Novedades legislativas

Directiva 2014/87 EURATOM del Consejo, de 8 de julio de 2014 por la que se modifica la Directiva 2009/71 Euratom, por la que se establece un marco comunitario para la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares.

La Directiva fue aprobada el pasado 25 de julio, modificando la Directiva 2009/71/Euratom. Esta reforma tiene como objetivo primordial incorporar las lecciones aprendidas tras el accidente de Fukushima y enmendar las carencias detectadas en determinados test de estrés a los que se han sometido las principales plantas nucleares europeas. Esta regulación trata de prevenir los riesgos eminentes a cualquier actividad relacionada con la energía nuclear, siendo necesaria esta armonización europea debido al hecho de que los accidentes de este tipo pueden traspasar las barreras nacionales mediante una fuga de material radioactivo a través de la atmósfera.

El texto impone determinadas medidas de seguridad enfocadas a todo el ciclo de vida de las centrales nucleares, desde el momento de su ubicación hasta su desmantelamiento, así como la obligatoriedad de un plan específico de actuación en caso de emergencia para cada una de las plantas nucleares. Se endurecen las exigencias respecto a la responsabilidad en materia de seguridad, la cual deberá recaer siempre sobre el titular de la licencia, el cual a su vez para obtenerla deberá cumplir con una mayor exigencia en la demostración de la viabilidad y seguridad del proyecto de la central. Por otro lado, se exigirá a los Estados miembros que garanticen la formación y educación especializada de todo el personal que ostente responsabilidades de seguridad.

La transparencia hacia las autoridades locales cercanas a la central es uno de los aspectos más destacables de la directiva, en la que se exige se ponga a disposición de éstas y demás grupos de interés que vivan cerca toda la información necesaria relativa a la seguridad de las instalaciones y su regulación. También se introduce un sistema de revisión mutua de las instalaciones nucleares por parte de los países de la Unión, que se realizará cada 6 años a partir del año 2017. Se incluye también un mecanismo por el cual cada Estado miembro deberá autoevaluar su marco regulador con el fin de reforzar la seguridad de las plantas, así como aceptar la revisión internacional de entidades reguladoras para ello.

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Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.

El objetivo general de esta ley es la de reformar la Administración pública para mejorar su eficiencia y productividad, posibilitando el crecimiento económico y la prestación efectiva de los servicios públicos. Por otro lado, se trata de reducir duplicidades y malgasto de dinero público. Las modificaciones ejecutan las recomendaciones del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. Analizamos aquí aquellas de mayor relevancia. Se unifica en el BOE la publicación de anuncios que corresponden a todas las notificaciones catastrales, independientemente del procedimiento del cual deriven, con tal de coordinar la normativa con el resto de notificaciones tributarias y administrativas.

En cuanto a la eficiencia energética, las Administraciones Públicas integradas en el Sector Público Estatal únicamente podrán adquirir bienes, servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético, siempre y cuando sea coherente con la rentabilidad y viabilidad económica, así como la idoneidad técnica. Esta obligación engloba a los contratos de suministro, de servicios y de obras cuyo fin sea la construcción de un edificio y el valor estimado sea de una elevada cuantía. En materia de empleados públicos, en primer lugar, se amplían a cinco el número de días reconocidos en la normativa vigente para la atención de asuntos particulares. En segundo lugar, se introducen cambios imprescindibles para fomentar la movilidad de los empleados públicos, con el objetivo de, por un lado, atender con eficacia destinar recursos a unidades deficitarias, y por otro posibilitar que las personas que trabajan en la Administración tengan otras vías de desempeño profesional para completar su carrera administrativa. De este modo, se flexibiliza la dependencia funcional de los interinos, se regulariza el régimen aplicable a supuestos de movilidad voluntaria entre Administraciones territoriales, y se crea la situación administrativa de servicios en la Administración civil para el personal militar. Finalmente, se introducen otras modificaciones que precisan ser verificadas en un futuro a través de la aprobación de una norma con rango de Ley, en los siguientes ámbitos: consejo de transparencia y buen gobierno, sector ferroviario y defensa de consumidores y usuarios.

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Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal.

Con este decreto se alcanza la reforma número 21 de la Ley Concursal desde su publicación en 2004. El legislador parte de tres premisas básicas para su elaboración: considerar la continuidad de las empresas económicamente viables en este contexto de crisis, acomodar el privilegio jurídico a la realidad económica y respetar la naturaleza jurídica de las garantías reales. Analizaremos algunas de las modificaciones más relevantes que introduce el Real Decreto-Ley, las cuales afectan a los convenios y a su aprobación. La primera de ellas es que se amplían los márgenes de las quitas y las esperas, pudiéndose aprobar quitas superiores al 50% y esperas superiores a 5 años pero que no excedan de 10. Por otro lado, se aumentan las mayorías necesarias para la aprobación del convenio, así como la posibilidad de ceder en pago de créditos los bienes o derechos que no resulten necesarios para la continuación de la actividad del concursado.

