Novedades legislativas

Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.

Las modificaciones que se regulan en esta ley, nacen de la trasposición de dos Directivas de la Unión Europea reguladoras del derecho a la interpretación, traducción e información en los procesos penales.

Por un lado, se regula el derecho a la traducción e interpretación de las personas que no hablan o no comprenden el idioma en el que se desarrolla el procedimiento, y de las personas con discapacidades auditivas y sordociegas. En este sentido, para su garantía, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal se introducen previsiones dirigidas a asegurar que el acusado o imputado sea asistido por un intérprete en todas aquellas actuaciones que requieran su presencia, incluyéndose entre ellas, los actos preparatorios de la defensa con su abogado. Además, para asegurar estos derechos se facilita el acceso a las personas afectadas por estas discapacidades a la traducción de documentos esenciales en el proceso penal, como pueden ser las resoluciones que condenan a prisión al afectado, escritos de acusación y defensa, entre otros.

Al margen de los anteriores derechos, se realizan modificaciones que afectan al derecho de información de las personas detenidas y aquellas que son acusadas o imputadas en el proceso. En este sentido, para garantizar un juicio equitativo, se modifica el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regulador del derecho de defensa, en el que se precisa que la persona descrita en las anteriores circunstancias, tendrá derecho a toda una serie de actuaciones como son el derecho a la traducción e interpretación gratuitas, el derecho a designar libremente abogado, el derecho a no confesarse culpable, entre otros. Además, el derecho a la información de los detenidos y presos previsto en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha sido objeto de modificación ampliándose los derechos que se recogían con anterioridad a la reforma, y que incorporan, entre otros, el derecho de acceso a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.

Finalmente, respecto a la Ley Orgánica del Poder Judicial, únicamente se ha modificado el artículo 5 de la norma y en el que se prevé la intervención de un intérprete en las actuaciones orales y en aquellas que sea necesaria su interpretación en lengua de signos.

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Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.

En esta ley se recogen toda una serie de previsiones constitutivas del catálogo de derechos de la víctima, siendo parte de ella objeto de transposición de la Directiva europea reguladora de la materia. El concepto de víctima que se ha tenido como referencia para elaborar su contenido es amplia, es decir, abarca cualquier tipo de daño o perjuicio hacia la persona, partiendo desde su dimensión física llegando a la moral tanto si han sido víctimas directas o indirectas, indistintamente.

Al margen de los aspectos procesales que regula esta ley, es destacable la previsión de derechos de la víctima extraprocesales. Se regulan mecanismos dirigidos a facilitar a la víctima el ejercicio de sus derechos, agilizando trámites, ofreciéndole la información necesaria, etc. Entre sus previsiones, además, se regula la posibilidad de que la víctima pueda ir acompañada, en sus diligencias u otros momentos del proceso, junto a la persona que designe sin perjuicio de que vaya asistida o no de letrado.

Seguidamente, se regula el derecho de la víctima a participar en el proceso. Al respecto, es destacable la regulación de su intervención en la fase de ejecución de la pena en supuestos cuyo cumplimiento sea por delitos graves. Asimismo, se prevé la notificación a la víctima de las resoluciones de sobreseimiento y archivo del proceso, con posibilidad de impugnarlas dentro de un plazo de tiempo suficiente desde que le haya sido comunicada la resolución.

Por último, en esta ley se regulan previsiones dirigidas a la protección de las víctimas, a concienciar mediante campañas informativas, a impulsar la cooperación social y la labor de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de delito, entre otras. En este sentido, se prevén una serie de preceptos dirigidos a fortalecer el funcionamiento y la coordinación entre los distintos servicios dirigidos a ejercer funciones de asistencia a las víctimas.

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Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

La aprobada reforma del Código Penal que entrará en vigor el 1 de julio de 2015 trae consigo un conjunto de novedades, entre las cuales destacan las siguientes:

Un cambio drástico en lo que a política criminal se refiere ya que se introduce una nueva pena de prisión permanente revisable. Se reserva la misma para los supuestos de excepcional gravedad y tendrá duración indeterminada, si bien a partir de un plazo de entre 25 y 35 años será revisada cada dos años o bien a petición del penado con intervalos de un año. Esta pena se aplicará a una lista cerrada de delitos en la que se incluyen supuestos como asesinatos múltiples o especialmente graves por recaer sobre determinadas personas como menores de 16 años o incapaces, así como sobre el Jefe del estado español u otro estado, por pertenecer el que lo cometiese a una banda criminal o producirse después de un delito contra la libertad sexual.

