¿Qué es la “consulta catalana”?

El objeto de la consulta soberanista de Cataluña debía determinarse entre los partidarios a celebrarla, lo cual no fue tarea sencilla. Los partidos políticos que defendían el referéndum debieron formular una alternativa a aquello que cada uno defendía con tal de dar encaje a todos sus puntos de vista. En diciembre de 2013, CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP alcanzaron un acuerdo para formular una doble pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado?” y “En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?”.

El marco legal que ampara esta consulta ha sido y es una auténtica controversia. Según la legislación estatal, se permiten los referéndums consultivos autonómicos siempre que sean previamente autorizados por el Estado español. Partidos políticos como Ciudadanos o el Partido Popular niegan que el artículo 150.2 de la Constitución –que permite la transferencia o delegación a las autonomías de responsabilidades del Estado español- sirva para convocar el referéndum, mientras que partidos catalanes pro-independencia se oponen a esta interpretación.

Para conocer el origen y el proceso que ha sucedido para que Cataluña se encuentre en esta situación, hay que remontarse a septiembre de 2012, momento en el cual se dio una enorme participación en la Diada de Cataluña. Visto este fenómeno, unido al fracaso en las negociaciones del pacto fiscal con el Estado, Artur Mas fue empujado a convocar unas elecciones anticipadas, volviendo a ser la fuerza más votada, pero reduciéndose considerablemente su número de escaños. En diciembre de ese mismo año, CiU y ERC firmaron un pacto de gobernabilidad que incluía la denominada “Consulta sobre el futuro político de Cataluña”.

Recién investido el nuevo gobierno, en enero de 2013, el Parlamento de Cataluña aprobó por mayoría la “Declaración de Soberanía y del derecho a decidir del Pueblo catalán”, la cual fue declarada nula e inconstitucional por el Tribunal Constitucional al admitir una impugnación presentada por la Abogacía del Estado, que la consideró “un acto de poder constituyente” y “un desafío abierto contra la Constitución”.

En abril del 2013, la Generalitat creó un Consejo Asesor para la Transición Nacional el cual debía asesorar al gobierno en el proceso de transición y en el logro de la consulta. En Junio del mismo año tuvo lugar en el Parlamento de Cataluña la reunión constitutiva del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir a favor del ejercicio del derecho a la autodeterminación en Cataluña, formado por cuarenta partidos, sindicatos y asociaciones.

Un año después de la multitudinaria manifestación del 11 de septiembre que dio lugar al adelanto de las elecciones, en la Diada de 2013, la Asamblea Nacional Catalana organizó la Vía Catalana hacia la Independencia, una cadena humana de unos 400km a lo largo de Cataluña.

En el mes de diciembre de 2013, tras una negociación de varias semanas entre los partidos nacionalistas catalanes, el President Artur Mas anunció que tenía previsto convocar el referéndum el 9 de noviembre de 2014, incluyendo la doble pregunta acordada por los partidos pro-consulta.

En enero de 2014 el Parlamento de Cataluña votó una petición al Congreso de los Diputados para que la Generalitat pudiese celebrar el referéndum. En esta votación se sucedieron las famosas “disidencias” de tres diputados del PSC que rompieron la disciplina de voto y votaron a favor de la petición. El Congreso de los Diputados rechazó la propuesta con una amplia mayoría.

El 11 de septiembre de 2014, en la tercera Diada que rodea todo este proceso, la Asamblea Nacional Catalana volvió a movilizar a la población, esta vez organizando una concentración que se realizó en la Gran Vía y avenida Diagonal de Barcelona, bajo el lema “Ahora es la Hora, unidos por un país nuevo”, formando todos los concentrados una “V” que simbolizaba las palabras “Voluntad, votar y victoria”.

Tras el rechazo del Congreso a la petición de la cesión de competencia para convocar y celebrar referéndums, el parlamento de Cataluña empezó a elaborar su propia ley de consultas con tal de ofrecer un marco legal a la convocatoria anunciada para el 9 de noviembre. Esta ley fue aprobada el 19 se septiembre, tras ser avalada por el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. En el mismo mes, la Asociación de Municipios por la Independencia realizó un llamamiento para que los consistorios mostrasen su apoyo a la ley de consultas, resultando el 96,2% de los 947 ayuntamientos catalanes favorables a la celebración de la consulta.