Hasta ahora se negaba el derecho a voto en la junta de acreedores tanto a los titulares de créditos subordinados como a quienes hubieran adquirido su crédito por actos entre vivos después de la celebración del concurso. Después de la reforma, podrán votar estos últimos, lo que ampliará el quorum necesario para la junta. Otra novedad importante es la posibilidad de que los acreedores privilegiados se vean arrastrados y queden vinculados por el convenio. Para que ello ocurra es necesario que voten favorablemente el convenio un porcentaje significativo de los acreedores de la misma clase, ya que los acreedores privilegiados quedan divididos en cuatro grupos (laborales, públicos, financieros, resto de acreedores). De este modo, solo se verán vinculados por el convenio los acreedores de cada grupo en función de si el 60% o el 75% de la misma clase hayan votado a favor. En cuanto a las reformas que afectan a la liquidación, se pretende facilitar el desarrollo de esta fase, tratando de favorecer la continuidad de la empresa. Se permitirá pues que el Juez retenga un 10% de la masa activa, con el fin de atender a posibles impugnaciones futuras, y se estipula que el adquirente de la empresa queda subrogado en la posición que tuviera la concursada en los contratos privados y administrativos de los que fuera parte.

Finalmente, cabe destacar algunas medidas para reforzar la posición de los acreedores públicos, como la prohibición de incluir propuestas alternativas para ellos en los convenios, y el hecho de que empresas concesionarias de obras y servicios públicos o contratistas de las administraciones públicas puedan presentar propuestas de convenio.

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Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público.

Este Real Decreto traspone el contenido de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que impone a los Estados miembros de la Unión Europea la obligación de reconocer a los autores, el derecho a percibir una remuneración por los préstamos públicos de sus obras. La norma impone el derecho de abonar un canon a los autores por los préstamos que realicen museos, bibliotecas, fonotecas o filmotecas abiertas al público, de contenido susceptible de generar derechos de autor; estando exentos por tanto las obras que pertenecen al dominio público. Los únicos establecimientos públicos que no han de abonar el citado canon son las bibliotecas de municipios con menos de 5.000 habitantes y las bibliotecas de instituciones docentes. También estarán exentos de generar derechos de autor las consultas realizadas in situ por los usuarios o los préstamos realizados a personas discapacitadas que tengan reconocido algún beneficio por la Ley de Propiedad Intelectual. Deberán abonar el canon los titulares de los establecimientos públicos a las entidades de gestión de derechos de autor. El pago tendrá carácter anual y se hará efectivo durante el semestre siguiente. Hasta 2016, fecha en que se hace efectivo el nuevo régimen, se abonará un único canon de 0,16 euros por obra adquirida. A partir de 2016 el sistema prevé un doble sistema de remuneración. Un canon de 0,005 euros por usuario y un canon de 0,004 euros por puesta a disposición.

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Real Decreto 411/2014, de 6 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 896/2003, de 11 de julio, por el que se regula la expedición del pasaporte ordinario y se determinan sus características.

Este texto normativo regula las características y requisitos para la obtención del pasaporte ordinario, pasando a modificar las previsiones de la norma que hasta la fecha regulaba su expedición, el Real Decreto 896/2003, de 11 de julio. La nueva norma, actualiza el pasaporte a la nueva realidad social y tecnológica del momento, disponiendo limitaciones del derecho a obtenerlo cuando existan medidas cautelares de la autoridad judicial que prevean prohibiciones de expedición o salida del territorio nacional e un determinado sujeto. A esta previsión también se reconoce la limitación que pueda establecer el Ministerio de Interior cuando exista situación de estado de alarma, excepción y sitio. Asimismo, y para evitar la posible sustracción de un menor del país de forma unilateral por uno de los padres, se requiere que, para la expedición del documento del menor, consientan ambos progenitores.

Como novedades físicas, se introduce la existencia de dos líneas de texto OCR en la parte inferior de la hoja de datos, que servirá para insertar acuerdos y disposiciones internacionales aplicables al pasaporte. También se añadirá un chip electrónico, semejante al del documento nacional de identidad actual, que contendrá información referida al titular. Finalmente el Real Decreto dispone la documentación necesaria a aportar para la expedición, y el presupuesto de que no será exigible aportar toda aquella documentación susceptible de poder ser consultada por medios telemáticos.

