Sentencias de interés

Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 1ª, núm. 18/2015 de 27 de marzo de 2015.

Los resultados de un registro en la sede de una asociación cannábica de Bilbao son objeto de análisis en esta sentencia, en la que se resuelve la acusación dirigida a los imputados, todos ellos miembros de la asociación implicada, por comisión de delitos contra la salud pública, de integración en grupo criminal y de asociación ilícita. Para ello, se procede a la valoración de la prueba practicada en el juicio oral.

Primeramente, de los resultados del análisis de las sustancias que fueron incautadas en la sede de la asociación, se confirmó que dieron positivo en cannabis y que el total de la cantidad incautada superaba los 10 kilos de peso, siendo calificada por ello de notoria importancia.

Seguidamente, se procede a valorar las pruebas documentales relacionadas con la actividad de la asociación y su fundación. En este sentido, es destacable el análisis del libro de registro de los socios, con el que comprueban la identificación individual que se lleva a cabo en la asociación de cada uno de los miembros y el control que se realizaba del consumo de cada uno de ellos. Sobre este aspecto, los acusados durante la celebración del juicio profundizaron más en esta cuestión y destacaron que los socios realizaban los cultivos y los resultados obtenidos se utilizaban para su consumo propio y no para dirigirlo a terceras personas.

Asimismo, los acusados insistieron en sus declaraciones, en aclarar que todos ellos previamente a la constitución de la asociación eran consumidores habituales de cannabis y que la fundaron, además de por los fines previstos estatutariamente, para consumir marihuana de calidad cultivada por ellos mismos que les garantizara una fiabilidad que no podían conseguir en la calle. Otra actuación de la que quisieron dejar constancia, consistía en que no todos los días podían asistir a la asociación por incompatibilidades laborales, familiares, distancia, etc., es por ello que en ocasiones retiraban de la sede una cantidad prevista para ser consumida varios días en sus respectivos domicilios, aunque en la sede hubiese habilitada una sala para el consumo.

Finalmente, de las valoraciones anteriores la Audiencia extrae las siguientes conclusiones: en primer lugar, confirma las labores de identificación de los socios en la asociación, el control que se hace de los mismos y de las cantidades que se retiran para su consumo individualizado que debe respetar unos límites señalados en relación a las previsiones de consumo; a continuación, sobre la retirada de una cantidad de sustancia para varios días y el hecho de que no la consumiesen en la sede social, a juicio de la Audiencia no desprestigia los fines sociales de la asociación ya que el autoconsumo no es punible y los socios se aseguran con esta actuación, el consumo de marihuana de buena calidad con el debido control que la asociación realiza con los diferentes medios de identificación y vigilancia sobre las cantidades que se retiran.

En base a estas conclusiones, y por aplicación de jurisprudencia relativa al asunto creadora del concepto de consumo compartido y del autoconsumo, la Audiencia absuelve a todos los acusados de los delitos por los que habían sido imputados.

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, núm. de recurso 802/2014 de 16 de marzo de 2015.

En esta sentencia, se resuelve la impugnación del recurrente contra la resolución del Juzgado de lo Social, que desestimaba su pretensión dirigida contra el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en reclamación del 40% de la indemnización derivada de la extinción de su contrato laboral. Los hechos que han originado esta controversia, pueden resumirse en los términos siguientes: en primer lugar, el recurrente presentó solicitud en el mes de marzo, solicitando el importe correspondiente al porcentaje anteriormente detallado de la indemnización por extinción de su contrato laboral; en este sentido, FOGASA resolvió al respecto en el mes de julio del mismo año, y al afectado no le fue notificada resolución denegatoria de la pretensión hasta el mes de septiembre, seis meses después de haber presentado la solicitud.

La cuestión principal a resolver en esta sentencia consiste en determinar si al haber transcurrido más de tres meses desde que se presentó la solicitud por el recurrente, debe entenderse estimada por silencio positivo. El recurrente alegó que la actuación de FOGASA va en contra del artículo 28.7 del Real Decreto 505/1985, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, que establece el plazo máximo de tres meses para resolver las solicitudes de primera instancia, relacionado con el artículo 43.1, 2 y 3 a) de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

En este sentido antes de analizar las premisas anteriores del recurrente, el Tribunal analiza uno de los motivos por los que en primera instancia fue desestimada la demanda, que consistía en que el actor no presentó demanda hasta una vez transcurridos varios meses desde que se le notificó la resolución; no obstante, el Tribunal Supremo, aplicando doctrina propia, rebate este argumento indicando que la resolución denegatoria no perdió su eficacia.

