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Alarma ante las constantes expulsiones express de extranjeros.

En este artículo se alarma de las frecuentes expulsiones de inmigrantes, efectuadas por la policía, una vez finalizadas las 72 horas máximas permitidas de detención de una persona. Se advierte además, de las condiciones en las que se efectúan estas expulsiones sin previo paso por el centro de internamiento de extranjeros correspondiente. Esta denuncia, la han manifestado los abogados que pertenecen a la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española y la ONG Pueblos Unidos, quienes alegan que este tipo de expulsiones express son una cubierta de engaño a los inmigrantes, al mismo tiempo que facilitan su gestión.

Se critica que en ocasiones se intenta ejecutar una orden de expulsión varios años después de haberse dictado, y ello, sin tener en cuenta las circunstancias familiares, laborales o económicas de la persona afectada desde la orden. Asimismo también critican, la forma empleada para llevar a cabo la expulsión de inmigrantes del Estado, la falta de asistencia letrada de los afectados, y que en ocasiones, pasan años hasta la ejecución de la misma sin que medie revisión alguna de la situación del inmigrante en el Estado.

Finalmente, se denuncia la deportación de personas que son expulsadas por estar en el Estado en situación irregular sin mediar otras causas pendientes con la justicia, en vez de interponer la sanción administrativa correspondiente y evitar con ello la inmediata expulsión del inmigrante del Estado.

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Sentencia del Juzgado de lo Social nº 10 de Barcelona, núm. 50/2015 de 18 de febrero de 2015.

En esta Sentencia, se resuelve demanda de oficio interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) contra la empresaria y trabajadoras de un centro de masajes eróticos, en el que se llevó a cabo una Inspección de trabajo. Resultado de esta inspección, se levantó acta de infracción por falta de afiliación y alta en la Seguridad Social de las trabajadoras; detonante de la interposición de la demanda en la que se solicita el reconocimiento de la existencia de una relación laboral.

Debemos destacar de los hechos probados, que las trabajadoras asistían a sus puestos de trabajo a un horario determinado a la espera de los clientes. Estos clientes, eran captados a través de la página web del centro de masajes, quienes asistían al mismo y requerían servicios sexuales de las trabajadoras. Una vez finalizados estos servicios, las trabajadoras recibían una remuneración de la encargada por aquellos, consistente en un porcentaje convenido de la cantidad que previamente había sido pagada por el cliente a la encargada que dirigía el centro.

De los hechos anteriores, el Juez aprecia la concurrencia de los presupuestos sustantivos de toda relación laboral: la voluntariedad en la prestación de los servicios sexuales; la realización de los mismos por cuenta ajena bajo la dependencia de la empresaria, quien pone a disposición de las trabajadoras el local; a cambio de una remuneración anteriormente convenida con la empresaria; y con ajenidad en los frutos. No obstante, el magistrado plantea que el problema para proceder a la estimación de la demanda reside en el posible objeto ilícito del contrato, ya que se trata de servicios de prostitución los ejercidos por las trabajadoras sin ser ocultados mediando una relación de alterne paralela a los mismos.

Para el análisis de esta circunstancia, en primer lugar el magistrado estudia la posibilidad de que la relación, en la que concurran todos los presupuestos sustantivos del contrato pero con un objeto ilícito, pueda ser calificada como laboral. El Juez parte del límite penal del art. 188.1 del CP en el que se tipifica el delito de determinación a la prostitución, ejercida también por cuenta ajena e incluso siendo consentida, consistente en la explotación de la misma; así como de la jurisprudencia penal sobre el mismo precepto, que interpreta como no equiparables dentro del mismo tipo delictivo aquellos actos en los que la prostitución es forzada con aquellos en los que se ejerce libremente. En base a estas premisas, el magistrado, atendiendo al supuesto de hecho y a las propias declaraciones de la trabajadora en las que manifiesta el libre ejercicio de los servicios, concluye que no es obstáculo para el reconocimiento de la relación laboral la causa ilícita del contrato.