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Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

En fecha de 5 de julio de 2014 ha entrado en vigor este Decreto, del cual destacamos aquí sus principales novedades. La normativa incluye una amplia serie de medidas en materia fiscal, introduciéndose modificaciones sustanciales sobre la retención a practicar a los trabajadores autónomos por las actividades profesionales. El régimen general establecido tendrá una retención del tipo de IRPF del 21%. En cambio, en los años en que se dé inicio a la actividad se aplicará la retención del 9%, así como en los dos siguientes siempre que no se haya realizado ninguna actividad anterior. Como tercer tipo, se podrá optar a la retención reducida del 15% cuando en el ejercicio anterior los rendimientos íntegros derivados de la actividad profesional obtenidos por el contribuyente sean menores a 15.000 euros, siempre que además estos rendimientos representen el 75% de la suma de sus rendimientos totales de actividades económicas y del trabajo.

Este Real Decreto Ley también introduce la exención al pago del IRPF por la “plusvalía municipal” (Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana) y por las ganancias patrimoniales obtenidas de las daciones en pago de viviendas habituales para la cancelación hipotecaria. Esta dispensa se amplía a las transmisiones realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales. Por otro lado, se regula una compensación de las rentas negativas derivadas de participaciones preferentes. Este tipo de participaciones originó, al aplicar la normativa vigente, un perjuicio fiscal, puesto que la pérdida que se produjo por el canje en acciones o participaciones no era compensable con las ganancias que se obtenían al venderlas. Con esta nueva normativa, se establece un régimen de integración en el que se pueden compensar estas pérdidas con ganancias netas que se incluyen en la renta del ahorro o rendimientos del capital mobiliario positivos. Esta compensación podrá producirse en la declaración del IRPF 2014 y afectará a los rendimientos negativos pendientes de compensar. Cerrando estas medidas fiscales, el Decreto regula el establecimiento de un tipo de gravamen del 0,03% para el Impuesto sobre Depósitos de las Entidades de Crédito (IDEC). La recaudación de este depósito se destinará a las Comunidades Autónomas, en función de lo obtenido por cada una.

Otro pilar de esta iniciativa legislativa consiste en la creación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ), destinado a encauzar programas, proyectos y acciones enfocados al empleo de los jóvenes de entre dieciséis y veinticinco años, o hasta treinta en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Este sistema, el cual contiene medidas concretas para fomentar la integración laboral de este colectivo, viene acompañado de preceptos en la ley que lo complementan. Por un lado, se establece un incentivo generalizado consistente en una bonificación mensual en la aportación empresarial a la cotización de la Seguridad Social de 300 euros al tener empleado a un trabajador joven durante 6 meses, siendo éste el límite de tiempo para percibir dicha bonificación. Por otro, se modifica el régimen legal aplicable a varios contratos cuando empleen a alguien inscrito en el SNGJ aumentando las bonificaciones por cotizaciones a la Seguridad Social. Se crea también el Portal de Garantía Juvenil, el cual trata de reunir a jóvenes, administraciones, empresas y otras entidades las cuales participan en la gestión del SNGJ. En esta plataforma se ofrecerán estrategias de emprendimiento, de búsqueda de empleo, información relativa a los beneficios que aporta este sistema, y herramientas para que las empresas contraten a los jóvenes inscritos.

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Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Esta Ley Orgánica reforma el Consejo General del Poder Judicial en diversos aspectos. Por una parte habilita que sea el Tribunal Supremo el que juzgue tanto los procedimientos civiles como los penales del Rey o Reina que hubiesen abdicado, así como la consorte del Rey y los príncipes o princesas de Asturias. De este modo, la Familia Real al completo queda amparada por este aforamiento judicial.

En otro orden de cosas, se modifica la competencia sobre las jubilaciones voluntaria, forzosa, o por incapacidad permanente de los funcionarios de carrera, así como la posible prórroga en el servicio activo. Hasta la fecha era el Estado el habilitado competencialmente para dirimir estas cuestiones, siendo ahora las Comunidades Autónomas las competentes en esta materia. Se estipula también que los jueces dispondrán de cinco días más de permiso, equiparándose así al resto de funcionarios públicos. Cabe recordar que en 2012 el Gobierno recortó a tres el número de días de permiso por asuntos propios a los jueces y fiscales, siguiendo el esquema que se les aplicó a todos los funcionarios públicos en aquel entonces.

