Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, núm. de recurso 802/2014 de 16 de marzo de 2015.

En esta sentencia, se resuelve la impugnación del recurrente contra la resolución del Juzgado de lo Social, que desestimaba su pretensión dirigida contra el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en reclamación del 40% de la indemnización derivada de la extinción de su contrato laboral. Los hechos que han originado esta controversia, pueden resumirse en los términos siguientes: en primer lugar, el recurrente presentó solicitud en el mes de marzo, solicitando el importe correspondiente al porcentaje anteriormente detallado de la indemnización por extinción de su contrato laboral; en este sentido, FOGASA resolvió al respecto en el mes de julio del mismo año, y al afectado no le fue notificada resolución denegatoria de la pretensión hasta el mes de septiembre, seis meses después de haber presentado la solicitud.

La cuestión principal a resolver en esta sentencia consiste en determinar si al haber transcurrido más de tres meses desde que se presentó la solicitud por el recurrente, debe entenderse estimada por silencio positivo. El recurrente alegó que la actuación de FOGASA va en contra del artículo 28.7 del Real Decreto 505/1985, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, que establece el plazo máximo de tres meses para resolver las solicitudes de primera instancia, relacionado con el artículo 43.1, 2 y 3 a) de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

En este sentido antes de analizar las premisas anteriores del recurrente, el Tribunal analiza uno de los motivos por los que en primera instancia fue desestimada la demanda, que consistía en que el actor no presentó demanda hasta una vez transcurridos varios meses desde que se le notificó la resolución; no obstante, el Tribunal Supremo, aplicando doctrina propia, rebate este argumento indicando que la resolución denegatoria no perdió su eficacia.

Seguidamente, el Tribunal pasa a analizar la cuestión principal de la que extrae conclusiones a favor de los intereses del recurrente. En primer lugar, confirma el plazo de tres meses que se concede a FOGASA para resolver; y a continuación en relación con el artículo 43.1, 2 y 3a) de la Ley 30/1992, declara que es de aplicación sus disposiciones a FOGASA y que en base a este precepto, la resolución se debió entender estimada por silencio administrativo positivo, como acto administrativo que finaliza el proceso, y por último, la resolución denegatoria dictada debió ser únicamente confirmatoria del silencio positivo.

Finalmente, el Tribunal resuelve estimar el recurso y anular las sentencias anteriores desestimatorias de las pretensiones del recurrente sin condena a costas.

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