Seguidamente, el Tribunal pasa a analizar la cuestión principal de la que extrae conclusiones a favor de los intereses del recurrente. En primer lugar, confirma el plazo de tres meses que se concede a FOGASA para resolver; y a continuación en relación con el artículo 43.1, 2 y 3a) de la Ley 30/1992, declara que es de aplicación sus disposiciones a FOGASA y que en base a este precepto, la resolución se debió entender estimada por silencio administrativo positivo, como acto administrativo que finaliza el proceso, y por último, la resolución denegatoria dictada debió ser únicamente confirmatoria del silencio positivo.

Finalmente, el Tribunal resuelve estimar el recurso y anular las sentencias anteriores desestimatorias de las pretensiones del recurrente sin condena a costas.

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Sentencia del Juzgado de lo Social nº 10 de Barcelona, núm. 50/2015 de 18 de febrero de 2015.

En esta Sentencia, se resuelve demanda de oficio interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) contra la empresaria y trabajadoras de un centro de masajes eróticos, en el que se llevó a cabo una Inspección de trabajo. Resultado de esta inspección, se levantó acta de infracción por falta de afiliación y alta en la Seguridad Social de las trabajadoras; detonante de la interposición de la demanda en la que se solicita el reconocimiento de la existencia de una relación laboral.

Debemos destacar de los hechos probados, que las trabajadoras asistían a sus puestos de trabajo a un horario determinado a la espera de los clientes. Estos clientes, eran captados a través de la página web del centro de masajes, quienes asistían al mismo y requerían servicios sexuales de las trabajadoras. Una vez finalizados estos servicios, las trabajadoras recibían una remuneración de la encargada por aquellos, consistente en un porcentaje convenido de la cantidad que previamente había sido pagada por el cliente a la encargada que dirigía el centro.

De los hechos anteriores, el Juez aprecia la concurrencia de los presupuestos sustantivos de toda relación laboral: la voluntariedad en la prestación de los servicios sexuales; la realización de los mismos por cuenta ajena bajo la dependencia de la empresaria, quien pone a disposición de las trabajadoras el local; a cambio de una remuneración anteriormente convenida con la empresaria; y con ajenidad en los frutos. No obstante, el magistrado plantea que el problema para proceder a la estimación de la demanda reside en el posible objeto ilícito del contrato, ya que se trata de servicios de prostitución los ejercidos por las trabajadoras sin ser ocultados mediando una relación de alterne paralela a los mismos.

Para el análisis de esta circunstancia, en primer lugar el magistrado estudia la posibilidad de que la relación, en la que concurran todos los presupuestos sustantivos del contrato pero con un objeto ilícito, pueda ser calificada como laboral. El Juez parte del límite penal del art. 188.1 del CP en el que se tipifica el delito de determinación a la prostitución, ejercida también por cuenta ajena e incluso siendo consentida, consistente en la explotación de la misma; así como de la jurisprudencia penal sobre el mismo precepto, que interpreta como no equiparables dentro del mismo tipo delictivo aquellos actos en los que la prostitución es forzada con aquellos en los que se ejerce libremente. En base a estas premisas, el magistrado, atendiendo al supuesto de hecho y a las propias declaraciones de la trabajadora en las que manifiesta el libre ejercicio de los servicios, concluye que no es obstáculo para el reconocimiento de la relación laboral la causa ilícita del contrato.

Por otro lado, el Juez analiza la posible repercusión que llevaría reconocer de laborales los servicios de prostitución ante un posible atentado contra los derechos fundamentales que se ven implicados, entre otros, el derecho a la dignidad, libertad, igualdad, etc. De su análisis, el magistrado ha podido analizar a nivel jurisprudencial, el reconocimiento de la vulneración de tales derechos en el ejercicio de la prostitución; aunque partiendo de la Resolución del Parlamento Europeo de 26 de febrero de 2014 en la que se recomienda, entre otras, el castigo de la compra de los servicios de prostitución y no el libre ejercicio de los mismos, el Juez entiende que si no reconociese el carácter laboral de los servicios prestados por las trabajadoras implicadas, se agravaría la situación de la mismas; ya que al mismo tiempo, con el reconocimiento que hace el Estado de otras formas de prostitución, en el caso por ejemplo de su paralelismo reconocido con las relaciones de alterne, estos derechos fundamentales implicados siguen siendo vulnerados para aquellas trabajadoras que libremente ejercen la prostitución por cuenta ajena.