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Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

La normativa se publicó el 27 de junio en el BOE y se focaliza en la regulación prudencial del sector financiero, incorporando así los acuerdos internacionales adoptados por el Estado español como respuesta a la crisis financiera del año 2008 y en aras de un mayor control de este sector de la economía. Esta ley absorbe el Real Decreto Ley 14/2013, de 29 de noviembre, el cual reguló algunos de los aspectos más apremiantes. La ley se divide en tres grandes bloques. El primero de ellos trata sobre el Régimen jurídico de las entidades de crédito, recogiéndose entre otros, su definición, actividad exclusiva e inherente a las mismas, su funcionamiento interno, y las políticas de remuneraciones y gobierno corporativo. Estas últimas son las que suscitan mayor trascendencia en este primer bloque, imponiéndose limitaciones en el número de cargos a ejercer, a la remuneración variable y la obligatoriedad de la publicación de las retribuciones percibidas en el ejercicio anual de cada uno de los miembros del consejo de administración. El segundo se centra en la supervisión prudencial y la solvencia. En él encontramos novedades diversas, como la imposición expresa de la creación de un Programa Supervisor que rendirá cuentas ante el Banco de España, o la publicación de un Informe Bancario Anual, el cual recogerá datos de diversa índole, como el número de empleados, tributación o subvenciones. En línea con la búsqueda de la solvencia de estas entidades, se impondrá la creación a partir de 2016 de diversos colchones de capital, que aseguren la estabilidad de las entidades. El último bloque actúa sobre el Fondo de Garantía de Depósitos, modificando la composición de su Comisión Gestora, e incorporando a representantes de Ministerios gubernamentales como el de Economía y Competitividad y Hacienda y Administraciones Públicas, quedando fijada en un total de 11 miembros que serán seleccionados acorde a los criterios establecidos en esta regulación.

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Ley 7/2014, de 25 de junio, de modificación de la Ley 1/2006, de 16 de febrero, de la iniciativa legislativa popular.

Esta ley transforma algunos aspectos de la vigente normativa catalana que regula la iniciativa legislativa popular, la Ley 1/2006. Como ya ocurrió con la anterior variación del texto normativo del año 1995, la nueva ley recoge nuevas propuestas para actualizar la regulación al nuevo contexto económico y social. Por tanto, el principal objetivo de la ley es fortalecer la institución de la iniciativa legislativa popular para proteger y modernizar el sistema de democracia parlamentaria. La primera gran variación introducida consiste en limitar el periodo máximo a 4 meses para que se entre a debatir la ILP dentro del programa de la sesión plenaria. Con esta medida se limita el poder de programación del orden del día de los órganos de gobierno del Parlament de Catalunya.

La segunda reforma reconoce a los promotores de la iniciativa legislativa popular el derecho a intervenir durante el proceso de debate a la totalidad, así como en las tramitaciones posteriores que hayan superado el trámite. Con este cambio se refuerza la participación en la sede de comisión legislativa. El tercer gran cambio consiste en introducir una medida que permita tramitar una ILP aunque no exista dotación presupuestaria. Con dicha variación se prevé un mecanismo automático para diferir la entrada en vigor de la ley en el ejercicio presupuestario siguiente si en el actual no existen partidas económicas disponibles.
En último lugar, la reforma introducida consiste en extender el asesoramiento de los servicios jurídicos del Parlament de Catalunya a todas las fases de tramitación de la iniciativa y no sólo a la fase de presentación, tal y como venía sucediendo hasta ahora.

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Decreto Ley 3/2014, de 17 de junio, por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación en Catalunya de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

Este Decreto Ley establece la aplicación en Catalunya de las competencias de los entes locales tras la entrada en vigor de la ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. El citado texto normativo modifica la Ley de Bases del Régimen Local, y fija las atribuciones en exclusiva del Estado en determinadas materias. Esta situación de indefinición introducida por la Ley 27/2013, ocasiona que cada municipio realice una interpretación diferente en relación a las funciones que puede ejercer. Por tanto, el Decreto Ley define a qué responden las competencias propias, las delegadas, las distintas de las propias y las atribuidas por delegación en el marco del Estatuto de Autonomía de Catalunya. Las disposiciones adicionales del Decreto, asimismo, establecen la adaptación de los convenios, acuerdos y otros instrumentos suscritos entre la Generalitat de Catalunya y los entes locales.

El Decreto Ley, por tanto, puntualiza que las atribuciones propias de los entes locales son las establecidas exclusivamente por ley estatal o ley catalana, y que los titulares de éstas pueden ser los municipios, veguerías y áreas metropolitanas, garantizando que no se atribuyan simultáneamente. El texto normativo prevé también la posibilidad de que la Generalitat de Catalunya delegue competencias a los entes locales sin que éstas puedan afectar a la sostenibilidad financiera de aquéllos. Finalmente, también se regula la posibilidad de que el ente local desarrolle funciones propias y atribuidas por delegación, siempre y cuando no existan duplicidades y sean económicamente sostenibles.

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