Con la ley aprobada, Artur Mas firmó el decreto de convocatoria de la consulta en el Palacio de la Generalitat, manifestando tras la firma que estaba abierto a pactar la consulta hasta el último momento con el Estado. En la Plaza Sant Jaume se concentraron ciudadanos convocados por la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural para mostrar su apoyo a la convocatoria.

La misma mañana en que fue convocada oficialmente la consulta, la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría compareció ante los medios para anunciar que, con la petición de un informe al Consejo de Estado, el gobierno había iniciado los trámites para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de convocatoria y contra la Ley de consultas de Cataluña. El 29 de septiembre los dos recursos fueron admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional, quedando suspendida cautelarmente la consulta. Al día siguiente, el gobierno de Cataluña anunció la suspensión “cautelar y temporal” de la campaña del 9N, la cual ya se había puesto en marcha. El 1 de octubre, el gobierno catalán presentó un recurso contra la impugnación de la consulta.

Líderes de otras formaciones políticas estatales, como Rosa Díez de UPyD y Pedro Sánchez del Partido Socialista han mostrado su apoyo a los recursos formalizados por el Gobierno. Por su parte, el President Artur Mas, tras mantener inicialmente la postura en defensa de la consulta, ha anunciado que descarta que ésta vaya a poder celebrarse el día 9N amparada en el decreto de convocatoria que él mismo firmó. Ha propuesto la celebración de un proceso alternativo basado en el Título III de la Ley de consultas que permite otras vías de participación ciudadana. Esta opción se perfila como acto simbólico previo a unas posibles elecciones plebiscitarias convocadas por el President. El bloque soberanista ha mostrado signos de discrepancia interna frente a este nuevo escenario, destacándose Oriol Jonqueras de ERC, el cual apuesta abiertamente por una declaración unilateral de independencia.
L’objecte de la consulta sobiranista de Catalunya havia de determinar-se entre els partidaris a celebrar-la, la qual cosa no va ser tasca senzilla. Els partits polítics que defensaven el referèndum van haver de formular una alternativa a allò que cadascun defensava amb tal de donar encaix a tots els seus punts de vista. Al desembre de 2013, CiU, ERC, ICV-EUiA i CUP van aconseguir un acord per formular una doble pregunta: “Vulgues que Catalunya sigui un Estat?” i “En cas afirmatiu, vol que aquest Estat sigui independent?”.

El marc legal que empara aquesta consulta ha estat i és una autèntica controvèrsia. Segons la legislació estatal, es permeten els referèndums consultius autonòmics sempre que siguin prèviament autoritzats per l’Estat espanyol. Partits polítics com a Ciutadans o el Partit Popular neguen que l’article 150.2 de la Constitució –que permet la transferència o delegació a les autonomies de responsabilitats de l’Estat espanyol- serveixi per convocar el referèndum, mentre que partits catalans pro-independència s’oposa a aquesta interpretació.

Per conèixer l’origen i el procés que s’ha succeït perquè Catalunya es trobi en aquesta situació, cal remuntar-se a setembre de 2012, moment en el qual es va succeir una enorme participació en la Diada de Catalunya. Vist aquest fenomen, unit al fracàs en les negociacions del pacte fiscal amb l’Estat, Artur Mas va ser empès a convocar unes eleccions anticipades, tornant a ser la força més votada, però reduint-se considerablement el seu nombre d’escons. Al desembre d’aquest mateix any, CiU i ERC van signar un pacte de governabilitat que incloïa la denominada “Consulta sobre el futur polític de Catalunya”.

Recentment investit el nou govern, al gener de 2013, el Parlament de Catalunya va aprovar per majoria la “Declaració de Sobirania i del dret a decidir del Poble català”, la qual va ser declarada nul•la i inconstitucional pel Tribunal Constitucional en admetre una impugnació presentada per l’Advocacia de l’Estat, que la va considerar “un acte de poder constituent” i “un desafiament obert contra la Constitució”.