Finalmente, el Juez falla a favor de la TGSS y estima la demanda considerando acreditados todos los presupuestos sustantivos necesarios para el reconocimiento de la relación laboral en los servicios prestados por las trabajadoras implicadas.

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Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, núm. 6/2015, de 5 de marzo de 2015.

Los hechos tratan sobre la creación por parte de los acusados de la página web “Youkioske”, mediante la que se divulgaba y ofrecía la lectura de ejemplares literarios y de diarios, sin la expresa autorización de los autores de los mismos, ni recibir ningún tipo de remuneración a cambio de los visitantes que leían los contenidos de la página web. No obstante, la publicidad ofrecida a través de “Youkioske”, sí proporcionaba a los acusados beneficio dinerario. Éste era gestionado y obtenido a través de la administración de una sociedad constituida para aquel fin, mediante la que explotaban económicamente la página web.

Se valora en la resolución, que el perjuicio causado a los entes que se personan como acusación particular se prolonga durante 36 meses y la acusación del Fiscal, califica la conducta llevada a cabo por los acusados de un delito contra la propiedad intelectual de los artículos 270.1 y 271 b) del Código Penal y un delito de promoción y constitución de organización criminal del artículo 570 bis 1 y 2 c) del Código Penal; calificación coincidente con las demás acusaciones a excepción de una de ellas, que entiende que concurre un delito de blanqueo de capitales del art. 303 del Código Penal del que se absolverá a los acusados.

Por un lado, a la calificación de los hechos como constitutivos de un delito contra la propiedad intelectual, será de aplicación el agravante relativo a la especial gravedad de los hechos, consistentes en la reproducción y comunicación pública de diarios y libros, con los que se producían daños de carácter económico sobre todo. Por otro lado, sobre la acusación consistente en la promoción y constitución de organización criminal, no le ha sido de aplicación su modalidad agravante al entender el Tribunal que no se aprecia peligrosidad en el seno de la organización que vaya más allá de la piratería criminal.

Finalmente, se dictará sentencia condenatoria de tres años por un delito contra la propiedad intelectual en su modalidad agravada, y otros tres años por un delito de promoción y constitución de una organización criminal.

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, núm. 161/2015, de 17 de marzo de 2015.

Esta sentencia resuelve el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 1ª de 7 de julio de 2014, que resuelve los sucesos derivados de las concentraciones del “Movimiento 15 M” ante el Parlamento de Cataluña el año 2011, y que derivaron en un impedimento en el acceso de los diputados a la cámara parlamentaria. La Audiencia absolvió a varios acusados de los delitos contra las Instituciones del Estado, atentado, asociación ilícita y condenó a uno de ellos por una falta de daños.

En instancia se acordó generalizar el uso del interrogatorio por videoconferencia, tanto para los diputados perjudicados como para los testigos que lo solicitaran. Por el contrario el Fiscal entiende que el uso de este medio supuso una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de utilización de los medios de prueba pertinentes (art. 24 CE). Al respecto el Tribunal Supremo afirma que ello no supone ninguna vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, pues tanto la acusación pública, como las restantes acusaciones y defensas pudieron realizar los interrogatorios correspondientes sin ninguna distorsión perceptiva o valorativa que pudiera afectar a los sujetos destinatarios de la inmediación.

El Tribunal entra a analizar los apartados 2 y 3 del art. 229 de la LOPJ y el 731 bis de la LECrim y sostiene que es cierto que los anteriores preceptos pueden evocar una idea de justificada excepcionalidad en el uso de la videoconferencia, pero a juicio del Tribunal es un medio que garantiza los principios de oralidad, inmediación y contradicción.

En esta sentencia, el Tribunal defiende la necesidad de la asistencia letrada en las diligencias policiales de identificación que vayan más allá de una reseña fotográfica y que requiera del detenido una colaboración activa con los agentes, singularmente cuando esas instantáneas supongan los primeros actos que pasaran a integrar un posterior dictamen pericial.

