Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.

El objetivo general de esta ley es la de reformar la Administración pública para mejorar su eficiencia y productividad, posibilitando el crecimiento económico y la prestación efectiva de los servicios públicos. Por otro lado, se trata de reducir duplicidades y malgasto de dinero público. Las modificaciones ejecutan las recomendaciones del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. Analizamos aquí aquellas de mayor relevancia. Se unifica en el BOE la publicación de anuncios que corresponden a todas las notificaciones catastrales, independientemente del procedimiento del cual deriven, con tal de coordinar la normativa con el resto de notificaciones tributarias y administrativas.

En cuanto a la eficiencia energética, las Administraciones Públicas integradas en el Sector Público Estatal únicamente podrán adquirir bienes, servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético, siempre y cuando sea coherente con la rentabilidad y viabilidad económica, así como la idoneidad técnica. Esta obligación engloba a los contratos de suministro, de servicios y de obras cuyo fin sea la construcción de un edificio y el valor estimado sea de una elevada cuantía. En materia de empleados públicos, en primer lugar, se amplían a cinco el número de días reconocidos en la normativa vigente para la atención de asuntos particulares. En segundo lugar, se introducen cambios imprescindibles para fomentar la movilidad de los empleados públicos, con el objetivo de, por un lado, atender con eficacia destinar recursos a unidades deficitarias, y por otro posibilitar que las personas que trabajan en la Administración tengan otras vías de desempeño profesional para completar su carrera administrativa. De este modo, se flexibiliza la dependencia funcional de los interinos, se regulariza el régimen aplicable a supuestos de movilidad voluntaria entre Administraciones territoriales, y se crea la situación administrativa de servicios en la Administración civil para el personal militar. Finalmente, se introducen otras modificaciones que precisan ser verificadas en un futuro a través de la aprobación de una norma con rango de Ley, en los siguientes ámbitos: consejo de transparencia y buen gobierno, sector ferroviario y defensa de consumidores y usuarios.

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