Noticias jurídicas

Jueces para la Democracia, ausentes en la apertura del año judicial.

La Asociación ha decidido no acudir a este acto solemne, el cual es presidido por el Rey Felipe VI. Con esta acción pretenden mostrar su disconformidad ante la falta de medios e independencia de la Justicia. Han emitido a su vez un comunicado en la que denuncian la “creciente degradación” que provoca el hecho de que en los juzgados y tribunales haya una falta de inversión como la que se vive en estos momentos, estando situada España en la cola de los países europeos en el porcentaje de jueces/as por habitante. Los jueces responsabilizan directamente al poder ejecutivo, al no haber implantado la nueva oficina judicial, no haber modernizado la administración de justicia, así como su pasividad ante la problemática de las largas esperas en los procesos. Destacan lo llamativo que resulta este déficit en los asuntos de corrupción, ya que debido a la carencia de medios, se está generando una desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema judicial. Añaden también una crítica al ministro Gallardón, asegurando que “las únicas innovaciones del ministro han consistido en actuaciones privatizadoras del servicio público, como la entrega injustificada de los registros civiles a los Registros Mercantiles o la agresiva implantación de las tasas”.
Por su parte, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, también ha criticado la falta de recursos económicos, calificando de “brindis al sol” todas las leyes que se aprueben si posteriormente no se va a contar con los fondos necesarios para aplicarlas.

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La Fiscalía atribuye el descenso generalizado de los recursos contra la Administración a las nuevas tasas judiciales.

Un “descenso generalizado” del volumen de actividad de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo ha sido constatado por la Fiscalía, tras la publicación de la Memoria General del Estado que expone este órgano anualmente. En esta edición, referente al 2013, se destaca la reducción de los recursos referentes a algunos procedimientos que antes eran recurridos de manera “automática”, como eran las multas de tráfico o las sanciones por infringir el horario de cierre, y que ahora no lo son por el efecto “disuasorio” que generan las nuevas tasas judiciales.En efecto, la Fiscalía atribuye directamente la responsabilidad a estas nuevas medidas en materia judicial para explicar este fenómeno, al cual añaden la reducción del número de funcionarios públicos que recurren en defensa de sus derechos, al suprimir la ley 10/2012 la posibilidad de actuar sin abogado. El documento también pone de relieve que la Fiscalía de Castilla-La Mancha informó a favor de plantear la cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de tasas judiciales, así como la Fiscalía de Sevilla advierte de que el incremento del coste de la tasa está produciendo una situación de desigualdad en el acceso de los tribunales, que afecta más a los particulares que a las personas jurídicas.

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El magistrado del TC Juan Antonio Xiol pide un ‘esfuerzo’ legislativo para concretar el alcance de la libertad de expresión en internet.

En un encuentro sobre Periodismo y comunicación y Derecho, celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Xiol ha remarcado la problemática que se deriva de la vulneración del derecho al honor, la intimidad o la propia imagen en las redes sociales e internet. Según declaraciones del magistrado, dicha problemática se refleja en las crecientes demandas que recibe actualmente la Sala Primera del Tribunal Supremo. Explicó que no tan solo las personas famosas y los políticos son el foco de estos delitos, sino que ciudadanos ajenos a estos grupos pueden sentirse agredidos de igual modo. Por todo ello, insta al legislador a que “vaya haciendo un esfuerzo para ir estableciendo y concretando reglas que permitan conocer con más seguridad cuál es el alcance de todos estos derechos en el uso de las redes sociales.”

El magistrado añadió que no es lícito ampararse en el anonimato que ofrece la virtualidad de internet, y es necesario enfrentarse a estos conflictos adaptando la mentalidad al uso de las nuevas tecnologías, evitando la creencia extendida de que al usarlas nos encontramos al margen del Derecho y de las leyes. Xiol también opinó sobre la posible autorregulación de los medios de comunicación como vía de convivencia entre los derechos de información y de intimidad. Aclaró que el papel decisivo en dicha convivencia la tienen los tribunales y las líneas jurisprudenciales que éstos establezcan, y descarto la posibilidad de la creación de un “código ético” periodístico, por la dificultad de conseguir la unanimidad necesaria de los sectores implicados para tal cometido.

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El plazo para que las víctimas de terrorismo puedan pedir una indemnización finalizó el 19 de septiembre.

El pasado 19 de septiembre terminó el plazo para que las víctimas del terrorismo pidiesen el complemento a las indemnizaciones que recibieron en su día, de la misma manera que también podrán recibir indemnizaciones las personas que únicamente sufrieron daños materiales y que por tanto no pudieron recibir indemnización alguna. Con esta actuación, se busca que las indemnizaciones alcancen los baremos aprobados por la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo. La citada ley, prevé coberturas a cualquier víctima de un atentado terrorista que suceda a partir de 1960, ampliando los supuestos no contemplados anteriormente y establece una indemnización de 250.000 euros por fallecimiento y de 500.000 euros por gran invalidez. En el resto de incapacidades se fijan indemnizaciones de 180.000 euros para incapacidad absoluta, 100.000 euros para incapacidad total o 75.000 euros para una incapacidad parcial. En lo que respecta a las lesiones, se fijarán respecto a lo previsto en el baremo de los accidentes de tráfico.

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Los Tribunales estiman el 90% de las demandas por productos financieros.

El magistrado en excedencia y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Agustín Azparren ha manifestado en la conferencia “Problemas actuales del Derecho del Consumo”, en la que participa como ponente, que los tribunales españoles estiman el 90% de las demandas por productos financieros; porcentaje muy superior a la estimación del resto de demandas, que se fija en un 75%. Dentro del proceso, las demandas suelen estar interpuestas en resolución de contratos de productos financieros complejos como los swaps o las participaciones preferentes. En cambio, los ciudadanos suelen ser reacios a interponer demandas de anulación de cláusulas suelo de hipotecas.

