Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

La norma sanciona los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros siempre que intervenga un profesional o empresario. La limitación de pagos en efectivo no afectará a las operaciones entre particulares o entre éstos y las entidades financieras, y se elevará a 15.000 euros en el caso de pagadores no residentes (turistas); establece la obligación ineludible de declarar el capital y los bienes inmuebles del extranjero, contemplando la imprescriptibilidad de las sanciones que correspondan a dicha infracción y que se fijan en un mínimo de 10.000 euros; prevé la toma de medidas cautelares por parte de la Agencia Tributaria, facilita los embargos preventivos, crea un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria para responsables de sociedades sin patrimonio con actividad, y elimina la posibilidad de aplazar créditos en situación de concurso; endurece las sanciones por resistencia y obstrucción a la inspección (multas entre 1.000 y 600.000 euros); modifica aspectos del IVA, exigiendo que el vendedor de una operación inmobiliaria ingrese el IVA para que el adquiriente pueda deducírselo y modifica el régimen de módulos en el sentido de fijar la exclusión del régimen de estimación objetiva para aquellos empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares y cuyo volumen de rendimientos íntegros sea superior a 50.000 euros anuales.

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