A l’abril del 2013, la Generalitat va crear un Consell Assessor per a la Transició Nacional el qual havia d’assessorar al govern en el procés de transició i en l’assoliment de la consulta. Al juny del mateix any va tenir lloc al Parlament de Catalunya la reunió constitutiva del Pacte Nacional pel Dret a Decidir a favor de l’exercici del dret a l’autodeterminació a Catalunya, format per quaranta partits, sindicats i associacions.

Un any després de la multitudinària manifestació de l’11 de setembre que va donar lloc a l’avançament de les eleccions, en la Diada de 2013, l’Assemblea Nacional Catalana va organitzar la Via Catalana cap a la Independència, una cadena humana d’uns 400km al llarg de Catalunya.

En el mes de desembre de 2013, després d’una negociació de diverses setmanes entre els partits nacionalistes catalans, el President Artur Mas va anunciar que tenia previst convocar el referèndum el 9 de novembre de 2014, incloent la doble pregunta acordada pels partits pro-consulta.

Al gener de 2014 el Parlament de Catalunya va votar una petició al Congrés dels Diputats perquè la Generalitat pogués celebrar el referèndum. En aquesta votació es van succeir les famoses “dissidències” de tres diputats del PSC que van trencar la disciplina de vot i van votar a favor de la petició. El Congrés dels Diputats va rebutjar la proposta amb una àmplia majoria.

L’11 de setembre de 2014, en la tercera Diada que envolta tot aquest procés, l’Assemblea Nacional Catalana va tornar a mobilitzar a la població, aquesta vegada organitzant una concentració que es va realitzar en la Gran Via i avinguda Diagonal de Barcelona, sota el lema “Ara és l’Hora, units per un país nou”, formant tots els concentrats una “V” que simbolitzava les paraules “Voluntat, votar i victòria”.

Després del rebuig del Congrés a la petició de la cessió de competència per convocar i celebrar referèndums, el parlament de Catalunya va començar a elaborar la seva pròpia llei de consultes amb tal d’oferir un marc legal a la convocatòria anunciada pel 9 de novembre. Aquesta llei va ser aprovada el 19 se setembre, després de ser avalada pel Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya. En el mateix mes, l’Associació de Municipis per la Independència va realitzar una crida perquè els consistoris mostressin el seu suport a la llei de consultes, resultant el 96,2% dels 947 ajuntaments catalans favorables a la celebració de la consulta.

Amb la llei aprovada, Artur Mas va signar el decret de convocatòria de la consulta en el Palau de la Generalitat, afirmant després de la signatura que estava obert a pactar la consulta fins a l’últim moment amb l’Estat. En la Plaça Sant Jaume es van concentrar ciutadans convocats per l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural per mostrar el seu suport a la convocatòria.

El mateix matí en què va ser convocada oficialment la consulta, la vicepresidenta del govern Soraya Sáenz de Santamaría va comparèixer davant els mitjans per anunciar que, amb la petició d’un informe al Consell d’Estat, el govern havia iniciat els tràmits per presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra el decret de convocatòria i contra la Llei de consultes de Catalunya. El 29 de setembre els dos recursos van ser admesos a tràmit pel Tribunal Constitucional, quedant suspesa cautelarment la consulta. L’endemà, el govern de Catalunya va anunciar la suspensió “cautelar i temporal” de la campanya del 9N, la qual ja s’havia engegat. L’1 d’octubre, el govern català va presentar un recurs contra la impugnació de la consulta.

Líders d’altres formacions polítiques estatals, com Rosa Díez de UPyD i Pedro Sánchez del Partit Socialista han mostrat el seu suport als recursos emesos pel Govern. Per la seva banda, el President Artur Mas, després de mantenir inicialment la postura de la defensa de la consulta, ha anunciat que descarta que aquesta vagi a poder celebrar-se el dia 9N emparada en el decret de convocatòria que ell mateix va signar. Ha proposat la celebració d’un procés alternatiu basat en el Títol III de la Llei de consultes que permet altres vies de participació ciutadana. Aquesta opció es perfila com a acte simbòlic previ a unes possibles eleccions plebiscitàries convocades pel President. El bloc sobiranista ha mostrat signes de discrepància interna enfront d’aquest nou escenari, destacant-se Oriol Junqueras d’ERC, el qual aposta obertament per una declaració unilateral d’independència.