Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa: CAPÍTULO II

Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa: CAPÍTULO II

Introducción general al derecho de defensa

El derecho de defensa es un pilar fundamental de cualquier sistema jurídico que aspire a la justicia, la equidad y la protección de los derechos e intereses legítimos de las personas. Consiste, en esencia, en la posibilidad real y efectiva de que toda persona, física o jurídica, pueda hacer valer sus derechos, presentar pruebas, impugnar las acusaciones, expresar sus argumentos ante las autoridades competentes y, si lo desea o resulta necesario, contar con la asistencia de un profesional especializado en Derecho.

Este derecho ha sido reconocido históricamente en la mayoría de los ordenamientos jurídicos del mundo, ya que sin la posibilidad de defensa no es posible hablar de un Estado de Derecho auténtico. La defensa no solo cumple un rol en el ámbito penal, sino que se extiende a todas las áreas del Derecho: civil, laboral, administrativo, contencioso-administrativo, tributario, entre otros. El derecho a la defensa garantiza que, ante cualquier intervención del Estado o de otra parte que pudiera afectar los intereses de alguien, exista un equilibrio procesal que impida la indefensión.

El texto legal que se analiza establece las bases mínimas y universales para que este derecho se ejerza plenamente, ofreciendo, además, garantías específicas para personas con discapacidad, menores de edad y otros colectivos con necesidades particulares. A continuación, analizaremos cada uno de los artículos relevantes, su alcance y sus implicaciones prácticas.

Artículo 4. Derecho a la asistencia jurídica

1. Asistencia jurídica adecuada y derecho de defensa:
   El artículo 4.1 reconoce que todas las personas, ya sean físicas (individuos) o jurídicas (empresas, asociaciones, fundaciones, etc.), tienen derecho a una asistencia jurídica adecuada. El término “adecuada” implica que la asistencia debe ser eficaz, útil, especializada y, sobre todo, adaptada a las necesidades concretas de la persona defendida.

   Un aspecto significativo es la referencia a la accesibilidad cognitiva. Esto cobra una relevancia especial para las personas con discapacidad intelectual o con dificultades de comprensión. No basta con tener un abogado; es necesario que la información sea entendible. Por ejemplo, si una persona con discapacidad intelectual debe participar en un proceso penal o civil, el profesional o el órgano judicial competente deberá aplicar medidas de apoyo, ya sean interpretaciones sencillas, uso de lenguaje claro, sistemas de apoyo a la comunicación o incluso mediadores especializados. Estas medidas garantizan que el derecho de defensa no sea algo meramente formal, sino real y práctico.

2. Profesional de la abogacía como garante de la defensa:
   La prestación de la asistencia jurídica necesaria recae, generalmente, en la figura del abogado o abogada. Esto responde a la importancia de contar con un profesional formado, colegiado y sometido a normas éticas y deontológicas, que garantice una defensa técnica eficaz. Así, el ejercicio del derecho de defensa se canaliza habitualmente a través de la abogacía.
3. Autodefensa en casos previstos por la ley:
   Aunque la regla general es contar con la asistencia de un abogado, en ocasiones la ley prevé supuestos en los que una persona puede defenderse por sí misma. Esto se da, por ejemplo, en ciertos procedimientos de menor complejidad o en reclamaciones de menor cuantía, donde la exigencia de contar con defensa profesional podría resultar desproporcionada. Así, se garantiza flexibilidad y respeto a la autonomía personal.
4. Asistencia jurídica gratuita:
   Un derecho de defensa eficaz sería ilusorio si dependiera del nivel económico de la persona. Por ello, se establece el derecho a la asistencia jurídica gratuita para aquellas que carezcan de recursos suficientes. Además, se amplía este criterio a quienes se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad, atendiendo no solo a factores económicos, sino también a circunstancias personales (discapacidad, menores, víctimas de violencia, entre otras).

   Esta asistencia jurídica gratuita es una de las claves para asegurar la igualdad de armas en el proceso y evitar que la defensa sea un privilegio para quienes tienen mayor poder adquisitivo. La norma también reconoce la necesidad de considerar la accesibilidad universal, garantizando que todos los colectivos puedan ejercer su derecho de defensa en igualdad de condiciones, sin que factores como la discapacidad o la brecha digital supongan un obstáculo.

