Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª de lo Civil, núm. 29/2015, de 2 de febrero de 2015.

En esta sentencia el Tribunal Supremo indemniza a una niña contagiada por el VIH a causa de unas transfusiones de sangre recibidas en el hospital público Vall d’Hebrón en 1986. El año 1997 se detectó que estaba infectada por VIH y en 2008 fue diagnosticada de SIDA, momento en que se formuló demanda de reclamación de daños y perjuicios contra la aseguradora del hospital. Las sentencias de instancia estimaron íntegramente la demanda y condenaron a la aseguradora a pagar a la niña 659.286 y 60.240 euros para cada uno de los padres.

En la sentencia, el Tribunal resuelve cuestiones relativas a la prescripción de la acción y el quantum indemnizatorio aplicable en este supuesto, atendiendo los criterios jurisprudenciales en materia de contagio de SIDA.

Por lo que se refiere a la prescripción, el Tribunal recuerda que según la doctrina jurisprudencial “es el conocimiento del padecimiento de la enfermedad y de su origen, junto con la confirmación médica de su posible evolución según el estado de la ciencia, el que ha de determinar el inicio del plazo de prescripción, pues desde ese momento sabe el agraviado (art. 1968.2 CC) tanto la existencia del daño indemnizable como la identidad del responsable”. En este caso en particular, el Tribunal Supremo entiende que se produjo una “progresión negativa de la enfermedad y que no se pudo alcanzar el diagnóstico del SIDA hasta que el VIH no se diagnosticó como C3, lo que se produjo en abril de 2008”. A partir de este momento, que es el más grave, según la Organización Mundial de la Salud, solo cabe el agravamiento del estado del paciente en función de las infecciones oportunistas que le afectarán dado la inmunodeficiencia que padece, o lo que es lo mismo, a partir de ese estadio C3 la enfermedad se vuelve crónica.

En cuanto a la fijación de la cuantía de la indemnización, considera que es función soberana de los tribunales de instancia, solo susceptible de revisión por error notorio o arbitrariedad, lo que, a juicio del Tribunal, no concurre en este caso. Asimismo, sostiene que “valorando el dolor, el daño y todas las circunstancias del caso, pasadas y futuras (enfermedades, ingresos hospitalarios, consecuencias psicológicas padecidas y que padecerá, afectación social), la cantidad concedida no es desproporcionada, excesiva o infundada”.

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