Finalmente, el Tribunal entra a ponderar la colisión surgida entre la libertad de expresión y el derecho de reunión con el derecho de participación de los ciudadanos a través de sus legítimos representantes, haciendo prevalecer éste último por entender que es un principio claro para la vigencia del sistema constitucional. Al respecto y haciendo un análisis de los hechos probados, el Tribunal entiende que algunos de los partícipes en los incidentes han incurrido en el delito previsto en el art. 498 del CP, condenando a ocho de los acusado a una pena de prisión de tres años, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª de lo Civil, núm. 29/2015, de 2 de febrero de 2015.

En esta sentencia el Tribunal Supremo indemniza a una niña contagiada por el VIH a causa de unas transfusiones de sangre recibidas en el hospital público Vall d’Hebrón en 1986. El año 1997 se detectó que estaba infectada por VIH y en 2008 fue diagnosticada de SIDA, momento en que se formuló demanda de reclamación de daños y perjuicios contra la aseguradora del hospital. Las sentencias de instancia estimaron íntegramente la demanda y condenaron a la aseguradora a pagar a la niña 659.286 y 60.240 euros para cada uno de los padres.

En la sentencia, el Tribunal resuelve cuestiones relativas a la prescripción de la acción y el quantum indemnizatorio aplicable en este supuesto, atendiendo los criterios jurisprudenciales en materia de contagio de SIDA.

Por lo que se refiere a la prescripción, el Tribunal recuerda que según la doctrina jurisprudencial “es el conocimiento del padecimiento de la enfermedad y de su origen, junto con la confirmación médica de su posible evolución según el estado de la ciencia, el que ha de determinar el inicio del plazo de prescripción, pues desde ese momento sabe el agraviado (art. 1968.2 CC) tanto la existencia del daño indemnizable como la identidad del responsable”. En este caso en particular, el Tribunal Supremo entiende que se produjo una “progresión negativa de la enfermedad y que no se pudo alcanzar el diagnóstico del SIDA hasta que el VIH no se diagnosticó como C3, lo que se produjo en abril de 2008”. A partir de este momento, que es el más grave, según la Organización Mundial de la Salud, solo cabe el agravamiento del estado del paciente en función de las infecciones oportunistas que le afectarán dado la inmunodeficiencia que padece, o lo que es lo mismo, a partir de ese estadio C3 la enfermedad se vuelve crónica.

En cuanto a la fijación de la cuantía de la indemnización, considera que es función soberana de los tribunales de instancia, solo susceptible de revisión por error notorio o arbitrariedad, lo que, a juicio del Tribunal, no concurre en este caso. Asimismo, sostiene que “valorando el dolor, el daño y todas las circunstancias del caso, pasadas y futuras (enfermedades, ingresos hospitalarios, consecuencias psicológicas padecidas y que padecerá, afectación social), la cantidad concedida no es desproporcionada, excesiva o infundada”.

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Sentencia del Tribunal Constitucional, número de recurso de amparo 2126/2014, de 16 de febrero de 2015.

En esta sentencia el Tribunal analiza por primera vez si la finalidad del derecho a manifestación puede llegar a agotarse, y si ese supuesto agotamiento puede justificar la prohibición de una concentración ciudadana.

Mediante esta sentencia, el Alto Tribunal ha anulado una resolución de la Subdelegación del Gobierno en Jaén que acordó prohibir la realización de manifestaciones sucesivas convocadas por el sindicato de Comisiones Obreras, por considerar que el mencionado sindicato ya había convocado un elevado número de concentraciones con un mismo objetivo, y que por consecuencia ya había expresado y difundido sus reivindicaciones. La Subdelegación defendía que “su insistencia en seguir ocupando la vía pública perturbaría ostensiblemente la paz pública y seguridad ciudadana” y que dichas movilizaciones suponían “un excesivo e ilegal ejercicio del citado derecho constitucional”

Al respecto el Tribunal Constitucional afirma que el derecho a manifestación del art. 21 de la Constitución Española no es un derecho absoluto o ilimitado, sino que, al igual que el resto de derechos fundamentales, pueden estar sujeto a ciertas modulaciones o límites. No obstante, el Tribunal sostiene que el mero hecho de ejercer de forma reiterada el derecho de manifestación no supone, como pretende la Subdelegación del Gobierno en Jaén, “un abuso o ejercicio extralimitado del mismo, ni tampoco que esta reiteración pueda suponer en sí misma una alteración del orden público”.