Se reestructura el sistema de penas con la supresión de las faltas. Lo que antes era una falta o bien pasa a ser un delito menos grave, como en el caso de la falta de hurto, o bien se llevará por la vía administrativa, como en el caso de las faltas contra el orden público.

Modificación de los plazos para pedir la cancelación de antecedentes penales: seis meses para las penas leves; dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes; tres para las restantes penas menos graves inferiores a tres años; cinco para las iguales o superiores a tres años; y diez para las graves sin haber vuelto a delinquir.

En relación a la ejecución de la pena, ya no computará como tiempo de cumplimiento de condena la libertad condicional. La concesión de la misma supondrá la suspensión de la ejecución de la pena, que será extinguida si no hay reincidencia, o en caso de incumplimiento, se revocará la libertad.

Respecto a los delitos contra la libertad sexual, cabe destacar que se eleva la edad del consentimiento sexual a los 16 años, lo que implica que la realización de actos de carácter sexual con menores de dicha edad serán considerados delictivos, salvo que se trate de relaciones consentidas entre personas de edades y desarrollo o madurez próxima.

Se introducen nuevos delitos tipificados como en el caso del matrimonio forzado, el hostigamiento, la divulgación de imágenes íntimas obtenidas con consentimiento, la manipulación de los dispositivos de control que sirven para vigilar el cumplimiento de las penas o la financiación ilegal de los partidos.

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Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

La popularmente denominada “ley Mordaza”, cuyo anteproyecto fue presentado el 29 de noviembre de 2013, toma forma en la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, por la que se aprueba una nueva Ley de protección de Seguridad Ciudadana.

Como punto de partida deben realizarse dos puntualizaciones respecto a la primera afirmación: la nueva ley resulta cuasi orgánica; y no altera solamente el ámbito de la antigua ley de seguridad ciudadana. Primero, el nuevo texto dedica su Disposición Final Cuarta a determinar cuáles preceptos tienen carácter orgánico y cuáles no, creando así distintos niveles de protección ante futuras reformas, incluso dentro del mismo precepto. Segundo, la nueva legislación afecta otros ámbitos, en concreto y de gran notoriedad pública, la extranjería (actualmente regulada por la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) introduciendo una nueva medida contra extranjeros denominada “rechazo en frontera”.

El rechazo en frontera, según la Disposición Adicional décima, es un régimen sólo aplicable a Ceuta y Melilla que consiste en la capacidad de “rechazar” a los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza mientras intentan cruzar irregularmente la frontera.

Otro aspecto fundamental que introduce la reforma, y motivo por el cual se llevó a cabo en paralelo a la reforma del Código Penal, es la penalización de un conjunto de acciones antes tipificadas como faltas en aquél texto legal además de otras no recogidas previamente. Así, determinadas acciones escaparán, de entrada, del control judicial y se ventilarán por el procedimiento administrativo correspondiente, proceso en el cual, como es sabido, las declaraciones de los agentes de la autoridad tienen presunción de veracidad, no existiendo dicho privilegio en un proceso penal.

De entre las infracciones tipificadas como leves, graves, y muy graves, y su correspondiente sanción, destacan las siguientes, todas marcadas además por una elevada cuantía de la multa a pagar.

Serán infracciones leves, sancionadas con una multa de entre 100€ y 600€: negarse a identificarse; ocupar un inmueble sin el consentimiento del propietario; insultar a un agente de la autoridad durante una manifestación; ocupar entidades bancarias; ocupar la vía pública por la venta ambulante; consumir bebidas alcohólicas en la calle y escalar edificios.

Se incluyen en las nuevas infracciones graves, con una sanción de entre 601€ y 30.000€: grabar a la policía y utilizar las imágenes sin autorización; manifestarse frente al Congreso, Senado, o parlamentos autonómicos si se perturba la seguridad; impedir un desahucio; negarse a disolverse en una concentración o manifestación; consumir drogas en lugares públicos y solicitar o aceptar servicios sexuales en la vía pública o en presencia de menores.

En último lugar se tipifican como infracciones muy graves, sancionadas con una multa de entre 30.001€ a 600.000€: reunirse o manifestarse en infraestructuras de servicios públicos y celebrar espectáculos o actividades recreativas en contra de la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente.

