Real Decreto-ley 3/2015, de 22 de marzo, por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para luchar contra el fraude en los servicios públicos, para el impulso del funcionamiento de la Administración de Justicia y en aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Esta norma, regula la oferta de nuevas plazas de empleo público para evitar el fraude en el sector público y garantizar con ello las tareas de inspección y control que prevén este tipo de situaciones. Con el incremento del personal en las Administraciones Públicas dedicado a este tipo de tareas preventivas, se insta a combatir el fraude fiscal y a favorecer el aumento de los ingresos públicos de las Administraciones, dirigidos a los intereses generales de la población, a crear empleo y que permiten reducir la presión fiscal.

Estos objetivos anteriormente mencionados, son los que han impulsado a la ampliación de las plazas ya previstas en la Oferta de Empleo Público para los Cuerpos de Inspección y lucha contra el fraude fiscal y social. La oferta de empleo público ofrecida por este Real Decreto-ley consiste en la convocatoria de acceso a 294 plazas en el ámbito de la lucha contra el fraude fiscal y el control del gasto; 150 plazas en el ámbito de la lucha contra el fraude laboral y de Seguridad Social y en la Administración de Justicia y de 160 plazas en el Cuerpo de Secretarios Judiciales.

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