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Sentencia del Tribunal Constitucional, número de recurso de amparo 2126/2014, de 16 de febrero de 2015.

En esta sentencia el Tribunal analiza por primera vez si la finalidad del derecho a manifestación puede llegar a agotarse, y si ese supuesto agotamiento puede justificar la prohibición de una concentración ciudadana.

Mediante esta sentencia, el Alto Tribunal ha anulado una resolución de la Subdelegación del Gobierno en Jaén que acordó prohibir la realización de manifestaciones sucesivas convocadas por el sindicato de Comisiones Obreras, por considerar que el mencionado sindicato ya había convocado un elevado número de concentraciones con un mismo objetivo, y que por consecuencia ya había expresado y difundido sus reivindicaciones. La Subdelegación defendía que “su insistencia en seguir ocupando la vía pública perturbaría ostensiblemente la paz pública y seguridad ciudadana” y que dichas movilizaciones suponían “un excesivo e ilegal ejercicio del citado derecho constitucional”

Al respecto el Tribunal Constitucional afirma que el derecho a manifestación del art. 21 de la Constitución Española no es un derecho absoluto o ilimitado, sino que, al igual que el resto de derechos fundamentales, pueden estar sujeto a ciertas modulaciones o límites. No obstante, el Tribunal sostiene que el mero hecho de ejercer de forma reiterada el derecho de manifestación no supone, como pretende la Subdelegación del Gobierno en Jaén, “un abuso o ejercicio extralimitado del mismo, ni tampoco que esta reiteración pueda suponer en sí misma una alteración del orden público”.

El Tribunal concluye que ni la reiteración en el ejercicio del derecho de reunión legitima su prohibición sin la concurrencia de otras razones que la justifiquen, ni es admisible que la autoridad gubernativa se apoye en el argumento de la habitualidad para entender conseguido el objetivo de publicidad de las protestas por los manifestantes.

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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de febrero de 2015, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial.

A causa de la falta de procedimientos adecuados, las sanciones pecuniarias impuestas por determinadas infracciones de tráfico no solían aplicarse si dichas infracciones se cometen con un vehículo matriculado en un Estado miembro distinto del Estado miembro en el que se cometió la infracción. En este sentido, la presente Directiva tiene como objetivo garantizar la eficacia de la investigación de las infracciones de tráfico en materia de seguridad vial.
La Directiva pretende facilitar el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial y la consiguiente aplicación de sanciones, cuando dichas infracciones se cometan con un vehículo matriculado en un Estado miembro distinto de aquel en que se cometió la infracción.
En su art. 2 la norma establece un procedimiento de intercambio de datos entre los Estados miembros para determinados tipos de infracción con independencia de su carácter administrativo o penal con arreglo al Derecho del Estado miembro de que se trate, éstas son: exceso de velocidad, no utilización del cinturón de seguridad, no detención ante un semáforo en rojo, conducción en estado de embriaguez, conducción bajo los efectos de drogas, no utilización del casco de protección, circulación por un carril prohibido y utilización ilegal de un teléfono móvil o de cualquier otro dispositivo de comunicación durante la conducción.

En virtud del art. 5 de la Directiva, el Estado miembro donde se cometió la infracción, una vez recibida la información necesaria sobre el infractor, decidirá si incoa o no el procedimiento. Cuando el Estado miembro opte a iniciar el procedimiento, deberá remitir carta de información al titular del vehículo o a la persona identificada como autora de la infracción, informándole de la naturaleza y consecuencias jurídicas de la infracción conforme a su Derecho, así como de la fecha y hora en que se cometió, las normas de la legislación nacional que se hayan infringido, la sanción y los datos relativos al dispositivo empleado para detectar la infracción.

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Magistrados, fiscales y juristas se manifiestan en universidades públicas contra el Código Penal.

Integrada por alrededor de 200 jueces, profesores universitarios, magistrados y fiscales progresistas; la asociación Grupo de Estudios de Política Criminal mostró su rechazo a la reforma del Código Penal en varias universidades públicas.

Entre sus críticas, atacan contra la nueva modalidad de pena privativa de libertad que se regulará bajo la denominación de prisión permanente revisable, que consideran inviable ante la carencia de estudios que demuestren su eficacia y que sirve de máscara a la pena de cadena perpetua.

