Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.

Las modificaciones que se regulan en esta ley, nacen de la trasposición de dos Directivas de la Unión Europea reguladoras del derecho a la interpretación, traducción e información en los procesos penales.

Por un lado, se regula el derecho a la traducción e interpretación de las personas que no hablan o no comprenden el idioma en el que se desarrolla el procedimiento, y de las personas con discapacidades auditivas y sordociegas. En este sentido, para su garantía, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal se introducen previsiones dirigidas a asegurar que el acusado o imputado sea asistido por un intérprete en todas aquellas actuaciones que requieran su presencia, incluyéndose entre ellas, los actos preparatorios de la defensa con su abogado. Además, para asegurar estos derechos se facilita el acceso a las personas afectadas por estas discapacidades a la traducción de documentos esenciales en el proceso penal, como pueden ser las resoluciones que condenan a prisión al afectado, escritos de acusación y defensa, entre otros.

Al margen de los anteriores derechos, se realizan modificaciones que afectan al derecho de información de las personas detenidas y aquellas que son acusadas o imputadas en el proceso. En este sentido, para garantizar un juicio equitativo, se modifica el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regulador del derecho de defensa, en el que se precisa que la persona descrita en las anteriores circunstancias, tendrá derecho a toda una serie de actuaciones como son el derecho a la traducción e interpretación gratuitas, el derecho a designar libremente abogado, el derecho a no confesarse culpable, entre otros. Además, el derecho a la información de los detenidos y presos previsto en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha sido objeto de modificación ampliándose los derechos que se recogían con anterioridad a la reforma, y que incorporan, entre otros, el derecho de acceso a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.

Finalmente, respecto a la Ley Orgánica del Poder Judicial, únicamente se ha modificado el artículo 5 de la norma y en el que se prevé la intervención de un intérprete en las actuaciones orales y en aquellas que sea necesaria su interpretación en lengua de signos.

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