Noticias jurídicas

La decana del ICAM y el decano del ICAB agradecen la buena disposición del nuevo ministro de Justicia hacia la Ley de tasas judiciales.

Tras la celebración de una reunión a puerta cerrada, el decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Oriol Rusca, y el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, han podido trasladar al nuevo ministro de Justícia, Rafael Catalá, la preocupación de la abogacía por las graves consecuencias que ha supuesto la ley de tasas judiciales al conjunto de los ciudadanos. También han manifestado su inquietud referente a la forma en que se quiere modificar la Ley de Justícia Gratuita, la Ley de demarcación y planta, y otras reformas legislativas.

El objetivo de la entrevista era trasladar al nuevo ministro el malestar de los colegios de abogados madrileño y barcelonés por las iniciativas legislativas desarrolladas por su predecesor. En especial la Ley de tasas, la cual dificulta el acceso a los ciudadanos a poder acudir a los Tribunales, debido a la obligatoriedad de pagar sumas inalcanzables para algunos, poniéndose en serio peligro el derecho a la tutela judicial efectiva.

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Comunicado del GAJ de Barcelona por la dimisión del Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.

El Grupo de abogados jóvenes de Cataluña ha dirigido, en fecha de 25 de septiembre, un comunicado en el que muestra su complacencia por la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Manifiestan en el escrito su opinión sobre sus políticas legislativas, calificándolas como “nefastas” para los derechos fundamentales de los ciudadanos, y en especial aquellas que conforman el derecho a la tutela judicial efectiva.

En este comunicado aprovechan para pedir directamente al gobierno del Estado un cambio en sus políticas legislativas en esta materia, las cuales afectan a todos los ciudadanos, a los profesionales y a los colegios profesionales. Se pide también el reconocimiento a estos tres colectivos retirando inmediatamente las iniciativas que ya se han puesto en marcha, y se derogue la ley de tasas judiciales.

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¿Qué es la “consulta catalana”?

El objeto de la consulta soberanista de Cataluña debía determinarse entre los partidarios a celebrarla, lo cual no fue tarea sencilla. Los partidos políticos que defendían el referéndum debieron formular una alternativa a aquello que cada uno defendía con tal de dar encaje a todos sus puntos de vista. En diciembre de 2013, CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP alcanzaron un acuerdo para formular una doble pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado?” y “En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?”.

El marco legal que ampara esta consulta ha sido y es una auténtica controversia. Según la legislación estatal, se permiten los referéndums consultivos autonómicos siempre que sean previamente autorizados por el Estado español. Partidos políticos como Ciudadanos o el Partido Popular niegan que el artículo 150.2 de la Constitución –que permite la transferencia o delegación a las autonomías de responsabilidades del Estado español- sirva para convocar el referéndum, mientras que partidos catalanes pro-independencia se oponen a esta interpretación.

Para conocer el origen y el proceso que ha sucedido para que Cataluña se encuentre en esta situación, hay que remontarse a septiembre de 2012, momento en el cual se dio una enorme participación en la Diada de Cataluña. Visto este fenómeno, unido al fracaso en las negociaciones del pacto fiscal con el Estado, Artur Mas fue empujado a convocar unas elecciones anticipadas, volviendo a ser la fuerza más votada, pero reduciéndose considerablemente su número de escaños. En diciembre de ese mismo año, CiU y ERC firmaron un pacto de gobernabilidad que incluía la denominada “Consulta sobre el futuro político de Cataluña”.

Recién investido el nuevo gobierno, en enero de 2013, el Parlamento de Cataluña aprobó por mayoría la “Declaración de Soberanía y del derecho a decidir del Pueblo catalán”, la cual fue declarada nula e inconstitucional por el Tribunal Constitucional al admitir una impugnación presentada por la Abogacía del Estado, que la consideró “un acto de poder constituyente” y “un desafío abierto contra la Constitución”.

En abril del 2013, la Generalitat creó un Consejo Asesor para la Transición Nacional el cual debía asesorar al gobierno en el proceso de transición y en el logro de la consulta. En Junio del mismo año tuvo lugar en el Parlamento de Cataluña la reunión constitutiva del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir a favor del ejercicio del derecho a la autodeterminación en Cataluña, formado por cuarenta partidos, sindicatos y asociaciones.