Por otra parte, esta asociación mostró su posicionamiento contra las medidas que afectan a la ciudadanía en relación a su derecho a manifestar públicamente su indignación, es decir, aquellas que afectan a la propuesta ciudadana y que, según sus palabras, llegan a criminalizarla.

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La obligación de devolver lo pagado de más por las cláusulas suelo se establece a partir del 9 de mayo de 2013.

Recientemente, el Tribunal Supremo ha fallado a favor de la devolución de las cantidades indebidamente pagadas en concepto de cláusulas suelo de carácter abusivo. La recuperación de las cantidades pagadas no tienen alcance retroactivo, es decir, el Pleno de la Sala ha decretado que esa devolución desprenderá sus efectos desde el día 9 de mayo del año 2013, fecha en la que la Sentencia que falla a favor de esta devolución, fue publicada en la misma Sala del Tribunal.

Esta Sentencia creó doctrina y abrió puertas al control judicial de este tipo de cláusulas que en la mayoría de los casos se incorporaban en contratos celebrados por los consumidores con entidades bancarias para la concesión de préstamos hipotecarios. Es más, con anterioridad el Tribunal Supremo se pronunció al respecto, declarando nulas ciertas cláusulas incidiendo en la falta de claridad ofrecida a los consumidores, totalmente incompatible con esta modalidad de contrato de cierta complejidad.

El fallo que concederá la devolución de estas cantidades fue dictada a fecha de 25 de febrero de 2015, y lo que se espera del texto de la misma es conocer el alcance de las devoluciones.

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El ICAB critica que el examen de acceso a la abogacía no evalúe las competencias profesionales de los futuros letrados.

El Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) ante la convocatoria de evaluación para el ejercicio de la profesión de Abogado, critica su contenido que se ha visto modificado respecto al año anterior. Entre otros aspectos, el hecho de no evaluar la totalidad de las competencias señaladas por la normativa reguladora de acceso a la profesión o la eliminación del Código deontológico europeo, han sido detonantes para la crítica.

El ICAB entiende que las bases competenciales en los aspirantes a la profesión deben ser objeto de evaluación de los futuros letrados que se examinan; es por este motivo que el colegio pide inalterabilidad del contenido de los exámenes de acceso a la profesión así como su anuncio anticipado.

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Sentencia del Tribunal Constitucional, núm. de recurso 6368-2013 de 19 de febrero de 2015.

Esta Sentencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Generalitat contra los artículos 7 y 8.5 del Real Decreto-Ley 11/2013, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. Estos artículos inciden en la competencia del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del ejercicio de la potestad sancionadora ante infracciones vinculadas con las prestaciones percibidas por desempleo, así como los subsidios que provienen de los mismos.

Al respecto, el Gobierno de la Generalitat alega que no se ha respetado el reconocimiento de su competencia a la hora de sancionar este tipo de conductas, todo ello previsto en el artículo 24.4 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (TRLISOS) en sus apartados a) y b).

El Tribunal parte de la exposición de motivos que se prevé en el Real Decreto-Ley que recoge los artículos impugnados, en la que justifican su elaboración a “la situación de extraordinaria y urgente necesidad”. No obstante, el Pleno entiende que no queda acreditado suficientemente la atribución de la potestad sancionadora al SEPE, análoga a la ejercida y atribuida a la Generalitat por el TRLISOS, interpretando además que esta situación no puede verse justificada con los fines manifestados en la exposición de motivos de la norma relativos a proporcionar mayor seguridad jurídica a los ciudadanos que reciben las prestaciones anteriormente indicadas.

Por este motivo, finalmente el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos objeto del recurso.

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Auto del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de lo Civil, de 2 de febrero de 2015.

La alegación de los recurrentes consiste en la vulneración de tres derechos fundamentales, entre los que se encuentran: el derecho a la tutela judicial efectiva; el derecho a la igualdad sin discriminación sobre diferentes circunstancias personales; y la no discriminación por razón de su orientación sexual.

El incidente surge a raíz de la denegación de inscripción en el Registro Civil del nacimiento de dos menores nacidos a través de madre gestante por un contrato de gestación por sustitución. Al respecto, el tribunal interpreta que este tipo de filiaciones no están reconocidas en el ordenamiento jurídico español y que en consecuencia los poderes públicos no se ven en obligación de contemplar estos casos.

