Novedades legislativas

Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

La Ley 6/2014 ha modificado el anterior texto normativo vigente, la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que fue aprobada por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. Este texto, se ha modificado con el objetivo de reducir la siniestralidad en las carreteras y conseguir modernizar la legislación al contexto social actual. La nueva Ley pero, modifica ciertos aspectos a la espera de desarrollar el resto de cambios mediante la publicación del nuevo Reglamento General de Circulación (el Reglamento actual data del año 2003). Como principales medidas para intentar reducir la siniestralidad, se establece el sancionar la mera presencia de drogas en el organismo del conductor, con excepción de aquellas con fines terapéuticos y prescritas medicamente, siempre y cuando no afecten a las condiciones del conductor. Además, el nuevo texto aumenta la cuantía de las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol en supuestos de especial gravedad, como por ejemplo cuando el conductor sea reincidente. En materia de bicicletas, y con el objetivo de aumentar la seguridad, el nuevo texto normativo mantiene la obligación de portar casco en los desplazamientos en vías interurbanas, y además añade la obligación de que los menores de 16 años porten el casco sea cual sea el trayecto que realicen.

La nueva Ley, a diferencia de las previsiones de la anterior, prohíbe los sistemas de detección de radares o cinemómetros con una multa de 200 euros y la detracción de 3 puntos del permiso de conducir. Esta previsión no afecta a los avisadores de radar que funcionan con un sistema de GPS. En materia de notificación de sanciones, los agentes de tráfico podrán sancionar sin necesidad de detener al vehículo infractor, como venía sucediendo hasta ahora. Respecto a las materias que la nueva Ley deja para el desarrollo reglamentario, está la posibilidad de aumentar el límite de velocidad en determinados tramos de autopista a 130 kilómetros por hora, y el establecimiento de un límite de 20 kilómetros por hora en zonas urbanas. Finalmente, la nueva Ley avanza enormemente en el intercambio de información sobre infracciones de tráfico, en desarrollo de la Directiva 2011/28/UE.

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Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación.

El Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, regula los mecanismos para calcular los precios voluntarios de la energía eléctrica para el pequeño consumidor y las tarifas de último recurso. El consumidor podrá acogerse a estas dos tarifas de suministro de energía eléctrica, siempre y cuando cumpla los requisitos exigidos para cada una de ellas. Los precios voluntarios para el pequeño consumidor, que sustituyen a las antiguas denominadas tarifas de último recurso existentes hasta la aprobación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, son los precios máximos que la empresa podrá cobrar al consumidor por el suministro de la energía eléctrica e incluirán el coste de producción de la energía eléctrica, los peajes de acceso, cargos y los costes de comercialización que correspondan, calculándose en función de los precios horarios. Esta tarifa será de aplicación a los consumidores de baja tensión con potencia contratada hasta 10 kW.

Las tarifas de último recurso serán de aplicación a aquellos consumidores que tengan la condición de vulnerables y a aquellos que, sin cumplir los requisitos para la aplicación del precio voluntario para el pequeño consumidor, transitoriamente no dispongan de un contrato de suministro en vigor con un comercializador en mercado libre. Los precios de las tarifas de último recurso para los consumidores vulnerables se calcularán del mismo modo que el precio voluntario para el pequeño consumidor aplicando una reducción del 25% en cada uno de los conceptos que conforman el cálculo. En el caso de las tarifas de último recurso para los consumidores que, sin tener derecho a acogerse al precio voluntario para el pequeño consumidor, transitoriamente carecen de un contrato de suministro, el precio de la tarifa será el que resulte de su cálculo añadiéndole el coste de los peajes de acceso incrementado en un 20% y el resto de términos que incluye el precio voluntario para el pequeño consumidor incrementando un 20% todos los conceptos que determinan su cálculo.

Hasta el momento, el coste de producción de la energía eléctrica se establecía a partir del resultado de las subastas CESUR que se celebraban a tal efecto. A partir del 1 de abril se determinan con base en el precio horario del mercado diario durante el período al que corresponda la facturación, de modo que el consumidor abonará el coste que ha tenido en el mercado la energía que ha consumido durante el período de facturación. Este nuevo mecanismo supondrá un ahorro para los consumidores, ya que no tendrán que pagar el coste que tenía el aseguramiento de un precio estable de la energía durante un período de tiempo, aunque, a cambio, soportarán las variaciones de precio de la electricidad resultantes del distinto precio de la energía en cada momento. No obstante, el Real Decreto prevé que el consumidor que pueda acogerse a los precios voluntarios para el pequeño consumidor tenga la opción de contratar con la empresa suministradora de energía eléctrica un precio fijo durante un período de un año, aunque en este caso el consumidor tendrá que cubrir el coste de aseguramiento del precio estable.

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Ley 4/2014, de 4 de abril, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito.