Por otro lado, el Juez analiza la posible repercusión que llevaría reconocer de laborales los servicios de prostitución ante un posible atentado contra los derechos fundamentales que se ven implicados, entre otros, el derecho a la dignidad, libertad, igualdad, etc. De su análisis, el magistrado ha podido analizar a nivel jurisprudencial, el reconocimiento de la vulneración de tales derechos en el ejercicio de la prostitución; aunque partiendo de la Resolución del Parlamento Europeo de 26 de febrero de 2014 en la que se recomienda, entre otras, el castigo de la compra de los servicios de prostitución y no el libre ejercicio de los mismos, el Juez entiende que si no reconociese el carácter laboral de los servicios prestados por las trabajadoras implicadas, se agravaría la situación de la mismas; ya que al mismo tiempo, con el reconocimiento que hace el Estado de otras formas de prostitución, en el caso por ejemplo de su paralelismo reconocido con las relaciones de alterne, estos derechos fundamentales implicados siguen siendo vulnerados para aquellas trabajadoras que libremente ejercen la prostitución por cuenta ajena.

Finalmente, el Juez falla a favor de la TGSS y estima la demanda considerando acreditados todos los presupuestos sustantivos necesarios para el reconocimiento de la relación laboral en los servicios prestados por las trabajadoras implicadas.

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Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, núm. 6/2015, de 5 de marzo de 2015.

Los hechos tratan sobre la creación por parte de los acusados de la página web “Youkioske”, mediante la que se divulgaba y ofrecía la lectura de ejemplares literarios y de diarios, sin la expresa autorización de los autores de los mismos, ni recibir ningún tipo de remuneración a cambio de los visitantes que leían los contenidos de la página web. No obstante, la publicidad ofrecida a través de “Youkioske”, sí proporcionaba a los acusados beneficio dinerario. Éste era gestionado y obtenido a través de la administración de una sociedad constituida para aquel fin, mediante la que explotaban económicamente la página web.

Se valora en la resolución, que el perjuicio causado a los entes que se personan como acusación particular se prolonga durante 36 meses y la acusación del Fiscal, califica la conducta llevada a cabo por los acusados de un delito contra la propiedad intelectual de los artículos 270.1 y 271 b) del Código Penal y un delito de promoción y constitución de organización criminal del artículo 570 bis 1 y 2 c) del Código Penal; calificación coincidente con las demás acusaciones a excepción de una de ellas, que entiende que concurre un delito de blanqueo de capitales del art. 303 del Código Penal del que se absolverá a los acusados.

Por un lado, a la calificación de los hechos como constitutivos de un delito contra la propiedad intelectual, será de aplicación el agravante relativo a la especial gravedad de los hechos, consistentes en la reproducción y comunicación pública de diarios y libros, con los que se producían daños de carácter económico sobre todo. Por otro lado, sobre la acusación consistente en la promoción y constitución de organización criminal, no le ha sido de aplicación su modalidad agravante al entender el Tribunal que no se aprecia peligrosidad en el seno de la organización que vaya más allá de la piratería criminal.

Finalmente, se dictará sentencia condenatoria de tres años por un delito contra la propiedad intelectual en su modalidad agravada, y otros tres años por un delito de promoción y constitución de una organización criminal.

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Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

La aprobada reforma del Código Penal que entrará en vigor el 1 de julio de 2015 trae consigo un conjunto de novedades, entre las cuales destacan las siguientes:

Un cambio drástico en lo que a política criminal se refiere ya que se introduce una nueva pena de prisión permanente revisable. Se reserva la misma para los supuestos de excepcional gravedad y tendrá duración indeterminada, si bien a partir de un plazo de entre 25 y 35 años será revisada cada dos años o bien a petición del penado con intervalos de un año. Esta pena se aplicará a una lista cerrada de delitos en la que se incluyen supuestos como asesinatos múltiples o especialmente graves por recaer sobre determinadas personas como menores de 16 años o incapaces, así como sobre el Jefe del estado español u otro estado, por pertenecer el que lo cometiese a una banda criminal o producirse después de un delito contra la libertad sexual.

Se reestructura el sistema de penas con la supresión de las faltas. Lo que antes era una falta o bien pasa a ser un delito menos grave, como en el caso de la falta de hurto, o bien se llevará por la vía administrativa, como en el caso de las faltas contra el orden público.