El ponente manifiesta que el porcentaje tan elevado de estimación responde a que los jueces deben fallar protegiendo los intereses del consumidor, ya que así lo establece la normativa. En la mayoría de supuestos, el banco y el cliente están en una posición diferente, ya que al tratarse de contratos de adhesión, el cliente no tiene posibilidad de negociar. Los pleitos dirimen si el banco ha informado exhaustivamente al cliente, y cuando no se cumplen dichos requisitos, se anula el acuerdo. El ponente recomienda un sistema de arbitraje con mediación previa para dirimir estos conflictos, ya que el cliente gana porque es una solución más económica y para las entidades bancarias supone una mejora de imagen.

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El CGPJ reduce su presupuesto para el año 2015 un 5,3%.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado el presupuesto del ente público para el ejercicio 2015, que asciende a un total 54,88 millones de euros; lo que se traduce en una reducción del 5,3% respecto al presupuesto de 2014. Esta reducción supera en más de dos puntos porcentuales el criterio fijado por el Gobierno, que lo situó en el 3,2%. Con esta rebaja, el presupuesto del CGPJ será el más bajo de su historia. Dentro del presupuesto, la partida que más se recorta es la destinada a la Presidencia, Vocalías y Secretaría General, que ha sufrido un descenso del 25,25%. En esta partida se incluyen los gastos previstos por asistencia a plenos y comisiones, y los gastos de viajes, alojamiento y manutención. También contemplan recortes las partidas destinadas a transferencias corrientes (reducción del 21,9%), inversiones reales (reducción del 15,93%), personal (reducción del 6,95%), y gastos corrientes (reducción del 1,4%). En la misma línea, también se recorta el presupuesto destinado al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género (reducción del 3,2%). Finalmente, y en lo que al presupuesto respecta, se incrementan únicamente los gastos destinados a Atención Ciudadana (aumenta un 16,99%) y Mediación (aumento del 13,19%).

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El ICAB y otros colegios y organizaciones presentan una carta ante la AEAT en defensa de los derechos de los contribuyentes por inspecciones abusivas.

El Colegio de Abogados de Barcelona, el de Economistas de Cataluña, el de Gestores Administrativos, el de la Abogacía de Lleida, el de Titulados Empresariales, Pimec y la Asociación Española de Asesores Fiscales en Cataluña han efectuado una comunicación a la Agencia Tributaria reprochándole las “inspecciones abusivas y vulneradoras” que, según estas organizaciones, se están realizando en empresas y en despachos profesionales. Consideran que estas inspecciones atentan contra los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, como la inviolabilidad del domicilio, la protección de datos personales, la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Denuncian también que estas inspecciones abusivas se están realizando sin autorización judicial, con un simple mandato administrativo del Delegado, el cual no suele estar motivado. Por otro lado, no se discrimina la información que se va a revisar entre lo relevante o no relevante para la investigación y no se efectúa la obligatoria información de sus derechos a los inspeccionados. Por todo ello, instan a la Agencia Tributaria a cesar estas inspecciones, y aseguran que trabajaran para combatir todas estas irregularidades.

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Un Juzgado de Almería, premio internacional a la mejor decisión judicial.

El Juzgado Social número 3 de Almería ha sido premiado por el público de la fundación Women’s Link Worldwide con el galardón Género y Justicia al Descubierto por la mejor resolución judicial del año en relación a los derechos de las mujeres. Women’s Link Worldwide es una fundación internacional que trabaja para garantizar que la equidad de género sea una realidad en todo el mundo. En el marco de su trabajo, cada año otorgan los premios Género y Justicia al Descubierto donde ponen de manifiesto las mejores y peores resoluciones judiciales relativas a la equidad de género.

El fallo del Juzgado almeriense consistió en declarar huérfana de padre y madre a una niña cuya madre fue asesinada a manos de su padre en el año 2011 en un caso de violencia de género. Gracias a esta resolución judicial, la niña podrá percibir una pensión doble de orfandad por parte del padre y de la madre. Asimismo, al padre le fue retirada la retirada de la patria potestad de la niña. Paralelamente a tal pronunciamiento, y gracias al mismo, el Congreso de los Diputados tramitó una iniciativa para que se puedan declarar perjudicados directos a los hijos e hijas de las víctimas de la violencia de género. El jurado por su parte, falló que la peor resolución del año fue la declaración judicial del Consejo Tribal de India de condenar a una violación colectiva a una joven de veinte años que había mantenido relaciones con un hombre de otra comunidad.

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El CGPJ será más transparente.

El Consejo General del Poder Judicial acaba de suscribir un convenio con la organización Transparencia Internacional con el objetivo de promover una política de fomento de acceso a la información del Órgano, de acuerdo con los estándares exigidos internacionalmente. Esto se materializará mediante una auténtica publicación de toda la información interna del CGPJ. Entre la documentación, se publicarán los contratos, la actividad presupuestaria, los gastos relativos al funcionamiento del ente, así como los viajes, retribuciones e indemnizaciones de los miembros tras el cese del cargo. El convenio firmado implicará también la colaboración de Transparencia Internacional con las actividades de investigación de corrupción que promueva el CGPJ, así como el asesoramiento que necesiten. Asimismo, dicho Organismo evaluará el grado de cumplimiento del convenio suscrito entre las partes. Con esta medida, el Órgano de control de gobierno de los jueces se adelanta casi medio año a las obligaciones impuestas por la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

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