Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, núm. 161/2015, de 17 de marzo de 2015.

Esta sentencia resuelve el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 1ª de 7 de julio de 2014, que resuelve los sucesos derivados de las concentraciones del “Movimiento 15 M” ante el Parlamento de Cataluña el año 2011, y que derivaron en un impedimento en el acceso de los diputados a la cámara parlamentaria. La Audiencia absolvió a varios acusados de los delitos contra las Instituciones del Estado, atentado, asociación ilícita y condenó a uno de ellos por una falta de daños.

En instancia se acordó generalizar el uso del interrogatorio por videoconferencia, tanto para los diputados perjudicados como para los testigos que lo solicitaran. Por el contrario el Fiscal entiende que el uso de este medio supuso una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de utilización de los medios de prueba pertinentes (art. 24 CE). Al respecto el Tribunal Supremo afirma que ello no supone ninguna vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, pues tanto la acusación pública, como las restantes acusaciones y defensas pudieron realizar los interrogatorios correspondientes sin ninguna distorsión perceptiva o valorativa que pudiera afectar a los sujetos destinatarios de la inmediación.

El Tribunal entra a analizar los apartados 2 y 3 del art. 229 de la LOPJ y el 731 bis de la LECrim y sostiene que es cierto que los anteriores preceptos pueden evocar una idea de justificada excepcionalidad en el uso de la videoconferencia, pero a juicio del Tribunal es un medio que garantiza los principios de oralidad, inmediación y contradicción.

En esta sentencia, el Tribunal defiende la necesidad de la asistencia letrada en las diligencias policiales de identificación que vayan más allá de una reseña fotográfica y que requiera del detenido una colaboración activa con los agentes, singularmente cuando esas instantáneas supongan los primeros actos que pasaran a integrar un posterior dictamen pericial.

Finalmente, el Tribunal entra a ponderar la colisión surgida entre la libertad de expresión y el derecho de reunión con el derecho de participación de los ciudadanos a través de sus legítimos representantes, haciendo prevalecer éste último por entender que es un principio claro para la vigencia del sistema constitucional. Al respecto y haciendo un análisis de los hechos probados, el Tribunal entiende que algunos de los partícipes en los incidentes han incurrido en el delito previsto en el art. 498 del CP, condenando a ocho de los acusado a una pena de prisión de tres años, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

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