Un año después de la multitudinaria manifestación del 11 de septiembre que dio lugar al adelanto de las elecciones, en la Diada de 2013, la Asamblea Nacional Catalana organizó la Vía Catalana hacia la Independencia, una cadena humana de unos 400km a lo largo de Cataluña.

En el mes de diciembre de 2013, tras una negociación de varias semanas entre los partidos nacionalistas catalanes, el President Artur Mas anunció que tenía previsto convocar el referéndum el 9 de noviembre de 2014, incluyendo la doble pregunta acordada por los partidos pro-consulta.

En enero de 2014 el Parlamento de Cataluña votó una petición al Congreso de los Diputados para que la Generalitat pudiese celebrar el referéndum. En esta votación se sucedieron las famosas “disidencias” de tres diputados del PSC que rompieron la disciplina de voto y votaron a favor de la petición. El Congreso de los Diputados rechazó la propuesta con una amplia mayoría.

El 11 de septiembre de 2014, en la tercera Diada que rodea todo este proceso, la Asamblea Nacional Catalana volvió a movilizar a la población, esta vez organizando una concentración que se realizó en la Gran Vía y avenida Diagonal de Barcelona, bajo el lema “Ahora es la Hora, unidos por un país nuevo”, formando todos los concentrados una “V” que simbolizaba las palabras “Voluntad, votar y victoria”.

Tras el rechazo del Congreso a la petición de la cesión de competencia para convocar y celebrar referéndums, el parlamento de Cataluña empezó a elaborar su propia ley de consultas con tal de ofrecer un marco legal a la convocatoria anunciada para el 9 de noviembre. Esta ley fue aprobada el 19 se septiembre, tras ser avalada por el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. En el mismo mes, la Asociación de Municipios por la Independencia realizó un llamamiento para que los consistorios mostrasen su apoyo a la ley de consultas, resultando el 96,2% de los 947 ayuntamientos catalanes favorables a la celebración de la consulta.

Con la ley aprobada, Artur Mas firmó el decreto de convocatoria de la consulta en el Palacio de la Generalitat, manifestando tras la firma que estaba abierto a pactar la consulta hasta el último momento con el Estado. En la Plaza Sant Jaume se concentraron ciudadanos convocados por la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural para mostrar su apoyo a la convocatoria.

La misma mañana en que fue convocada oficialmente la consulta, la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría compareció ante los medios para anunciar que, con la petición de un informe al Consejo de Estado, el gobierno había iniciado los trámites para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de convocatoria y contra la Ley de consultas de Cataluña. El 29 de septiembre los dos recursos fueron admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional, quedando suspendida cautelarmente la consulta. Al día siguiente, el gobierno de Cataluña anunció la suspensión “cautelar y temporal” de la campaña del 9N, la cual ya se había puesto en marcha. El 1 de octubre, el gobierno catalán presentó un recurso contra la impugnación de la consulta.

Líderes de otras formaciones políticas estatales, como Rosa Díez de UPyD y Pedro Sánchez del Partido Socialista han mostrado su apoyo a los recursos formalizados por el Gobierno. Por su parte, el President Artur Mas, tras mantener inicialmente la postura en defensa de la consulta, ha anunciado que descarta que ésta vaya a poder celebrarse el día 9N amparada en el decreto de convocatoria que él mismo firmó. Ha propuesto la celebración de un proceso alternativo basado en el Título III de la Ley de consultas que permite otras vías de participación ciudadana. Esta opción se perfila como acto simbólico previo a unas posibles elecciones plebiscitarias convocadas por el President. El bloque soberanista ha mostrado signos de discrepancia interna frente a este nuevo escenario, destacándose Oriol Jonqueras de ERC, el cual apuesta abiertamente por una declaración unilateral de independencia.

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El número de trabajadores afectados por medidas de regulación de empleo desciende un 60,2%

Durante los siete primeros meses del año se ha reducido el número de trabajadores afectados por medidas de regulación de empleo, situándose en 105.807 trabajadores afectados. Esto supone una reducción del 60,2% si se compara con el mismo ejercicio anterior, donde los trabajadores afectados fueron 265.823.