El Parlamento de Cataluña ha aprobado la Ley 4/2014, de 4 de abril, en vigor desde el 10 de abril del presente año, que regula el impuesto que grava los depósitos bancarios efectuados por los clientes en las entidades de crédito, siendo los propios bancos los que deberán satisfacer el impuesto, quedando totalmente prohibido que lo repercutan a los clientes, pues se ha considerado que el sector financiero tiene que contribuir de forma más sustancial a las finanzas públicas ya que aquellos que disponen de más recursos tienen que hacer un mayor esfuerzo. El impuesto grava los depósitos que conlleven obligación de restitución, es decir, aquellos depósitos bancarios consistentes en cuentas corrientes o cuentas de ahorro, a la vista o a plazo. Lo que se grava es la captación o tenencia de dinero de terceras personas bajo la forma de depósitos en entidades financieras. No tendrán que satisfacer el impuesto, por no estar sujetos al mismo, el Banco de España, el Banco Central Europeo, el Banco Europeo de Inversiones, el Instituto de Crédito Oficial, el Instituto Catalán de Finanzas, las secciones de crédito de las cooperativas y, con carácter general, las autoridades de regulación monetaria.

La Ley contempla un conjunto de deducciones en los casos, por ejemplo, en que el domicilio social de la entidad de crédito esté en Cataluña o deducciones por cada sucursal u oficina operativa ubicada en Cataluña, que se incrementan en este último caso cuando la sucursal u oficina esté situada en un municipio de menos de 2.000 habitantes. También serán deducibles aquellos importes que la entidad de crédito destine a finalidades de utilidad pública, de interés social, interés ambiental o de promoción económica. La recaudación y la gestión del impuesto corresponden a la Agencia Tributaria de Cataluña, organismo que también se encargará de imponer las sanciones que correspondan según las infracciones contempladas en la propia Ley, de entre las que destaca como infracción muy grave la deslocalización de depósitos provenientes de oficinas ubicadas en Cataluña que se contabilicen en oficinas situadas fuera del territorio catalán.

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Real Decreto-ley 5/2014, de 4 de abril, por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el impulso de la lucha contra el fraude fiscal y la aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Este Real Decreto Ley establece la oferta de empleo público para el ejercicio 2014 tras varios años sin convocatoria de empleo público. La ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalidad y sostenibilidad de la Administración Local establecía una nueva regulación del régimen jurídico de los funcionarios ampliando las competencias de la Administración del Estado.Entre dichas modificaciones estaba la congelación de las convocatorias de empleo público y la asignación al Ministerio de Hacienda de la función de la aprobación de la oferta de empleo público.

El propio Ministerio de Hacienda, mediante el presente Real Decreto Ley, amparándose en las necesidades de personal y a su carácter urgente, utiliza la vía del Decreto Ley para ampliar la escala de funcionarios y la ampliación de la tasa de reposición, tras años de congelación. El Real Decreto Ley establece la creación de 210 nuevas plazas dentro de la escala de funcionarios de la administración local con habilitación nacional, y la creación de 166 plazas de empleo público para la Hacienda Pública, con el objetivo de luchar y prevenir el fraude y mantener la capacidad operativa de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

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Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

La ley deroga la anterior Ley de Seguridad Privada (Ley 23/1992). Su entrada en vigor será el 5 de junio de este año, tras los dos meses de vacatio legis desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado. La ley tiene como principal finalidad que la seguridad privada sea un complemento de la seguridad pública.

Como principales novedades de la ley destaca la ampliación de los espacios donde pueden actuar las empresas de seguridad privada. Hasta ahora, sólo podían actuar en espacios cerrados, polígonos industriales y urbanizaciones. Con la nueva regulación se aumentan sus competencias a cualquier espacio público, incluyendo vías públicas. Otro de los supuestos donde se amplían las funciones de los cuerpos de vigilancia privada es el perímetro de los centros penitenciarios, función que hasta ahora correspondía en exclusiva a los cuerpos de seguridad públicos.
Respecto a la posibilidad de practicar detenciones, hasta ahora sólo podían practicarlas dentro del marco de actuación donde prestaban sus servicios; mientras que con la nueva regulación se amplían los supuestos donde practicar detenciones a la vía pública, justificando la ampliación en la previsión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que cualquier ciudadano pueda detener a otra persona en caso de delito flagrante. También se protege a los agentes de la seguridad privada convirtiéndolos en agentes de la autoridad en caso de que sean agredidos.

Por último, cambian los requisitos para acceder a la profesión, siendo muchos más laxos tras la modificación. Sólo se podrá acceder cuando no se cuenten con antecedentes penales por delitos dolosos o por vulneración de derechos fundamentales. Tampoco será requisito exclusivo tener la nacionalidad española o de un estado de la Unión Europea, sino que bastará que se sea de un país con el que haya convenio de reciprocidad. También se modifican a la baja los requisitos de las pruebas físicas.