Se añade a estas alegaciones, la consistente en la vulneración al derecho a no sufrir discriminación por razón de la orientación sexual. A juicio del Tribunal, los recurrentes alegan una vulneración que no tiene nada que ver con el objeto del incidente de nulidad: la Sala entiende que carece de fundamento, porque la negativa de los poderes públicos a reconocer su filiación es una situación que no tiene nada que ver con la orientación sexual de la pareja. Se interpreta que la negativa reside en la forma en la que se ha producido la gestación.

La Sala del Tribunal Supremo finaliza acordando la improcedencia a declarar la nulidad de las actuaciones alegadas por los recurrentes y confirma la denegación de la inscripción de los menores en el Registro Civil.

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de lo Civil, núm. 68/2015 de 19 de febrero de 2015.

En esta Sentencia, se resuelve en casación sobre la condena a una editora de un diario nacional y al autor de una de las noticias del mismo, por vulnerar el derecho al honor de los demandantes en primera instancia por dirigirse a éstos empleando los términos ofensivos “perro” y “perra” en el escrito de un artículo de opinión.

El Tribunal procede a estimar el único motivo alegado en el recurso por los ahora recurrentes, consistente en la infracción del artículo 20.1 de la Constitución Española del derecho a la libertad de expresión, relacionado con el artículo 18 de la misma norma, del derecho al honor. Para la resolución del conflicto entre ambos derechos, el Tribunal se remite a jurisprudencia del mismo en la que se interpreta que el trato crítico y humorístico que se le dan al mismo tiempo a ciertos sucesos sociales de plena actualidad e interés público deben relacionarse con el ejercicio libre del derecho a la libertad de expresión, siempre y cuando se manifiesten en el ámbito destinado a la comunicación e información.

En virtud de este criterio, el Tribunal considera que las expresiones vertidas en el diario nacional y dirigidas a los demandantes en primera instancia, no tienen connotación insultante que afecte directamente a éstos, sino que son empleadas en relación a las imputaciones que les afectaban y a la trama de los ERE en la que están implicados por su conducta profesional. Se estima el recurso de casación.

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Real Decreto 122/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba el estatuto de la entidad de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

Esta norma, tiene por objeto aprobar el estatuto del organismo autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, que fue creada en cumplimiento de las premisas constitucionales recogidas en el artículo 25 de la norma que configura el derecho de los condenados a prisión a un trabajo retribuido y a la percepción de los beneficios derivados de la Seguridad Social, por Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria.

El Estatuto aprobado por este Real Decreto contiene 18 artículos que como normativa interna, regula su objeto, sus funciones, los órganos de dirección, el régimen de personal, entre otros asuntos. Estos contenidos aprobados son novedosos y su creación se ha visto impulsada ante la necesidad de adaptarlos a la normativa general que rige sobre las entidades del Estado de derecho público.

Entre ellos, podemos destacar el incremento de la ocupación de los condenados internos en los centros de prisión para alcanzar efectivamente la reinserción de los mismos; la sumisión a la Ley General Presupuestaria en temas financieros; la gestión de los diferentes servicios y operaciones que estén relacionadas con el trabajo penitenciario, etc.

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Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.

Este Real Decreto-Ley contiene disposiciones legales dirigidas a resolver situaciones de insolvencia y a articular mecanismos como la dación en pago. Se trata de la configuración de un sistema que pretende solucionar en parte las deudas derivadas de la liquidación de todo el patrimonio del ciudadano en beneficio de sus acreedores.

Entre sus contenidos, la norma que regula el mecanismo de segunda oportunidad, ofrece medidas dirigidas a reducir la carga financiera de empresas y familias mediante la flexibilización de los acuerdos extrajudiciales de pago, cuyo ámbito de aplicación se extiende a las personas naturales no empresarios. Entre estas medidas podemos destacar, un régimen que permite eximir a los deudores de deudas, siempre y cuando este sea de buena fe y se haya liquidado su patrimonio anteriormente. Además se ha ampliado hasta el año 2017 la suspensión de lanzamientos en viviendas habituales respecto a los colectivos especialmente vulnerables.

Por último, se desarrollan una serie de medidas tributarias que afectan a los colectivos más indefensos. Entre ellas, la exención de rentas surgidas por quitas y daciones en pago establecidas en convenios o acuerdos homologados judicialmente y la ampliación del incentivo fiscal a los ascendientes que pertenecen a una familia monoparental con dos descendientes

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