Del Ministro de Dios en la Tierra o de la involución legal.

Llevo tiempo mordiéndome la lengua y esperando que el sentido común (dígase común al modo de pensar y proceder tal como lo haría la generalidad de las personas, según la RAE) impere en la Justicia. Al parecer, ello no es posible, ni lo será mientras el Notario Mayor del Reino siga haciendo de las suyas, beneficiando a ciertos colectivos (Notarios, dirigentes de grandes potencias y Reinados varios) y con la férrea voluntad de retroceder  los derechos de los ciudadanos a los existentes cuando su suegro ejercía de Ministro del Movimiento. Y es que la lista de sinsentidos jurídicos y de retrocesos legislativos ya es demasiado larga para no hablar de ellos. Todo aquello que enseñan en la Facultad de Derecho respecto de la laicidad del Estado, de la igualdad de los ciudadanos o de la función de la legislación de adaptación a la evolución de la sociedad, hoy, más que nunca, se ha convertido en una declaración de intenciones sin valor jurídico alguno. En otro post me manifesté, como operadora jurídica, en contra de las tasas judiciales, que me parecían una traba al acceso de los ciudadanos a la justicia. Sin embargo, desde aquél post, quienes nos gobiernan, y especialmente el Sr. Gallardón,  en un ejercicio de abuso democrático, han iniciado una serie de proyectos de ley tendentes, todos ellos, no sólo a beneficiar a las clases sociales con las que se relacionan, sino a castigar y amordazar a aquellos que protestan contra tanta desigualdad. Y así, han iniciado una cruzada contra la libertad personal en varios frentes , con la reforma de la ley del aborto, tratando a las mujeres como seres sin opinión ni control sobre su propio cuerpo y su vida; con la pena de prisión permanente revisable, pretendiendo introducir la cadena perpetua en contra de su tan estimada Constitución para castigar en lugar de reinsertar;  con la reforma de la Justicia Gratuita, donde denigra a abogados y procuradores que trabajan a favor de la igualdad del acceso a la justicia de los más desfavorecidos; con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde propone suprimir la acusación popular (tan molesta estos últimos tiempos), otorgar el poder de instruir e investigar al Ministerio Fiscal (nombrado por el Gobierno y al servicio de éste) y  decidir si se ejerce la acusación en función de criterios de oportunidad, y no de legalidad; con la reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, donde privatiza servicios que hasta ahora eran gratuitos, como las bodas, las separaciones y los divorcios a favor de sus tocayos, los Notarios (que como no firman hipotecas, ni préstamos, ni pólizas de crédito, pues se ve que tienen menos trabajo); con la reforma de la justicia universal, donde se intercambia justicia por inversiones y, aunque ello es obra y gracia de otro Ministro, como colofón final, y para que a nadie se le ocurra protestar, con el proyecto de ley de seguridad ciudadana (o ley mordaza) cuyo principal interés no es la seguridad ciudadana, sino la seguridad de aquéllos a quienes la mal llamada crisis ha puesto en el punto de mira de la sociedad. Pero de ello ya hablaremos en otro post.

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1 Comment

  • Me parece un artículo que puede suscribir no sólo cualquier operador jurídico sino cualquier ciudadano que preste atención a toda esta serie de “involuciones jurídicas” que comentas. Cómo persona concienciada en estos temas, me pregunto si esta “involución” será para siempre o al menos podremos volver a donde estamos.

    Un saludo.


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