5. Profesionales del turno de oficio:
   Existe la referencia a una ley que regulará las funciones de los profesionales del turno de oficio, es decir, aquellos abogados que prestan el servicio público de asistencia jurídica gratuita. Estos abogados tienen un rol central: atender a quienes no pueden asumir el coste de un abogado privado. Su actuación debe ser objetiva, profesional y especializada, asegurando una defensa de calidad.
6. Accesibilidad universal:
   La asistencia jurídica debe ser accesible para todas las personas, sin excepción, reforzando el principio de igualdad. Esta insistencia en la accesibilidad universal es un sello distintivo del texto, que busca que ningún colectivo se quede al margen, ya sea por motivos económicos, cognitivos, físicos o sociales.
7. Asistencia jurídica pública:
   Cuando la parte que requiere defensa es el propio Estado o una institución pública, se aplicará su normativa específica. Esto se entiende, por ejemplo, en casos en que la Administración es demandada o debe actuar en defensa de los intereses públicos en un proceso legal.
8. Menores de edad:
   Se subraya la necesidad de prestar especial atención a los conflictos de intereses que puedan surgir entre los menores y sus representantes legales. En tales casos, puede ser necesaria la designación de un defensor judicial independiente, garantizando que los intereses del menor estén siempre salvaguardados.

Artículo 5. Derecho a la elección, renuncia y sustitución en la asistencia jurídica

1. Elección libre del profesional:
   Toda persona, en la medida en que la ley no disponga lo contrario, puede elegir al abogado que mejor se ajuste a sus necesidades. Esta elección libre garantiza una relación de confianza y sintonía entre el cliente y el profesional, lo que contribuye a una defensa más sólida y efectiva.

   La posibilidad de renunciar a los servicios del abogado inicialmente elegido también es importante: si la persona siente que la relación no es adecuada o que la asistencia no cumple con sus expectativas, puede prescindir de ese profesional y contratar a otro, siempre que no existan limitaciones normativas.

2. Sustitución del profesional:
   Cuando se sustituye a un abogado, se deben adoptar las medidas necesarias para que el nuevo profesional tenga pleno acceso a la información y al expediente completo. Esto evita interrupciones en la defensa, pérdidas de tiempo innecesarias o posibles perjuicios para el cliente. Es un mecanismo que garantiza la continuidad y calidad de la defensa.

Artículo 6. Derecho de información

1. Información clara y accesible:
   Este artículo refuerza la idea de que el derecho de defensa no es solo el derecho a tener un abogado, sino también a estar plenamente informado del proceso, las estrategias, las posibles vías de solución (incluyendo métodos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación) y las implicaciones de cada paso. La claridad y accesibilidad de la información son primordiales, sobre todo para personas con discapacidad o menores, y deben adaptarse las explicaciones a las características personales, necesidades y edad.

   Por ejemplo, un menor de 10 años involucrado en un procedimiento necesitará una explicación mucho más sencilla que la de un adulto, quizá empleando ejemplos cotidianos o materiales didácticos.

2. Derecho a conocer el estado del asunto:
   El titular del derecho de defensa debe estar informado sobre la marcha del procedimiento, las resoluciones que se van produciendo, las incidencias procesales y la estrategia a seguir. Esto incluye el deber del abogado de explicar las consecuencias jurídicas, la viabilidad de las pretensiones y el eventual coste económico del proceso, incluyendo una estimación de honorarios y el riesgo de una condena en costas.
3. Información proporcionada por las instituciones públicas:
   Además de la información brindada por el abogado, las instituciones involucradas (Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Ministerios, Comunidades Autónomas) deben ofrecer información básica sobre procedimientos, requisitos y vías de reclamación. Esto facilita que las personas conozcan mejor sus derechos y sepan cómo ejercitarlos, evitando la indefensión por desconocimiento.
4. Acceso a la información con auxilio judicial:
   En ciertos casos, se podrá requerir con el auxilio de los tribunales información relevante a otras personas, entidades o Administraciones. Este mecanismo es fundamental cuando la parte necesite documentación o datos en posesión de terceros para sostener sus pretensiones.
5. Brecha digital y acceso a nuevas tecnologías:
   El texto normativo también aborda el impacto de la tecnología en el ejercicio del derecho de defensa. La digitalización puede agilizar y facilitar los procesos, pero es importante que no se convierta en una barrera para quienes no dominan las herramientas digitales, especialmente personas mayores o con discapacidad. Se deben adoptar medidas para que la tecnología no dificulte el derecho de información y el acceso a la justicia.

