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Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de diciembre de 2012.

El Tribunal Constitucional entiende que no existe vulneración al derecho a la intimidad y secreto de las comunicaciones en el supuesto de intervención por parte de la empresa de comunicaciones informáticas a través de un programa de mensajería instalado por las trabajadoras en un ordenador de uso compartido y sin clave de acceso. Las propias trabajadoras eliminaron la privacidad de sus conversaciones al incluirlas en el disco del ordenador y por tanto dejaban abierta la posibilidad que otros usuarios del equipo informático leyeran sus conversaciones. Asimismo, la empleadora había prohibido expresamente a los trabajadores instalar programas en el ordenador y la demandante lo hizo sin ningún tipo de cautela. Por tanto, al tratarse de comunicaciones abiertas y no secretas no pueden incluirse en el ámbito de la protección constitucional.

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Real Decreto 1717/2012 de 28 de diciembre.

El Salario Mínimo Interprofesional que se ha fijado para el año 2013 es de 21,51 euros al día, de 645,30 euros al mes o de 9.034,20 al año. Estos importes representan un incremento del 0,6 por 100 respecto de los vigentes en 2012. Además, para los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de 120 días se fija en 30,57 euros por jornada legal. En relación a los empleados de hogar contratados por horas y en régimen externo se fijan 5,05 euros por hora efectivamente trabajada.

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Resolución de 21 de enero de 2013 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

La resolución por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2013 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, incrementa en un 2,9% las indemnizaciones que podrán  percibirse como consecuencia de los accidentes de tráfico. Así, entre otros parámetros actualizados,  el abono de los días de baja con estancia hospitalaria aumenta hasta 71,63 € y los días de baja sin estancia hospitalaria se establecen en 58,24 € en el caso de días impeditivos y en 31,34 € en el supuesto de días no impeditivos.

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RD-Ley 27/2012 de 15 de noviembre, de protección a los deudores hipotecarios.

El Real Decreto establece la suspensión de los desahucios respecto a los siguientes colectivos: familias numerosas, unidades familiares monoparentales con dos hijos a cargo, familias con un menor de tres años, unidades familiares que tengan a su cargo a personas discapacitadas, dependientes o enfermas, familias en las que el deudor hipotecario esté en paro y haya agotado las prestaciones por desempleo, familias en las que exista una víctima de la violencia de género. Los requisitos para acogerse a las mismas son: que el nivel de renta no exceda del tripe del IPREM, que se haya sufrido una alteración significativa de las circunstancias económicas en los últimos 4 años (el pago de la hipoteca se haya multiplicado por 1,5 veces), que la cuota hipotecaria exceda del 50% de los ingresos del núcleo familiar y que se trate de un crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda del deudor y concedido para la compra de la misma.

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La Justicia ya no es igual para todos.

La justicia nunca ha sido igual para todos. Y ahora, menos que nunca. El lunes entró en vigor la tasa judicial estatal (Ley 10/2012 de 20 de noviembre) que, junto con la tasa judicial catalana (Ley 5/2012 de 20 de marzo) hacen de los Juzgados catalanes los más caros de pisar de todo el territorio español. Así, un catalán abona hasta 240 euros más por acudir a la Justicia que un madrileño, un valenciano o un gallego. Para que nos hagamos todos una idea de lo que, a partir de ahora, nos va a costar acudir a los Tribunales, interponer una demanda en reclamación de hasta 3000 euros tendrá un coste añadido de 435 euros, o de 201,50 euros en el caso del recurso contra una multa de tráfico de 300 euros de sanción. Si el sobrecoste es importante en primera instancia, el varapalo adquiere su máxima expresión en la segunda instancia, esto es, en la posibilidad de revisar la resolución judicial por parte de jueces que, por su experiencia profesional, ocupan un lugar más elevado en el organigrama judicial y en los que, no nos engañemos, solemos confiar los abogados cuando tenemos delante un asunto complejo. Así, recurrir en apelación una sentencia desfavorable aumenta el presupuesto desde 920 a 1420 euros dependiendo de la cuantía del procedimiento. Es patente que incorporar una tasa judicial por este importe (que, en ocasiones supera los propios honorarios del letrado que debe redactar el recurso de apelación) coartará el derecho del ciudadano a que su sentencia sea revisada, por lo que, a segunda instancia llegarán, o bien los procesos donde los litigantes son titulares del beneficio de la justicia gratuita, o bien aquéllos con medios económicos holgados. Hay quien está planteando la necesidad de recurrir al Tribunal Constitucional tal tropelía, e incluso algunos operadores jurídicos (sinceramente, creo que casi todos menos el Sr. Gallardón) están viendo peligrar el derecho a la tutela judicial efectiva, o derecho a acceder a la justicia proclamado en la Constitución. Yo también lo creo, pero nuestros jueces constitucionalistas, ¿pensarán lo mismo? En la sentencia que resuelve el recurso interpuesto contra la primera ley que introdujo tasas en el mundo judicial, el Tribunal Constitucional se mostró a favor de la incorporación de la tasa, siempre y cuando su cuantía no supusiera un obstáculo insalvable por el ciudadano a la hora de acceder a la justicia. En todo caso, hasta dentro de diez años (que constituye la media que puede tardar el Tribunal en resolver) desgraciadamente veremos cómo los abogados y procuradores disminuimos nuestros ingresos porqué la situación económica no permitirá a nuestros clientes afrontar algunos pleitos, los funcionarios de justicia siguen viéndose privados de pagas extras y los Juzgados no pueden tramitar los asuntos con diligencia porqué les han suprimido personal y no cubren las bajas laborales. Al parecer, los únicos beneficiados por la sapiencia del Sr. Ministro serán los Notarios, que podrán casar, separar y divorciar, pero eso lo dejaremos para otro post.

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