Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

La aprobada reforma del Código Penal que entrará en vigor el 1 de julio de 2015 trae consigo un conjunto de novedades, entre las cuales destacan las siguientes:

Un cambio drástico en lo que a política criminal se refiere ya que se introduce una nueva pena de prisión permanente revisable. Se reserva la misma para los supuestos de excepcional gravedad y tendrá duración indeterminada, si bien a partir de un plazo de entre 25 y 35 años será revisada cada dos años o bien a petición del penado con intervalos de un año. Esta pena se aplicará a una lista cerrada de delitos en la que se incluyen supuestos como asesinatos múltiples o especialmente graves por recaer sobre determinadas personas como menores de 16 años o incapaces, así como sobre el Jefe del estado español u otro estado, por pertenecer el que lo cometiese a una banda criminal o producirse después de un delito contra la libertad sexual.

Se reestructura el sistema de penas con la supresión de las faltas. Lo que antes era una falta o bien pasa a ser un delito menos grave, como en el caso de la falta de hurto, o bien se llevará por la vía administrativa, como en el caso de las faltas contra el orden público.

Modificación de los plazos para pedir la cancelación de antecedentes penales: seis meses para las penas leves; dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes; tres para las restantes penas menos graves inferiores a tres años; cinco para las iguales o superiores a tres años; y diez para las graves sin haber vuelto a delinquir.

En relación a la ejecución de la pena, ya no computará como tiempo de cumplimiento de condena la libertad condicional. La concesión de la misma supondrá la suspensión de la ejecución de la pena, que será extinguida si no hay reincidencia, o en caso de incumplimiento, se revocará la libertad.

Respecto a los delitos contra la libertad sexual, cabe destacar que se eleva la edad del consentimiento sexual a los 16 años, lo que implica que la realización de actos de carácter sexual con menores de dicha edad serán considerados delictivos, salvo que se trate de relaciones consentidas entre personas de edades y desarrollo o madurez próxima.

Se introducen nuevos delitos tipificados como en el caso del matrimonio forzado, el hostigamiento, la divulgación de imágenes íntimas obtenidas con consentimiento, la manipulación de los dispositivos de control que sirven para vigilar el cumplimiento de las penas o la financiación ilegal de los partidos.

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