Por Comunidades Autónomas se ha registrado una disminución en todas ellas localizándose los descensos más significativos en Ceuta, Melilla, Canarias, Asturias, Aragón y Cantabria con reducciones superiores al 70%. Dividido por sectores, las reducciones más importantes las encontramos en industria, servicios y construcción con reducciones superiores al 50%.

Respecto a la tipología de las medidas se presenta una reducción del 53,9% en los supuestos de despidos colectivos (22.646 trabajadores afectados); 62,7% en las suspensiones de contrato (60.614 trabajadores); 58,2% en las reducciones de jornada (22.547 trabajadores). Asimismo, el número de empresas que aplican medidas de regulación de empleo se reducen un 50,1% sobre el ejercicio anterior.

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Un juzgado fija para 2018 un juicio por la reclamación de una pensión por incapacidad laboral.

Un juzgado de lo social de Sevilla ha fijado para el año 2018 el juicio que debe tratar la reclamación efectuada a la Seguridad Social por parte de una ciudadana que solicita una pensión por incapacidad laboral a causa de una enfermedad en el sistema neurológico que le impide trabajar.

La Seguridad Social contestó a la reclamación previa afirmando que la patología que sufre no tiene la suficiente envergadura para tener derecho a la pensión. En tanto que la ciudadana no se encuentra en condiciones de trabajar, deberá esperar cuatro años para que el tribunal falle si debe obtener la pensión.

Según ha manifestado el letrado de la afectada, esta situación va en contra de lo establecido por el artículo 24 de la Constitución Española; el derecho de todo ciudadano a obtener una tutela judicial efectiva de jueces y tribunales. El propio abogado ha puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo los hechos.

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Jueces para la Democracia, ausentes en la apertura del año judicial.

La Asociación ha decidido no acudir a este acto solemne, el cual es presidido por el Rey Felipe VI. Con esta acción pretenden mostrar su disconformidad ante la falta de medios e independencia de la Justicia. Han emitido a su vez un comunicado en la que denuncian la “creciente degradación” que provoca el hecho de que en los juzgados y tribunales haya una falta de inversión como la que se vive en estos momentos, estando situada España en la cola de los países europeos en el porcentaje de jueces/as por habitante. Los jueces responsabilizan directamente al poder ejecutivo, al no haber implantado la nueva oficina judicial, no haber modernizado la administración de justicia, así como su pasividad ante la problemática de las largas esperas en los procesos. Destacan lo llamativo que resulta este déficit en los asuntos de corrupción, ya que debido a la carencia de medios, se está generando una desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema judicial. Añaden también una crítica al ministro Gallardón, asegurando que “las únicas innovaciones del ministro han consistido en actuaciones privatizadoras del servicio público, como la entrega injustificada de los registros civiles a los Registros Mercantiles o la agresiva implantación de las tasas”.
Por su parte, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, también ha criticado la falta de recursos económicos, calificando de “brindis al sol” todas las leyes que se aprueben si posteriormente no se va a contar con los fondos necesarios para aplicarlas.

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La Fiscalía atribuye el descenso generalizado de los recursos contra la Administración a las nuevas tasas judiciales.

Un “descenso generalizado” del volumen de actividad de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo ha sido constatado por la Fiscalía, tras la publicación de la Memoria General del Estado que expone este órgano anualmente. En esta edición, referente al 2013, se destaca la reducción de los recursos referentes a algunos procedimientos que antes eran recurridos de manera “automática”, como eran las multas de tráfico o las sanciones por infringir el horario de cierre, y que ahora no lo son por el efecto “disuasorio” que generan las nuevas tasas judiciales.En efecto, la Fiscalía atribuye directamente la responsabilidad a estas nuevas medidas en materia judicial para explicar este fenómeno, al cual añaden la reducción del número de funcionarios públicos que recurren en defensa de sus derechos, al suprimir la ley 10/2012 la posibilidad de actuar sin abogado. El documento también pone de relieve que la Fiscalía de Castilla-La Mancha informó a favor de plantear la cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de tasas judiciales, así como la Fiscalía de Sevilla advierte de que el incremento del coste de la tasa está produciendo una situación de desigualdad en el acceso de los tribunales, que afecta más a los particulares que a las personas jurídicas.