Modificación de los plazos para pedir la cancelación de antecedentes penales: seis meses para las penas leves; dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes; tres para las restantes penas menos graves inferiores a tres años; cinco para las iguales o superiores a tres años; y diez para las graves sin haber vuelto a delinquir.

En relación a la ejecución de la pena, ya no computará como tiempo de cumplimiento de condena la libertad condicional. La concesión de la misma supondrá la suspensión de la ejecución de la pena, que será extinguida si no hay reincidencia, o en caso de incumplimiento, se revocará la libertad.

Respecto a los delitos contra la libertad sexual, cabe destacar que se eleva la edad del consentimiento sexual a los 16 años, lo que implica que la realización de actos de carácter sexual con menores de dicha edad serán considerados delictivos, salvo que se trate de relaciones consentidas entre personas de edades y desarrollo o madurez próxima.

Se introducen nuevos delitos tipificados como en el caso del matrimonio forzado, el hostigamiento, la divulgación de imágenes íntimas obtenidas con consentimiento, la manipulación de los dispositivos de control que sirven para vigilar el cumplimiento de las penas o la financiación ilegal de los partidos.

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Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

La popularmente denominada “ley Mordaza”, cuyo anteproyecto fue presentado el 29 de noviembre de 2013, toma forma en la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, por la que se aprueba una nueva Ley de protección de Seguridad Ciudadana.

Como punto de partida deben realizarse dos puntualizaciones respecto a la primera afirmación: la nueva ley resulta cuasi orgánica; y no altera solamente el ámbito de la antigua ley de seguridad ciudadana. Primero, el nuevo texto dedica su Disposición Final Cuarta a determinar cuáles preceptos tienen carácter orgánico y cuáles no, creando así distintos niveles de protección ante futuras reformas, incluso dentro del mismo precepto. Segundo, la nueva legislación afecta otros ámbitos, en concreto y de gran notoriedad pública, la extranjería (actualmente regulada por la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) introduciendo una nueva medida contra extranjeros denominada “rechazo en frontera”.

El rechazo en frontera, según la Disposición Adicional décima, es un régimen sólo aplicable a Ceuta y Melilla que consiste en la capacidad de “rechazar” a los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza mientras intentan cruzar irregularmente la frontera.

Otro aspecto fundamental que introduce la reforma, y motivo por el cual se llevó a cabo en paralelo a la reforma del Código Penal, es la penalización de un conjunto de acciones antes tipificadas como faltas en aquél texto legal además de otras no recogidas previamente. Así, determinadas acciones escaparán, de entrada, del control judicial y se ventilarán por el procedimiento administrativo correspondiente, proceso en el cual, como es sabido, las declaraciones de los agentes de la autoridad tienen presunción de veracidad, no existiendo dicho privilegio en un proceso penal.

De entre las infracciones tipificadas como leves, graves, y muy graves, y su correspondiente sanción, destacan las siguientes, todas marcadas además por una elevada cuantía de la multa a pagar.

Serán infracciones leves, sancionadas con una multa de entre 100€ y 600€: negarse a identificarse; ocupar un inmueble sin el consentimiento del propietario; insultar a un agente de la autoridad durante una manifestación; ocupar entidades bancarias; ocupar la vía pública por la venta ambulante; consumir bebidas alcohólicas en la calle y escalar edificios.

Se incluyen en las nuevas infracciones graves, con una sanción de entre 601€ y 30.000€: grabar a la policía y utilizar las imágenes sin autorización; manifestarse frente al Congreso, Senado, o parlamentos autonómicos si se perturba la seguridad; impedir un desahucio; negarse a disolverse en una concentración o manifestación; consumir drogas en lugares públicos y solicitar o aceptar servicios sexuales en la vía pública o en presencia de menores.

En último lugar se tipifican como infracciones muy graves, sancionadas con una multa de entre 30.001€ a 600.000€: reunirse o manifestarse en infraestructuras de servicios públicos y celebrar espectáculos o actividades recreativas en contra de la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente.