Artículo 7. Derecho a ser oídas

1. Participación activa en el proceso:
   Garantizar que la persona interesada pueda ser escuchada antes de que se tome una decisión que le afecte es un principio básico del debido proceso. Implica que las personas puedan presentar alegaciones, pruebas, documentos y ejercer todos los medios de defensa que la ley admita.
2. Derecho a ser oído de los menores:
   Cuando los menores están involucrados, ya sea en asuntos familiares, civiles o penales, deben ser escuchados teniendo en cuenta su edad y madurez. Esto no significa que su opinión sea determinante, pero sí que se les otorgue un espacio seguro y adecuado para expresarla y que se la considere al tomar decisiones que les afecten.
3. Excepciones por urgencia:
   La norma prevé que, en situaciones de urgencia, puede adoptarse inicialmente una decisión sin oír a todas las partes, siempre que esa audiencia se realice inmediatamente después para ratificar, modificar o levantar la medida. De este modo, se salvaguarda la prontitud y eficacia en situaciones extremas, sin sacrificar el derecho a ser oído.

Artículo 8. Derecho a la calidad de la asistencia jurídica

La calidad de la asistencia jurídica es tan importante como su accesibilidad. Los profesionales de la abogacía deben contar con formación continua, actualizar sus conocimientos y especializarse cuando la materia lo requiera. Esto asegura que la defensa no sea simplemente formal, sino que cuente con un estándar de calidad profesional, lo que redunda en un mayor respeto por el justiciable y sus derechos.

Artículo 9. Derecho a un lenguaje claro en los actos, resoluciones y comunicaciones procesales

1. Comprensibilidad del lenguaje procesal:
   Uno de los mayores obstáculos que las personas encuentran en el acceso a la justicia es el lenguaje jurídico excesivamente técnico o complejo. Este artículo exige que las resoluciones judiciales y las comunicaciones procesales se redacten con claridad, sencillez y de forma comprensible para sus destinatarios. Esto no significa renunciar al rigor técnico, sino equilibrarlo con la necesidad de que la persona entienda el alcance de las decisiones que le afectan.
2. Atención a las personas con discapacidad y menores:
   Cuando el destinatario sea una persona con discapacidad con dificultades de comprensión, la Administración de Justicia debe adaptar los medios y metodologías. Del mismo modo, en caso de menores, el lenguaje debe adaptarse a su nivel de desarrollo, entendimiento y madurez. De esta forma, la justicia se hace realmente accesible a todos.
3. Role de las juezas, jueces, magistradas y magistrados:
   La norma implica un deber de vigilancia por parte del poder judicial. Los operadores jurídicos (jueces, magistrados) velarán porque los interrogatorios, las declaraciones y los documentos se adecúen a un lenguaje claro y entendible, buscando siempre que la persona involucrada comprenda plenamente lo que está sucediendo.

Este extenso desarrollo del texto normativo nos muestra que el derecho de defensa no se limita a la presencia de un abogado. Comprende una serie de garantías y principios que abarcan la información clara, la calidad de la asistencia, la adaptabilidad a las necesidades de cada individuo, el reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita para quienes no tengan recursos, la accesibilidad cognitiva y tecnológica, la posibilidad de ser escuchado y de entender las actuaciones procesales, el uso de un lenguaje comprensible y el control de la calidad del servicio.

En última instancia, se busca asegurar que todas las personas, independientemente de su situación económica, su edad, su nivel de comprensión o su discapacidad, puedan participar activamente y con comprensión plena en los procesos que afectan a sus derechos e intereses. De esta forma, el sistema jurídico se hace más inclusivo, más justo y más respetuoso con la dignidad humana, garantizando que el derecho de defensa sea un derecho real, efectivo y universal

Artículo 10. Derechos ante los tribunales y en sus relaciones con la Administración de Justicia

Este artículo enumera una amplia gama de derechos que poseen las personas que participan en un proceso judicial, o se relacionan con la Administración de Justicia. Se trata de una lista abierta (“entre otros”), lo que significa que no se excluyen otros derechos reconocidos por la Constitución, las leyes o los tratados internacionales.

