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El día 29 de enero de 2015, se celebró en el Consejo General de la Abogacía Española una jornada sobre el delito de tortura. Sus asistentes: juristas, investigadores, etc., coincidieron en remarcar la importancia de evitar que los casos de tortura y malos tratos queden impunes.

Se abordó, entre otras cuestiones, la necesidad de garantizar la eficacia de los mecanismos previstos para combatir estos actos a nivel nacional, es decir, los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura. Al respecto, se extrajeron conclusiones desfavorables para el Estado español, entre las que podemos destacar que, en la actual reforma del Código Penal, no se ha tipificado correctamente el delito de tortura en consonancia con el derecho internacional, existiendo un amplio margen respecto a la proporcionalidad de las penas previstas con la gravedad de estos actos.

Se añadió el debate sobre la impunidad elevada que concurre sobre estos actos; actos que en su mayoría se producen en centros de detención, en los Centros de Internamiento de Extranjeros y durante el régimen de incomunicación. Se critica que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no abarca medidas para combatir estos actos y la pobreza de iniciativas al respecto.

Esta jornada supuso un reclamo de varias entidades y especialistas a afrontar estos delitos con mayor preocupación, de una manera directa, y manteniendo un compromiso firme al respecto.

Consuelo Madrigal Martínez Pereda será la primera mujer que ostentará el máximo cargo de la Fiscalía. Substituye a Eduardo Torres Dulce, el cual dimitió a finales del año pasado tres la tensiones generadas con el gobierno tras el referéndum del 9 de noviembre. Consuelo Madrigal será por tanto, la segunda persona en ponerse al frente de la Fiscalía esta legislatura.

De su hoja de Servicios profesionales se observa que es una fiscal con más de 30 años de carrera profesional en el cuerpo, y sin que se conozca polémica alguna en el desempeño de su cargo. La nueva Fiscal General del Estado ha jurado su cargo el martes 13 de enero en la Sala de Plenos del Tribunal Supremo.

El Consejo General del Poder Judicial, CGPJ en adelante, se desmarca con esta medida de lo establecido por el portal de transparencia del Gobierno; pasando a facilitar el acceso a la información registrada sin necesidad alguna de identificarse o motivar la petición. Con esta fórmula de solicitud de información, se pasa a aplicar el estándar internacionalmente fijado, el cual defiende que es innecesario la solicitud de determinados datos ya que el acceso a la información pública es un derecho de carácter universal.

Únicamente se denegará o limitará el derecho de acceso cuando suponga un perjuicio para alguno de los bienes recogidos por la ley: por garantizar la confidencialidad o bien por proteger los datos personales. En cualquier caso, la propia ley establece que dicha denegación podrá ser recurrida mediante recurso de reposición, y contra dicha resolución, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo. En cualquier caso, el acceso a dicha información será de carácter gratuito, y podrá solicitarse (y, consecuentemente responderse) en la lengua cooficial utilizada por el peticionario.

Entre los datos disponibles del CGPJ figuran los relacionados con su presupuesto, la actividad contractual, las retribuciones e indemnizaciones del personal, y la política de subvenciones públicas.

Dentro del proyecto del Real Decreto por el que se adecua la planta judicial a las necesidades judiciales existentes, ha salido a la luz la intención de crear 282 nuevas plazas de juez para que todos los miembros de la carrera judicial en efectivo tengan destino. Dos de esas 282 nuevas plazas que se pretenden crear irán destinadas a la Audiencia Nacional como refuerzo para los casos de corrupción que están desbordando la misma.

La Audiencia Nacional se encuentra actualmente colapsada con numerosos casos de corrupción como el caso Gürtel, caso Bankia, la operación púnica, o el caso de los hijos de Jordi Pujol. Precisamente estas dos plazas irán destinadas a la Audiencia Nacional para hacer que el enjuiciamiento sea rápido, diligente y eficaz. El propio ministro de justicia ha prometido no escatimar medios en la lucha contra la corrupción.

El ministro también ha aprovechado para fijar un plazo máximo de instrucción y dividir los macro-procesos judiciales en piezas separadas siempre que sea posible, para agilizar el enjuiciamiento de asuntos más complejos. Finalmente, el ministro ha afirmado que el anteproyecto de Código Procesal Penal, que entre otras medidas preveía la instrucción colegiada de los macro-procesos, no será tenido en cuenta por el gobierno.