Finalmente resulta oportuno recordar que varias de estas acciones ya se encuentran recogidas por diversas ordenanzas, con sus respectivas infracciones y sanciones, que los Ayuntamientos fueron aprobando a lo largo de los años desde que se les reconoció la capacidad para hacerlo por parte del Tribunal Constitucional. Habrá que esperar a la entrada en vigor el próximo 1 de julio para ver qué solución se toma en los casos de duplicidades o incongruencias entre ambos cuerpos normativos.

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Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

Este Real Decreto-ley se ha aprobado con el objetivo principal de impulsar el control en la formación y el fraude que afecta al ámbito del Sistema de Formación Profesional para el Empleo. Para ello, se regula una mayor implicación de las organizaciones empresariales y sindicales en el diseño, sistematización y propagación de los planes de formación; la creación de una Unidad especial en el seno de la Inspección de Trabajo que dirigirá su actividad a las subvenciones, bonificaciones y otras ayudas en el ámbito de la formación profesional; ampliar los sujetos que pueden ser sancionados en casos de gestión fraudulenta de los fondos destinados a la formación profesional; y la prohibición de la subcontratación en la formación.

Entre sus novedades, se ofrece en grupos de empresas, que éstas puedan organizar individualmente la formación de los trabajadores, es decir, cualquiera de las mismas podrá ofrecer la formación y además, disponer cada una de ellas, del crédito correspondiente al grupo de empresas.

Por último, este Real Decreto-ley ofrece como novedad la posibilidad de recibir la formación online, sustituyendo así la modalidad habitual seguida de impartir la formación a distancia. Este sistema, se regula dada la necesidad de adaptar la formación a los avances tecnológicos actuales y asimismo ofrecer a los ciudadanos distintas opciones para recibir la formación, pudiéndose combinar la modalidad online con la presencial.

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Real Decreto-ley 3/2015, de 22 de marzo, por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para luchar contra el fraude en los servicios públicos, para el impulso del funcionamiento de la Administración de Justicia y en aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Esta norma, regula la oferta de nuevas plazas de empleo público para evitar el fraude en el sector público y garantizar con ello las tareas de inspección y control que prevén este tipo de situaciones. Con el incremento del personal en las Administraciones Públicas dedicado a este tipo de tareas preventivas, se insta a combatir el fraude fiscal y a favorecer el aumento de los ingresos públicos de las Administraciones, dirigidos a los intereses generales de la población, a crear empleo y que permiten reducir la presión fiscal.

Estos objetivos anteriormente mencionados, son los que han impulsado a la ampliación de las plazas ya previstas en la Oferta de Empleo Público para los Cuerpos de Inspección y lucha contra el fraude fiscal y social. La oferta de empleo público ofrecida por este Real Decreto-ley consiste en la convocatoria de acceso a 294 plazas en el ámbito de la lucha contra el fraude fiscal y el control del gasto; 150 plazas en el ámbito de la lucha contra el fraude laboral y de Seguridad Social y en la Administración de Justicia y de 160 plazas en el Cuerpo de Secretarios Judiciales.

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Rafael Català se compromete a invertir 47,6 millones de euros para dotar de medios telemáticos a la Administración de Justicia.

Con el ansiado objetivo de que a partir del 1 de enero de 2016 los juzgados trabajen exclusivamente a través de medios electrónicos, Justicia prevé destinar, con cargo a su presupuesto, un total de 47,6 millones de euros para hacerlo posible. El Ministro de Justica Rafael Catalá ha declarado que a partir de la mencionada fecha y por medio de una implantación generalizada en los distintos organismos jurisdiccionales, todas las comunicaciones entre los profesionales y la Administración de Justicia se realizarán a través de medios electrónicos. (más…)

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, núm. 161/2015, de 17 de marzo de 2015.

Esta sentencia resuelve el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 1ª de 7 de julio de 2014, que resuelve los sucesos derivados de las concentraciones del “Movimiento 15 M” ante el Parlamento de Cataluña el año 2011, y que derivaron en un impedimento en el acceso de los diputados a la cámara parlamentaria. La Audiencia absolvió a varios acusados de los delitos contra las Instituciones del Estado, atentado, asociación ilícita y condenó a uno de ellos por una falta de daños.