a) Identificación de autoridades y funcionarios:
Los justiciables tienen derecho a saber quiénes son las autoridades judiciales (jueces, magistrados), los miembros del Ministerio Fiscal, así como los funcionarios (letrados de la Administración de Justicia, personal de juzgados) que intervienen en su caso. Este derecho potencia la transparencia y la confianza en el sistema judicial, ya que el ciudadano puede así conocer la identidad y, por ende, la responsabilidad de quienes deciden sobre su asunto.

b) Exigir responsabilidades por error judicial o mal funcionamiento:
La Administración de Justicia no está exenta de errores. Si se produce un error judicial (por ejemplo, una resolución injusta motivada por negligencia) o un funcionamiento anormal del sistema (retrasos excesivos, pérdida de expedientes, etc.), la persona afectada tiene derecho a reclamar y a exigir responsabilidades. Este reconocimiento busca disuadir negligencias, mejorar la eficacia del sistema y garantizar la reparación de daños.

c) Uso de las lenguas oficiales:
En territorios con más de una lengua oficial, el ciudadano tiene derecho a expresarse en la lengua cooficial de su comunidad. Esto no solo facilita la expresión en la lengua materna, sino que también reduce la sensación de extrañeza y asegura una mayor cercanía cultural y lingüística con la justicia.

d) Utilización de lenguas oficiales ante órganos con jurisdicción en todo el Estado:
Este punto refuerza el derecho a emplear la lengua cooficial, incluso si el órgano que conoce del caso tiene competencia en todo el territorio nacional. Además, contempla recibir las comunicaciones en la lengua elegida. De esta forma, una persona residente en una comunidad autónoma con lengua cooficial puede usarla frente a un tribunal central, garantizándose la respuesta en esa misma lengua.

e) Puntualidad en las vistas y actos judiciales:
La espera prolongada, los retrasos injustificados y la falta de puntualidad generan inseguridad y frustración. Con este derecho se fomenta la eficiencia y el respeto al tiempo del ciudadano.

f) Relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia:
La digitalización es una realidad. La posibilidad de relacionarse electrónicamente con juzgados y tribunales, ya sea para presentar escritos, solicitar información o recibir comunicaciones, agiliza trámites y acerca la justicia a las personas, facilitando su acceso desde cualquier lugar.

g) Conocer el estado de los procedimientos por medios electrónicos:
Este derecho complementa el anterior. No solo se puede interactuar digitalmente con los órganos judiciales, sino que además se puede verificar el estado del procedimiento, ver si se ha dictado alguna resolución o si hay plazos pendientes. Esto aporta transparencia y control, evitando la indefensión que produce el desconocimiento.

h) Acceder a documentos en formato electrónico accesible universalmente:
Los expedientes judiciales pueden ser extensos y complejos. Garantizar su acceso en formato electrónico accesible permite no solo que las partes consulten la información con mayor facilidad, sino que también beneficia especialmente a quienes tengan alguna discapacidad visual o cognitiva, ya que la accesibilidad universal implica adaptar el formato a las necesidades de cada uno.

i) Emplear sistemas de identificación y firma electrónica:
Para mayor seguridad jurídica y autenticidad de las actuaciones, la ley prevé el uso de mecanismos digitales fiables y seguros, como certificados digitales o sistemas de identificación biométrica. Esto garantiza la validez de las comunicaciones y minimiza la posibilidad de suplantaciones.

j) Comparecencia personal menos gravosa posible:
Comparecer personalmente en un juzgado puede implicar desplazamientos, pérdida de tiempo de trabajo y otros inconvenientes. Este derecho señala que solo se exigirá la presencia personal de las partes cuando sea estrictamente indispensable, reduciendo las molestias y costes asociados al procedimiento.

k) Protección al declarar como testigo o colaborador:
Quienes colaboran con la justicia (testigos, denunciantes, peritos) merecen protección, sobre todo en casos delicados (delitos graves, crimen organizado, violencia de género). Este derecho garantiza que las personas que contribuyen al esclarecimiento de la verdad no sufran represalias ni vean vulnerados sus derechos.

l) Presentar reclamaciones, quejas y sugerencias por mal funcionamiento:
El sistema de justicia debe ser permeable a la crítica. Si el ciudadano percibe un funcionamiento deficiente, puede formular quejas y sugerencias. Esta retroalimentación sirve para identificar problemas y mejorar la calidad del servicio.