Finalmente resulta oportuno recordar que varias de estas acciones ya se encuentran recogidas por diversas ordenanzas, con sus respectivas infracciones y sanciones, que los Ayuntamientos fueron aprobando a lo largo de los años desde que se les reconoció la capacidad para hacerlo por parte del Tribunal Constitucional. Habrá que esperar a la entrada en vigor el próximo 1 de julio para ver qué solución se toma en los casos de duplicidades o incongruencias entre ambos cuerpos normativos.

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Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

Este Real Decreto-ley se ha aprobado con el objetivo principal de impulsar el control en la formación y el fraude que afecta al ámbito del Sistema de Formación Profesional para el Empleo. Para ello, se regula una mayor implicación de las organizaciones empresariales y sindicales en el diseño, sistematización y propagación de los planes de formación; la creación de una Unidad especial en el seno de la Inspección de Trabajo que dirigirá su actividad a las subvenciones, bonificaciones y otras ayudas en el ámbito de la formación profesional; ampliar los sujetos que pueden ser sancionados en casos de gestión fraudulenta de los fondos destinados a la formación profesional; y la prohibición de la subcontratación en la formación.

Entre sus novedades, se ofrece en grupos de empresas, que éstas puedan organizar individualmente la formación de los trabajadores, es decir, cualquiera de las mismas podrá ofrecer la formación y además, disponer cada una de ellas, del crédito correspondiente al grupo de empresas.

Por último, este Real Decreto-ley ofrece como novedad la posibilidad de recibir la formación online, sustituyendo así la modalidad habitual seguida de impartir la formación a distancia. Este sistema, se regula dada la necesidad de adaptar la formación a los avances tecnológicos actuales y asimismo ofrecer a los ciudadanos distintas opciones para recibir la formación, pudiéndose combinar la modalidad online con la presencial.

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Real Decreto-ley 3/2015, de 22 de marzo, por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para luchar contra el fraude en los servicios públicos, para el impulso del funcionamiento de la Administración de Justicia y en aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Esta norma, regula la oferta de nuevas plazas de empleo público para evitar el fraude en el sector público y garantizar con ello las tareas de inspección y control que prevén este tipo de situaciones. Con el incremento del personal en las Administraciones Públicas dedicado a este tipo de tareas preventivas, se insta a combatir el fraude fiscal y a favorecer el aumento de los ingresos públicos de las Administraciones, dirigidos a los intereses generales de la población, a crear empleo y que permiten reducir la presión fiscal.

Estos objetivos anteriormente mencionados, son los que han impulsado a la ampliación de las plazas ya previstas en la Oferta de Empleo Público para los Cuerpos de Inspección y lucha contra el fraude fiscal y social. La oferta de empleo público ofrecida por este Real Decreto-ley consiste en la convocatoria de acceso a 294 plazas en el ámbito de la lucha contra el fraude fiscal y el control del gasto; 150 plazas en el ámbito de la lucha contra el fraude laboral y de Seguridad Social y en la Administración de Justicia y de 160 plazas en el Cuerpo de Secretarios Judiciales.

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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de febrero de 2015, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial.

A causa de la falta de procedimientos adecuados, las sanciones pecuniarias impuestas por determinadas infracciones de tráfico no solían aplicarse si dichas infracciones se cometen con un vehículo matriculado en un Estado miembro distinto del Estado miembro en el que se cometió la infracción. En este sentido, la presente Directiva tiene como objetivo garantizar la eficacia de la investigación de las infracciones de tráfico en materia de seguridad vial.
La Directiva pretende facilitar el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial y la consiguiente aplicación de sanciones, cuando dichas infracciones se cometan con un vehículo matriculado en un Estado miembro distinto de aquel en que se cometió la infracción.
En su art. 2 la norma establece un procedimiento de intercambio de datos entre los Estados miembros para determinados tipos de infracción con independencia de su carácter administrativo o penal con arreglo al Derecho del Estado miembro de que se trate, éstas son: exceso de velocidad, no utilización del cinturón de seguridad, no detención ante un semáforo en rojo, conducción en estado de embriaguez, conducción bajo los efectos de drogas, no utilización del casco de protección, circulación por un carril prohibido y utilización ilegal de un teléfono móvil o de cualquier otro dispositivo de comunicación durante la conducción.