El Tribunal concluye que ni la reiteración en el ejercicio del derecho de reunión legitima su prohibición sin la concurrencia de otras razones que la justifiquen, ni es admisible que la autoridad gubernativa se apoye en el argumento de la habitualidad para entender conseguido el objetivo de publicidad de las protestas por los manifestantes.

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Sentencia del Tribunal Constitucional, núm. de recurso 6368-2013 de 19 de febrero de 2015.

Esta Sentencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Generalitat contra los artículos 7 y 8.5 del Real Decreto-Ley 11/2013, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. Estos artículos inciden en la competencia del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del ejercicio de la potestad sancionadora ante infracciones vinculadas con las prestaciones percibidas por desempleo, así como los subsidios que provienen de los mismos.

Al respecto, el Gobierno de la Generalitat alega que no se ha respetado el reconocimiento de su competencia a la hora de sancionar este tipo de conductas, todo ello previsto en el artículo 24.4 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (TRLISOS) en sus apartados a) y b).

El Tribunal parte de la exposición de motivos que se prevé en el Real Decreto-Ley que recoge los artículos impugnados, en la que justifican su elaboración a “la situación de extraordinaria y urgente necesidad”. No obstante, el Pleno entiende que no queda acreditado suficientemente la atribución de la potestad sancionadora al SEPE, análoga a la ejercida y atribuida a la Generalitat por el TRLISOS, interpretando además que esta situación no puede verse justificada con los fines manifestados en la exposición de motivos de la norma relativos a proporcionar mayor seguridad jurídica a los ciudadanos que reciben las prestaciones anteriormente indicadas.

Por este motivo, finalmente el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos objeto del recurso.

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Auto del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de lo Civil, de 2 de febrero de 2015.

La alegación de los recurrentes consiste en la vulneración de tres derechos fundamentales, entre los que se encuentran: el derecho a la tutela judicial efectiva; el derecho a la igualdad sin discriminación sobre diferentes circunstancias personales; y la no discriminación por razón de su orientación sexual.

El incidente surge a raíz de la denegación de inscripción en el Registro Civil del nacimiento de dos menores nacidos a través de madre gestante por un contrato de gestación por sustitución. Al respecto, el tribunal interpreta que este tipo de filiaciones no están reconocidas en el ordenamiento jurídico español y que en consecuencia los poderes públicos no se ven en obligación de contemplar estos casos.

Se añade a estas alegaciones, la consistente en la vulneración al derecho a no sufrir discriminación por razón de la orientación sexual. A juicio del Tribunal, los recurrentes alegan una vulneración que no tiene nada que ver con el objeto del incidente de nulidad: la Sala entiende que carece de fundamento, porque la negativa de los poderes públicos a reconocer su filiación es una situación que no tiene nada que ver con la orientación sexual de la pareja. Se interpreta que la negativa reside en la forma en la que se ha producido la gestación.

La Sala del Tribunal Supremo finaliza acordando la improcedencia a declarar la nulidad de las actuaciones alegadas por los recurrentes y confirma la denegación de la inscripción de los menores en el Registro Civil.

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de lo Civil, núm. 68/2015 de 19 de febrero de 2015.

En esta Sentencia, se resuelve en casación sobre la condena a una editora de un diario nacional y al autor de una de las noticias del mismo, por vulnerar el derecho al honor de los demandantes en primera instancia por dirigirse a éstos empleando los términos ofensivos “perro” y “perra” en el escrito de un artículo de opinión.

El Tribunal procede a estimar el único motivo alegado en el recurso por los ahora recurrentes, consistente en la infracción del artículo 20.1 de la Constitución Española del derecho a la libertad de expresión, relacionado con el artículo 18 de la misma norma, del derecho al honor. Para la resolución del conflicto entre ambos derechos, el Tribunal se remite a jurisprudencia del mismo en la que se interpreta que el trato crítico y humorístico que se le dan al mismo tiempo a ciertos sucesos sociales de plena actualidad e interés público deben relacionarse con el ejercicio libre del derecho a la libertad de expresión, siempre y cuando se manifiesten en el ámbito destinado a la comunicación e información.

En virtud de este criterio, el Tribunal considera que las expresiones vertidas en el diario nacional y dirigidas a los demandantes en primera instancia, no tienen connotación insultante que afecte directamente a éstos, sino que son empleadas en relación a las imputaciones que les afectaban y a la trama de los ERE en la que están implicados por su conducta profesional. Se estima el recurso de casación.

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