m) Formularios gratuitos para ejercer derechos sin abogado ni procurador:
Cuando la intervención de un profesional no es obligatoria, el acceso a la justicia no debe verse limitado por el desconocimiento técnico. La disposición de formularios gratuitos y sencillos facilita la presentación de demandas, recursos u otras solicitudes de manera autónoma, sin que los costos o la complejidad sean un obstáculo.

n) Protección de datos personales:
El uso creciente de tecnología en la justicia implica el tratamiento de datos personales. Garantizar la seguridad, confidencialidad y protección de estos datos es fundamental para preservar la privacidad de las personas involucradas.

o) Reconocimiento de la discapacidad como criterio de protección especial:
La discapacidad no puede ser un motivo de discriminación, sino al contrario, un criterio para proporcionar medidas de apoyo y accesibilidad que permitan al individuo ejercer su derecho de defensa en igualdad de condiciones.

p) Derecho a guardar silencio en procedimientos penales y sancionadores:
En el ámbito penal y sancionador, el derecho a no declarar contra uno mismo ni a confesarse culpable es esencial. Este derecho, vinculado a la presunción de inocencia, protege a la persona de autoincriminarse.

q) Otros derechos reconocidos por la Constitución, tratados internacionales y leyes:
La lista no es cerrada. Existen otros derechos derivados de la normativa constitucional, internacional y del resto del ordenamiento jurídico que pueden reforzar el derecho de defensa y la relación con la justicia.

Artículo 11. Derecho a intérprete y/o traductor

Este artículo refuerza la importancia de la comunicación efectiva en el proceso judicial. Si una persona habla una lengua distinta a la utilizada en el tribunal, o si la utilización de su lengua materna o una lengua oficial del territorio facilita la comprensión, el juzgado debe poner a su disposición un intérprete o traductor.

Esta garantía no solo se refiere a la barrera idiomática, sino también a la comprensión efectiva. En un Estado compuesto por distintas lenguas oficiales, el derecho a un intérprete es crucial para asegurar que la defensa se ejerza con total plenitud, sin que el idioma se convierta en obstáculo.

Artículo 12. Protección del derecho de defensa

Este artículo reúne un conjunto de garantías adicionales que buscan hacer efectivo el derecho de defensa y subsanar cualquier vulneración que pueda generarse desde los poderes públicos.

1. Garantías en las actuaciones procedimentales, incluidas las electrónicas:
   El uso de medios electrónicos en la administración de justicia no debe mermar el derecho de defensa. Todas las actuaciones deben realizarse con la misma rigurosidad, protección de derechos y accesibilidad que las presenciales.
2. Acciones legales contra vulneraciones del derecho de defensa:
   Si el derecho de defensa es conculcado por la actuación de los poderes públicos (por ejemplo, denegando el acceso a documentación, impidiendo el uso de intérprete o filtrando datos personales), las personas tienen derecho a actuar legalmente para exigir la reparación o el cese de la vulneración.
3. Indemnidad de las personas trabajadoras:
   En el ámbito laboral, ejercer el derecho de defensa no debe ser causa de represalias del empleador. Este derecho a la indemnidad garantiza que un trabajador no pueda ser sancionado, despedido o perjudicado por el simple hecho de reclamar judicialmente sus derechos.
4. Transparencia en el uso de la inteligencia artificial:
   La modernización tecnológica también afecta a la selección de profesionales de la abogacía y a los servicios jurídicos ofrecidos a través de plataformas digitales. La norma establece que las personas tienen derecho a conocer con transparencia los criterios de inteligencia artificial empleados, para evitar discriminaciones ocultas o decisiones arbitrarias basadas en algoritmos opacos.

Conclusión

Los artículos analizados completan el marco del derecho de defensa con una serie de garantías que van más allá de la figura del abogado o de la posibilidad de presentar alegaciones ante un tribunal. Estos derechos abarcan la participación activa y comprendida en el procedimiento, la exigencia de calidad en el servicio público de justicia, la protección ante errores y mal funcionamiento, la accesibilidad en el uso de las lenguas, la digitalización de las relaciones con la justicia y el cuidado de la privacidad y la dignidad de las personas involucradas.

Al reconocer estos derechos, el ordenamiento jurídico busca mejorar la calidad de la justicia, acercarla a la ciudadanía, fomentar la confianza en las instituciones y asegurar que el derecho de defensa sea pleno, efectivo y adaptado a las necesidades y circunstancias de cada individuo. En suma, garantizan una justicia más humana, accesible, transparente y respetuosa con la diversidad y los derechos fundamentales.