En virtud del art. 5 de la Directiva, el Estado miembro donde se cometió la infracción, una vez recibida la información necesaria sobre el infractor, decidirá si incoa o no el procedimiento. Cuando el Estado miembro opte a iniciar el procedimiento, deberá remitir carta de información al titular del vehículo o a la persona identificada como autora de la infracción, informándole de la naturaleza y consecuencias jurídicas de la infracción conforme a su Derecho, así como de la fecha y hora en que se cometió, las normas de la legislación nacional que se hayan infringido, la sanción y los datos relativos al dispositivo empleado para detectar la infracción.

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Real Decreto 122/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba el estatuto de la entidad de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

Esta norma, tiene por objeto aprobar el estatuto del organismo autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, que fue creada en cumplimiento de las premisas constitucionales recogidas en el artículo 25 de la norma que configura el derecho de los condenados a prisión a un trabajo retribuido y a la percepción de los beneficios derivados de la Seguridad Social, por Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria.

El Estatuto aprobado por este Real Decreto contiene 18 artículos que como normativa interna, regula su objeto, sus funciones, los órganos de dirección, el régimen de personal, entre otros asuntos. Estos contenidos aprobados son novedosos y su creación se ha visto impulsada ante la necesidad de adaptarlos a la normativa general que rige sobre las entidades del Estado de derecho público.

Entre ellos, podemos destacar el incremento de la ocupación de los condenados internos en los centros de prisión para alcanzar efectivamente la reinserción de los mismos; la sumisión a la Ley General Presupuestaria en temas financieros; la gestión de los diferentes servicios y operaciones que estén relacionadas con el trabajo penitenciario, etc.

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Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.

Este Real Decreto-Ley contiene disposiciones legales dirigidas a resolver situaciones de insolvencia y a articular mecanismos como la dación en pago. Se trata de la configuración de un sistema que pretende solucionar en parte las deudas derivadas de la liquidación de todo el patrimonio del ciudadano en beneficio de sus acreedores.

Entre sus contenidos, la norma que regula el mecanismo de segunda oportunidad, ofrece medidas dirigidas a reducir la carga financiera de empresas y familias mediante la flexibilización de los acuerdos extrajudiciales de pago, cuyo ámbito de aplicación se extiende a las personas naturales no empresarios. Entre estas medidas podemos destacar, un régimen que permite eximir a los deudores de deudas, siempre y cuando este sea de buena fe y se haya liquidado su patrimonio anteriormente. Además se ha ampliado hasta el año 2017 la suspensión de lanzamientos en viviendas habituales respecto a los colectivos especialmente vulnerables.

Por último, se desarrollan una serie de medidas tributarias que afectan a los colectivos más indefensos. Entre ellas, la exención de rentas surgidas por quitas y daciones en pago establecidas en convenios o acuerdos homologados judicialmente y la ampliación del incentivo fiscal a los ascendientes que pertenecen a una familia monoparental con dos descendientes

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Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, por el que se aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo.

Este Real decreto se enmarca dentro de la nueva Estrategia Española de Activación para el Empleo, para el período 2014-2016, que ha sido aprobada y publicada mediante el Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre. En esta Estrategia se prevé la aprobación de tres reglamentos, siendo uno de ellos el presente, relativo a la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo.

De acuerdo con el art. 1 del presente Real Decreto, tiene como objeto regular los principios y requisitos mínimos a los que deben ajustarse los servicios que conforman la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo. Todo ello con la finalidad de asegurar el cumplimiento de sus funciones y garantizar condiciones de calidad e igualdad en la atención a los usuarios de los Servicios Públicos de Empleo en el conjunto del territorio nacional. Asimismo, se establecen los requisitos y procedimientos necesarios para el adecuado seguimiento de la prestación de los servicios de la Cartera. Por último, también es objeto de este Real Decreto el establecer los aspectos básicos de los servicios complementarios que establezcan los Servicios Públicos de Empleo para su ámbito territorial.

La Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo prevista en este Real Decreto estará integrada por los servicios de orientación profesional, de colocación y de asesoramiento a las empresas, formación y cualificación para el empleo, así como de asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento. Los usuarios de los Servicios Públicos de Empleo, que podrán serlo tanto las personas desempleadas u ocupadas, como las empresas ofertantes de empleo o solicitantes de servicio, tendrán derecho a acceder a estos servicios de acuerdo con los requisitos legalmente establecidos y mediante una atención personalizada.

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