Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

La popularmente denominada “ley Mordaza”, cuyo anteproyecto fue presentado el 29 de noviembre de 2013, toma forma en la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, por la que se aprueba una nueva Ley de protección de Seguridad Ciudadana.

Como punto de partida deben realizarse dos puntualizaciones respecto a la primera afirmación: la nueva ley resulta cuasi orgánica; y no altera solamente el ámbito de la antigua ley de seguridad ciudadana. Primero, el nuevo texto dedica su Disposición Final Cuarta a determinar cuáles preceptos tienen carácter orgánico y cuáles no, creando así distintos niveles de protección ante futuras reformas, incluso dentro del mismo precepto. Segundo, la nueva legislación afecta otros ámbitos, en concreto y de gran notoriedad pública, la extranjería (actualmente regulada por la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) introduciendo una nueva medida contra extranjeros denominada “rechazo en frontera”.

El rechazo en frontera, según la Disposición Adicional décima, es un régimen sólo aplicable a Ceuta y Melilla que consiste en la capacidad de “rechazar” a los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza mientras intentan cruzar irregularmente la frontera.

Otro aspecto fundamental que introduce la reforma, y motivo por el cual se llevó a cabo en paralelo a la reforma del Código Penal, es la penalización de un conjunto de acciones antes tipificadas como faltas en aquél texto legal además de otras no recogidas previamente. Así, determinadas acciones escaparán, de entrada, del control judicial y se ventilarán por el procedimiento administrativo correspondiente, proceso en el cual, como es sabido, las declaraciones de los agentes de la autoridad tienen presunción de veracidad, no existiendo dicho privilegio en un proceso penal.

De entre las infracciones tipificadas como leves, graves, y muy graves, y su correspondiente sanción, destacan las siguientes, todas marcadas además por una elevada cuantía de la multa a pagar.

Serán infracciones leves, sancionadas con una multa de entre 100€ y 600€: negarse a identificarse; ocupar un inmueble sin el consentimiento del propietario; insultar a un agente de la autoridad durante una manifestación; ocupar entidades bancarias; ocupar la vía pública por la venta ambulante; consumir bebidas alcohólicas en la calle y escalar edificios.

Se incluyen en las nuevas infracciones graves, con una sanción de entre 601€ y 30.000€: grabar a la policía y utilizar las imágenes sin autorización; manifestarse frente al Congreso, Senado, o parlamentos autonómicos si se perturba la seguridad; impedir un desahucio; negarse a disolverse en una concentración o manifestación; consumir drogas en lugares públicos y solicitar o aceptar servicios sexuales en la vía pública o en presencia de menores.

En último lugar se tipifican como infracciones muy graves, sancionadas con una multa de entre 30.001€ a 600.000€: reunirse o manifestarse en infraestructuras de servicios públicos y celebrar espectáculos o actividades recreativas en contra de la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente.

Finalmente resulta oportuno recordar que varias de estas acciones ya se encuentran recogidas por diversas ordenanzas, con sus respectivas infracciones y sanciones, que los Ayuntamientos fueron aprobando a lo largo de los años desde que se les reconoció la capacidad para hacerlo por parte del Tribunal Constitucional. Habrá que esperar a la entrada en vigor el próximo 1 de julio para ver qué solución se toma en los casos de duplicidades o incongruencias entre ambos cuerpos normativos.

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