Sobre la “ley mordaza”.

fotografia ley mordaza

El texto del proyecto de ley orgánica de Seguridad Ciudadana ha sido aprobado en el Congreso de los Diputados por 181 votos a favor y 141 votos en contra. La norma será enviada al Senado para su aprobación por este órgano, lo cual constituye un trámite burocrático más que democrático, porqué, como todos sabemos, el Senado aprobará dicha normativa sin ningún tipo de miramiento. Diversas plataformas ciudadanas y agentes jurídicos (en especial numerosos Jueces y Magistrados) han criticado su aprobación puesto que constituye un retroceso en el ejercicio de derechos y libertades fundamentales. En su exposición de motivos, se indica textualmente La perspectiva que el transcurso del tiempo ofrece de las virtudes y carencias de las normas jurídicas, los cambios sociales operados en nuestro país, las nuevas formas de poner en riesgo la seguridad y la tranquilidad ciudadanas, los nuevos contenidos que las demandas sociales incluyen en este concepto, la imperiosa necesidad de actualización del régimen sancionador o la conveniencia de incorporar la jurisprudencia constitucional en esta materia justifican sobradamente un cambio legislativo. Libertad y seguridad constituyen un binomio clave para el buen funcionamiento de una sociedad democrática avanzada, siendo la seguridad un instrumento al servicio de la garantía de derechos y libertades y no un fin en sí mismo.

Para conseguir la seguridad y tranquilidad ciudadanas y, en definitiva, un buen funcionamiento de una sociedad democrática avanzada el texto propone las siguientes medidas: aumento del número de infracciones (que pasan de 30 del anterior texto, a 57), con sanciones desproporcionadas y desvinculadas de la situación económica del infractor, despenalización de conductas que constituían faltas juzgadas por la jurisdicción penal para incluirlas en infracciones administrativas y evitar el control judicial (enviando a los ciudadanos a la jurisdicción contenciosa, más lenta y costosa al exigir abogado y procurador y el abono de tasa judicial), creación de conductas de “mero riesgo” o “amenaza contra la seguridad ciudadana” sin concreción alguna, dejando en manos de los agentes de las Fuerzas de Seguridad la interpretación o percepción de dicho peligro, la persecución de formas de protesta ciudadanas, y, en general, la ampliación de discrecionalidad a los agentes de policía para efectuar controles y registros corporales, con impunidad de los agentes de la autoridad (a los que no se les exige ir identificados en sus actuaciones y a los que no se podrá fotografiar ni gravar) y, como colofón, la posibilidad de rechazar a los extranjeros detectados en la línea fronteriza intentando superar la frontera, lo que se ha venido llamando la “devolución en caliente”.

El Gobierno ha confeccionado el decálogo de “buen ciudadano”, identificándolo con aquél que, sumiso y silencioso, deja transcurrir la vida sin alterarse lo más mínimo, ni en lo que afecta a su vida personal, ni en lo relativo a la justicia social, ya que, con su conducta, no altera la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía en general. Para decidir qué tipo de ciudadano quiere ser, en primer lugar, tiene que saber qué conductas le convierten en un elemento subversivo y alterador del orden público, por lo que, en primer lugar, y bajo ningún concepto, no se queje ni manifieste. En el supuesto de realizar un acto de tal trascendencia, sepa que continuará siendo “buen ciudadano” si no porta pancartas contra las instituciones contra las que se manifiesta, no coloca tenderetes en la vía pública para recoger firmas o facilitar información, no acampa para quejarse, no se reúne ante ninguna Institución parlamentaria para mostrar su malestar por las políticas creadas por los que allí trabajan (aunque no estén dentro), no cuelga pancartas ni banderas en edificios, no protesta ante el Banco que ha desahuciado a su vecino, o que ha vendido preferentes a sus abuelos dejándoles sin ahorros, no se encierra en la empresa para la que trabaja para quejarse por el ERE que le dejará en la calle, no corta el tráfico, no crea alarma social, no porta elementos susceptibles de alterar la seguridad ciudadana, no se niega a que le soliciten que se identifique o sea cacheado sin informarle del motivo de dicha intervención, si no se reúne o manifiesta en lugares en los que pudiere alterarse la seguridad ciudadana, o su coche no está estacionado en uno de esos lugares sospechosos de alteración, si no convoca o dirige una protesta pacífica en un lugar público, si no pierde el dni más de 3 veces en 5 años, si no enfoca un agente de la autoridad con una luz, o le fotografía o graba mientras se excede en sus funciones, no le canta la caña al político de turno al que han imputado por corrupción, no se manifiesta antes de ir a votar, o no lo hace con gorra, sombrero, casco o capucha, si no exhibe una pancarta o lanza una proclama en un acto electoral, mientras se producen votaciones o cuando se recuentan los votos, no se viste de bombero para protestar sobre la falta de recursos en la lucha contra los incendios, no cultiva plantas de marihuana en su casa y para su autoconsumo, no se suicida precipitándose desde un edificio, no practica nudismo o no juega a pelota en las plazas públicas, por poner algunos ejemplos. En los demás casos, no se relaje. Puede que también acabe sancionado, porque quizás tenía usted la intención de alterar el orden público, o su pensamiento ha sido determinante en la creación del riesgo percibido por el agente de policía en el ejercicio de sus funciones.

En mi opinión, esta ley sólo garantizará la seguridad y tranquilidad de aquéllos al servicio del capital y del poder que, en los últimos tiempos, ven cómo sus fechorías salen a la luz pública y son señalados y abucheados en nombre de la justicia social.

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