En instancia se acordó generalizar el uso del interrogatorio por videoconferencia, tanto para los diputados perjudicados como para los testigos que lo solicitaran. Por el contrario el Fiscal entiende que el uso de este medio supuso una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de utilización de los medios de prueba pertinentes (art. 24 CE). Al respecto el Tribunal Supremo afirma que ello no supone ninguna vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, pues tanto la acusación pública, como las restantes acusaciones y defensas pudieron realizar los interrogatorios correspondientes sin ninguna distorsión perceptiva o valorativa que pudiera afectar a los sujetos destinatarios de la inmediación.

El Tribunal entra a analizar los apartados 2 y 3 del art. 229 de la LOPJ y el 731 bis de la LECrim y sostiene que es cierto que los anteriores preceptos pueden evocar una idea de justificada excepcionalidad en el uso de la videoconferencia, pero a juicio del Tribunal es un medio que garantiza los principios de oralidad, inmediación y contradicción.

En esta sentencia, el Tribunal defiende la necesidad de la asistencia letrada en las diligencias policiales de identificación que vayan más allá de una reseña fotográfica y que requiera del detenido una colaboración activa con los agentes, singularmente cuando esas instantáneas supongan los primeros actos que pasaran a integrar un posterior dictamen pericial.

Finalmente, el Tribunal entra a ponderar la colisión surgida entre la libertad de expresión y el derecho de reunión con el derecho de participación de los ciudadanos a través de sus legítimos representantes, haciendo prevalecer éste último por entender que es un principio claro para la vigencia del sistema constitucional. Al respecto y haciendo un análisis de los hechos probados, el Tribunal entiende que algunos de los partícipes en los incidentes han incurrido en el delito previsto en el art. 498 del CP, condenando a ocho de los acusado a una pena de prisión de tres años, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª de lo Civil, núm. 29/2015, de 2 de febrero de 2015.

En esta sentencia el Tribunal Supremo indemniza a una niña contagiada por el VIH a causa de unas transfusiones de sangre recibidas en el hospital público Vall d’Hebrón en 1986. El año 1997 se detectó que estaba infectada por VIH y en 2008 fue diagnosticada de SIDA, momento en que se formuló demanda de reclamación de daños y perjuicios contra la aseguradora del hospital. Las sentencias de instancia estimaron íntegramente la demanda y condenaron a la aseguradora a pagar a la niña 659.286 y 60.240 euros para cada uno de los padres.

En la sentencia, el Tribunal resuelve cuestiones relativas a la prescripción de la acción y el quantum indemnizatorio aplicable en este supuesto, atendiendo los criterios jurisprudenciales en materia de contagio de SIDA.

Por lo que se refiere a la prescripción, el Tribunal recuerda que según la doctrina jurisprudencial “es el conocimiento del padecimiento de la enfermedad y de su origen, junto con la confirmación médica de su posible evolución según el estado de la ciencia, el que ha de determinar el inicio del plazo de prescripción, pues desde ese momento sabe el agraviado (art. 1968.2 CC) tanto la existencia del daño indemnizable como la identidad del responsable”. En este caso en particular, el Tribunal Supremo entiende que se produjo una “progresión negativa de la enfermedad y que no se pudo alcanzar el diagnóstico del SIDA hasta que el VIH no se diagnosticó como C3, lo que se produjo en abril de 2008”. A partir de este momento, que es el más grave, según la Organización Mundial de la Salud, solo cabe el agravamiento del estado del paciente en función de las infecciones oportunistas que le afectarán dado la inmunodeficiencia que padece, o lo que es lo mismo, a partir de ese estadio C3 la enfermedad se vuelve crónica.

En cuanto a la fijación de la cuantía de la indemnización, considera que es función soberana de los tribunales de instancia, solo susceptible de revisión por error notorio o arbitrariedad, lo que, a juicio del Tribunal, no concurre en este caso. Asimismo, sostiene que “valorando el dolor, el daño y todas las circunstancias del caso, pasadas y futuras (enfermedades, ingresos hospitalarios, consecuencias psicológicas padecidas y que padecerá, afectación social), la cantidad concedida no es desproporcionada, excesiva o infundada”.

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