La Justicia ya no es igual para todos.

La justicia nunca ha sido igual para todos. Y ahora, menos que nunca. El lunes entró en vigor la tasa judicial estatal (Ley 10/2012 de 20 de noviembre) que, junto con la tasa judicial catalana (Ley 5/2012 de 20 de marzo) hacen de los Juzgados catalanes los más caros de pisar de todo el territorio español. Así, un catalán abona hasta 240 euros más por acudir a la Justicia que un madrileño, un valenciano o un gallego. Para que nos hagamos todos una idea de lo que, a partir de ahora, nos va a costar acudir a los Tribunales, interponer una demanda en reclamación de hasta 3000 euros tendrá un coste añadido de 435 euros, o de 201,50 euros en el caso del recurso contra una multa de tráfico de 300 euros de sanción. Si el sobrecoste es importante en primera instancia, el varapalo adquiere su máxima expresión en la segunda instancia, esto es, en la posibilidad de revisar la resolución judicial por parte de jueces que, por su experiencia profesional, ocupan un lugar más elevado en el organigrama judicial y en los que, no nos engañemos, solemos confiar los abogados cuando tenemos delante un asunto complejo. Así, recurrir en apelación una sentencia desfavorable aumenta el presupuesto desde 920 a 1420 euros dependiendo de la cuantía del procedimiento. Es patente que incorporar una tasa judicial por este importe (que, en ocasiones supera los propios honorarios del letrado que debe redactar el recurso de apelación) coartará el derecho del ciudadano a que su sentencia sea revisada, por lo que, a segunda instancia llegarán, o bien los procesos donde los litigantes son titulares del beneficio de la justicia gratuita, o bien aquéllos con medios económicos holgados. Hay quien está planteando la necesidad de recurrir al Tribunal Constitucional tal tropelía, e incluso algunos operadores jurídicos (sinceramente, creo que casi todos menos el Sr. Gallardón) están viendo peligrar el derecho a la tutela judicial efectiva, o derecho a acceder a la justicia proclamado en la Constitución. Yo también lo creo, pero nuestros jueces constitucionalistas, ¿pensarán lo mismo? En la sentencia que resuelve el recurso interpuesto contra la primera ley que introdujo tasas en el mundo judicial, el Tribunal Constitucional se mostró a favor de la incorporación de la tasa, siempre y cuando su cuantía no supusiera un obstáculo insalvable por el ciudadano a la hora de acceder a la justicia. En todo caso, hasta dentro de diez años (que constituye la media que puede tardar el Tribunal en resolver) desgraciadamente veremos cómo los abogados y procuradores disminuimos nuestros ingresos porqué la situación económica no permitirá a nuestros clientes afrontar algunos pleitos, los funcionarios de justicia siguen viéndose privados de pagas extras y los Juzgados no pueden tramitar los asuntos con diligencia porqué les han suprimido personal y no cubren las bajas laborales. Al parecer, los únicos beneficiados por la sapiencia del Sr. Ministro serán los Notarios, que podrán casar, separar y divorciar, pero eso lo dejaremos para otro post.

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