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Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.

La Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial por lo que a la justicia universal se refiere. Su objetivo es delimitar aquellos supuestos en los que la jurisdicción española puede actuar para investigar y conocer de los delitos cometidos fuera de su territorio, es decir, qué delitos cometidos en el extranjero pueden ser perseguidos por la justicia española, regulando en qué casos y en qué condiciones.

El procedimiento para perseguir un delito cometido fuera del ámbito de la justicia española deberá iniciarse en todo caso por querella del Ministerio Fiscal o por querella presentada por la víctima del delito y deberá tener carácter subsidiario, esto es, los tribunales españoles deberán abstenerse cuando el procedimiento para perseguir el delito se haya iniciado en un Tribunal Internacional o se haya iniciado en el Tribunal del estado donde fue cometido o del cual sea nacional el imputado por el delito. En estos dos últimos supuestos, los Tribunales españoles tendrán competencia para perseguir el delito si el imputado se encuentra en España, siempre y cuando no vaya a ser extraditado a otro país o transferido a un Tribunal Internacional para ser juzgado. Asimismo, la jurisdicción española también será competente para conocer de los delitos que, aun cometidos en el extranjero, el Tribunal que tuviera la competencia para juzgarlos no estuviera dispuesto a llevar a cabo la investigación o no pudiera realmente hacerlo.

La Ley Orgánica que nos ocupa entró en vigor el día 15 de mayo del año en curso, y desde este momento es de aplicación también a los procedimientos ya iniciados, de los cuales tendrá que abstenerse la jurisdicción española si, según la nueva legislación, no es competente para conocer de ellos.

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Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

La norma traspone al derecho español la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 sobre derechos de los consumidores y será de aplicación a los contratos celebrados a partir del 13 de junio de 2014. Amplía la protección a los consumidores y usuarios en términos generales y regula especialmente la contratación a distancia, girando principalmente en torno a dos derechos básicos: el deber de información y el derecho de desistimiento. Así, se establece el derecho del consumidor a recibir una correcta información precontractual, que incluye el derecho a conocer la existencia de depósitos u otras garantías legales exigidos por el empresario, los servicios postventa y garantías del producto, limitaciones técnicas y formas de utilización de programas informáticos en los contratos de suministro de contenido digital. En cuanto al derecho de desistimiento, además de crear un formulario común para el territorio europeo, se amplía el plazo de 7 días hábiles a 14 días naturales en el supuesto de que el consumidor haya sido informado debidamente de dicho plazo. En caso contrario, el plazo se amplía a 12 meses. Asimismo, se prohíbe la imposición de penalizaciones al consumidor por el ejercicio de su derecho de desistimiento. En los supuestos de contratación a distancia, por teléfono o fuera de establecimiento mercantil, el consumidor deberá aceptar las condiciones contractuales por escrito, no aceptándose las grabaciones de voz ni como prueba de la oferta contractual ni como otorgamiento del consentí miento por parte del consumidor. La ley también regula la imputación de cargas encubiertas en el contrato, tales como importes derivados del uso de determinados medios de pago, gastos de transporte o entrega y otros.

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Real Decreto 150/2014, de 7 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.

El Real Decreto 150/2014, de 7 de marzo, modifica los requisitos necesarios para poder ejercer las profesiones de abogado y de procurador de los tribunales, siendo que, del mismo modo que sucedía con la regulación anterior, la titulación universitaria no es suficiente para el ejercicio de dichas profesiones.

El Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, ya estableció que la capacitación profesional se adquiriría mediante la realización de cursos de formación, que deben incluir un período de prácticas externas, y la superación de una evaluación final, destinada a comprobar, además de los conocimientos para el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador, las normas deontológicas y profesionales. Ahora, el Real Decreto 150/2014 se encarga de modificar las características de la prueba de evaluación final, con la finalidad de crear un sistema objetivo que permita evaluar la formación teórica y práctica del aspirante, así como un sistema más ágil en la calificación final, para poder expedir los títulos con el menor tiempo posible, al mismo tiempo que pretende ser menos costoso.

De este modo, la evaluación consistirá en una única prueba escrita de contestaciones o repuestas múltiples con preguntas teóricas y supuestos prácticos que versarán sobre situaciones reales a las que probablemente se enfrentarán los candidatos a abogados y procuradores en su trabajo diario. No obstante, este examen no será la única prueba evaluable para la obtención del título para ejercer la profesión, sino que se han variado los porcentajes de modo que la calificación final resultará de la media ponderada entre el 70% de la obtenida en la evaluación y del 30% de la nota obtenida en el curso de formación.

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Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.

El Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, modifica la Ley Concursal con el objetivo de que empresas que sean rentables pero que tengan problemas de liquidez se vean obligadas a acudir al concurso de acreedores. Se trata de evitar que las compañías que tengan deudas y que pretendan refinanciarse, siempre y cuando sean viables, se vean obligadas a cerrar en cumplimiento de la legislación concursal. La finalidad pretende conseguirse saneando la empresa desde el punto de vista financiero para que pueda seguir cumpliendo con sus compromisos en el mercado y, como último fin, crear puestos de trabajo.

Se modifica la Ley Concursal permitiendo que la presentación de la comunicación del inicio de las negociaciones pueda suspender las ejecuciones judiciales de bienes que resulten necesarios para la continuidad de la actividad empresarial del deudor, durante el plazo previsto para llevarlas a cabo. También se permite suspender el resto de ejecuciones singulares promovidas por los acreedores financieros siempre que un porcentaje no inferior al 51% de acreedores de pasivos financieros hayan apoyado el inicio de las negociaciones para celebrar un acuerdo de refinanciación. Asimismo, se limitan los supuestos de suspensión de ejecución de bienes dotados de garantía real a aquellos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad empresarial de la compañía.

De un lado, se ha eliminado la obligación del informe de un experto independiente y se ha sustituido por certificación del auditor de cuentas que acredite la concurrencia de las mayorías exigidas para la adopción de los acuerdos de refinanciación. Y, de otro, se ha introducido un nuevo supuesto en el que los acuerdos alcanzados se declaran no rescindibles, sin necesidad de alcanzar determinadas mayorías, permitiendo la negociación directa del deudor con uno o más acreedores siempre y cuando no se vean reducidos los derechos de los acreedores que no intervienen en la negociación.

Como mecanismo para incentivar la concesión de nueva financiación, se atribuye excepcional y temporalmente (dos años desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley) la calificación de crédito contra la masa a la totalidad de los que originen nuevos ingresos de tesorería, comprendiendo los que sean consecuencia de un acuerdo de refinanciación y los que haya realizado el propio deudor o personas especialmente relacionadas, exceptuándose las operaciones de aumento de capital.

Por último, se modifica el régimen de homologación judicial de los acuerdos de refinanciación con ampliación del ámbito subjetivo, de modo que se extiende la posibilidad de suscribir el acuerdo a todo tipo de acreedores de pasivos financieros; se posibilita la extensión a los acreedores disidentes o no participantes de las medidas acordadas en el seno del acuerdo de refinanciación, como son las esperas, las quitas, la capitalización de deuda y la cesión de bienes en pago o para pago y; se posibilita extender los efectos producidos por el acuerdo de refinanciación a determinados acreedores que dispongan de garantía real.

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Ley 3/2014, de 19 de febrero, de horarios comerciales y de medidas para determinadas actividades de promoción.

La finalidad de la Ley 3/2014, de 19 de febrero, dictada por el Parlamento de Cataluña, pretende salvaguardar varios intereses en juego, como son el modelo comercial catalán, el derecho de los trabajadores autónomos y asalariados del comercio para que puedan conciliar la vida laboral y familiar, y el derecho de los ciudadanos a disponer de una oferta diversificada y de proximidad.

La ley limita los horarios comerciales y los días de apertura de los comercios de venta al público, a excepción de los que posteriormente se dirán, de modo que sólo pueden estar abiertos y realizar actividades de venta entre las 7h y las 22h, aunque los días 24 y 31 de diciembre deben cerrar, como máximo, a las 20h, y teniendo en cuenta que únicamente pueden abrir 12 horas diarias como máximo. Restan regulados también los días de obligado cierre, que serán el 1 y el 6 de enero, el domingo y el lunes de Pascua, el 1 de mayo, el 24 de junio, el 11 de septiembre y los días 25 y 26 de diciembre, así como el 23 de junio siempre y cuando caiga en domingo. Respecto de los domingos y los festivos, se les permite abrir un total de 8 al año, aunque cada municipio podrá fijar dos festivos más.

Como hemos avanzado anteriormente, la limitación horaria y de apertura de los comercios anunciada en el párrafo anterior, no se aplicará a los establecimientos dedicados especialmente a la venta de productos de pastelería, repostería, churrería, pan, platos preparados, prensa, flores y plantas, y las tiendas de conveniencia, entendiéndose por estas últimas los establecimientos comerciales de 500 metros cuadrados como máximo de venta de libros, periódicos y revistas; productos de alimentación; discos y vídeos; juguetes, regalos y artículos varios. También quedan exceptuados los establecimientos a los que se acceda desde el interior de estaciones o medios de transporte terrestres, marítimos o aéreos; las estaciones de servicio de carburantes; los establecimientos situados en municipios turísticos; farmacias; entre otros.

Las consecuencias del incumplimiento de las limitaciones impuestas en la presente ley serán sancionadas administrativamente con multas que pueden ir desde los 20.000 euros hasta los 600.000 euros.

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