por otro lado, se aumentan las mayorías necesarias para la aprobación del convenio, así como la posibilidad de ceder en pago de créditos los bienes o derechos que no resulten necesarios para la continuación de la actividad del concursado.

Hasta ahora se negaba el derecho a voto en la junta de acreedores tanto a los titulares de créditos subordinados como a quienes hubieran adquirido su crédito por actos entre vivos después de la celebración del concurso. Después de la reforma, podrán votar estos últimos, lo que ampliará el quorum necesario para la junta. Otra novedad importante es la posibilidad de que los acreedores privilegiados se vean arrastrados y queden vinculados por el convenio. Para que ello ocurra es necesario que voten favorablemente el convenio un porcentaje significativo de los acreedores de la misma clase, ya que los acreedores privilegiados quedan divididos en cuatro grupos (laborales, públicos, financieros, resto de acreedores). De este modo, solo se verán vinculados por el convenio los acreedores de cada grupo en función de si el 60% o el 75% de la misma clase hayan votado a favor. En cuanto a las reformas que afectan a la liquidación, se pretende facilitar el desarrollo de esta fase, tratando de favorecer la continuidad de la empresa. Se permitirá pues que el Juez retenga un 10% de la masa activa, con el fin de atender a posibles impugnaciones futuras, y se estipula que el adquirente de la empresa queda subrogado en la posición que tuviera la concursada en los contratos privados y administrativos de los que fuera parte.

Finalmente, cabe destacar algunas medidas para reforzar la posición de los acreedores públicos, como la prohibición de incluir propuestas alternativas para ellos en los convenios, y el hecho de que empresas concesionarias de obras y servicios públicos o contratistas de las administraciones públicas puedan presentar propuestas de convenio.

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