El trabajador: malos tiempos para la lírica.

Me permito el lujo de parafrasear el título de aquél célebre poema de Bertolt Brecht para ilustrar la situación que viven los trabajadores de este país. El ambiente económico sigue siendo negativo, pese a que el Gobierno se empeña en afirmar que existen síntomas evidentes de recuperación económica (los antiguos brotes verdes). Pese a que sí que es cierto en que hay una pequeña mejoría, no es menos cierto que sigue existiendo una mala situación económica para el mundo laboral: las empresas pasan por problemas, y consecuentemente eso se acaba traduciendo en los derechos de los trabajadores.

España, debido a su estructura social y laboral siempre ha tenido un problema con la ocupación. En cada crisis o recesión que sufrimos, siempre superamos la fatídica tasa del 20% de desempleo, con el consecuente drama social y familiar. En la actualidad, tenemos una tasa del 24,4% habiendo llegado a registrar la plusmarca (como en el atletismo) del 26,3% de tasa de desempleo.

Los sucesivos gobiernos, en vez de emprender las oportunas reformas necesarias para modernizar la economía productiva del país, han ido realizando sucesivas modificaciones de la legislación laboral que no han acabado de solucionar el problema endémico del país. Y es que, cuando la diferencia de desempleo entre la Comunidad Autónoma más desocupada (Andalucía con un 35,2% de desempleo) y la menos desocupada (Navarra con un 20,3% de desempleo) es de más de la mitad, o lo que es lo mismo 20,3 puntos porcentuales de diferencia, es que existe un problema estructural económico y no un problema de regulación del mercado de trabajo, ya que la normativa laboral es la misma para todas las regiones.

Habida cuenta de lo expuesto, entiendo que es imperativo realizar un brevísimo resumen de las grandes reformas laborales realizadas, para poder analizarlas posteriormente, y obtener una conclusión evidente: el camino realizado no ha servido para nada.

La primera gran reforma laboral se realizó en el año 1984, es decir, hace treinta años, y con una tasa de desempleo del 21,5%. En ella se favorecieron medidas encaminadas a conseguir una mayor temporalidad como receta mágica para reducir el desempleo. Asimismo, se redujo la jornada laboral a 40 horas semanales y se aumentaron los días de vacaciones a 30 días naturales. Así pues, al margen de dichas conquistas, la receta fue favorecer la temporalidad para reducir el desempleo.

Diez años después, en 1994, con una tasa de desempleo en el 24,2%, se introdujeron unas medidas urgentes encaminadas a favorecer la contratación mediante la implementación de más medidas de flexibilidad y de favorecimiento de la temporalidad. Otra de las grandes modificaciones introducidas es que se eliminó la obligación de contratación a través del INEM, pudiéndose efectuar contrataciones a través de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT).

En 2001, con una tasa de desempleo en el 10,4%, se introdujeron una serie de cambios encaminados a fomentar la indefinibilidad del mercado de trabajo mediante el uso de bonificaciones y el aumento de la cuota empresarial de la Seguridad Social en contratos temporales. Tres años después, y sin que dichas medidas fuesen responsables, en 2004 disminuía la tasa de desempleo por debajo del 10%. Nunca en la España democrática había existido una tasa tan baja de desempleo. Lo que era un claro reflejo de la situación de burbuja inmobiliaria, nos hacía estar en la Champions League de la economía.

En el año 2010, con la crisis en su máximo esplendor, y con un desempleo en el 20%, el gobierno emprendió una nueva reforma laboral. En ella se establecieron límites temporales a la concatenación de contratos temporales y de obra o servicio. Asimismo, y como principal novedad, se amplió el campo de acción de las causas por despido objetivo (económicas, técnicas, organizativas o de producción).

En febrero de 2012, con una tasa de desempleo en el 23,6%, se emprendió la última gran reforma laboral, siendo quizá la más agresiva de todas. Como principales novedades se introdujeron la posibilidad de distribuir irregularmente el 10% de la jornada laboral; se ampliaron los supuestos de descuelgue de convenios; se suspendió la necesidad de autorización previa administrativa en los Expedientes de Regulación de Empleo; se redujo la cuantía por despido improcedente de 45 días de salario por año con un máximo de 42 mensualidades a 33 días de salario con un máximo de 24 mensualidades; y finalmente, se emprendió el que entiendo que es quizá el gran cambio: la práctica supresión de los salarios de trámite.

Respecto a la normativa que regula el Fondo de Garantía Salarial, en los últimos años se han reducido las cuantías a las que tiene que hacerse cargo el fondo. Los límites salariales tanto para indemnizaciones como para salarios pendientes se reducen del triple del salario mínimo interprofesional al doble del salario mínimo interprofesional. Respecto a los salarios pendientes, el FOGASA sólo se hace cargo en la actualidad de un máximo de 120 días de salario pendiente, cuando antes se podía reclamar hasta 150 días. Finalmente, este último año ha desaparecido la ayuda que tenían las pequeñas empresas a la hora de indemnizar por despidos motivados por causas objetivas; se suprime el abono directo por parte del FOGASA del 40% de indemnización.

En conclusión, respecto los gobiernos, sean estos del PP o del PSOE, no han tenido la valentía (o capacidad) de emprender las reformas de calado que lograsen una política de empleo decente; sino que se han dedicado a ir dando palos de ciego y poniendo parches, situación que ha generado una situación inasumible para empresas y trabajadores. Hasta que no se logre hacer un mercado competitivo donde las empresas puedan crecer y consecuentemente crear puestos de trabajo sin que estos sean escasos y precarios, no superaremos uno de los males endémicos de este país, pero quizá eso sea pedir demasiado a la actual clase dirigente.

Adrià García i Alonso

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