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El magistrado del TC Juan Antonio Xiol pide un ‘esfuerzo’ legislativo para concretar el alcance de la libertad de expresión en internet.

En un encuentro sobre Periodismo y comunicación y Derecho, celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Xiol ha remarcado la problemática que se deriva de la vulneración del derecho al honor, la intimidad o la propia imagen en las redes sociales e internet. Según declaraciones del magistrado, dicha problemática se refleja en las crecientes demandas que recibe actualmente la Sala Primera del Tribunal Supremo. Explicó que no tan solo las personas famosas y los políticos son el foco de estos delitos, sino que ciudadanos ajenos a estos grupos pueden sentirse agredidos de igual modo. Por todo ello, insta al legislador a que “vaya haciendo un esfuerzo para ir estableciendo y concretando reglas que permitan conocer con más seguridad cuál es el alcance de todos estos derechos en el uso de las redes sociales.”

El magistrado añadió que no es lícito ampararse en el anonimato que ofrece la virtualidad de internet, y es necesario enfrentarse a estos conflictos adaptando la mentalidad al uso de las nuevas tecnologías, evitando la creencia extendida de que al usarlas nos encontramos al margen del Derecho y de las leyes. Xiol también opinó sobre la posible autorregulación de los medios de comunicación como vía de convivencia entre los derechos de información y de intimidad. Aclaró que el papel decisivo en dicha convivencia la tienen los tribunales y las líneas jurisprudenciales que éstos establezcan, y descarto la posibilidad de la creación de un “código ético” periodístico, por la dificultad de conseguir la unanimidad necesaria de los sectores implicados para tal cometido.

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El plazo para que las víctimas de terrorismo puedan pedir una indemnización finalizó el 19 de septiembre.

El pasado 19 de septiembre terminó el plazo para que las víctimas del terrorismo pidiesen el complemento a las indemnizaciones que recibieron en su día, de la misma manera que también podrán recibir indemnizaciones las personas que únicamente sufrieron daños materiales y que por tanto no pudieron recibir indemnización alguna. Con esta actuación, se busca que las indemnizaciones alcancen los baremos aprobados por la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo. La citada ley, prevé coberturas a cualquier víctima de un atentado terrorista que suceda a partir de 1960, ampliando los supuestos no contemplados anteriormente y establece una indemnización de 250.000 euros por fallecimiento y de 500.000 euros por gran invalidez. En el resto de incapacidades se fijan indemnizaciones de 180.000 euros para incapacidad absoluta, 100.000 euros para incapacidad total o 75.000 euros para una incapacidad parcial. En lo que respecta a las lesiones, se fijarán respecto a lo previsto en el baremo de los accidentes de tráfico.

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Los Tribunales estiman el 90% de las demandas por productos financieros.

El magistrado en excedencia y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Agustín Azparren ha manifestado en la conferencia “Problemas actuales del Derecho del Consumo”, en la que participa como ponente, que los tribunales españoles estiman el 90% de las demandas por productos financieros; porcentaje muy superior a la estimación del resto de demandas, que se fija en un 75%. Dentro del proceso, las demandas suelen estar interpuestas en resolución de contratos de productos financieros complejos como los swaps o las participaciones preferentes. En cambio, los ciudadanos suelen ser reacios a interponer demandas de anulación de cláusulas suelo de hipotecas.

El ponente manifiesta que el porcentaje tan elevado de estimación responde a que los jueces deben fallar protegiendo los intereses del consumidor, ya que así lo establece la normativa. En la mayoría de supuestos, el banco y el cliente están en una posición diferente, ya que al tratarse de contratos de adhesión, el cliente no tiene posibilidad de negociar. Los pleitos dirimen si el banco ha informado exhaustivamente al cliente, y cuando no se cumplen dichos requisitos, se anula el acuerdo. El ponente recomienda un sistema de arbitraje con mediación previa para dirimir estos conflictos, ya que el cliente gana porque es una solución más económica y para las entidades bancarias supone una mejora de imagen.

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