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La colisión del derecho a la intimidad vs el derecho a conocer el propio origen.

Según datos de la Sociedad Española de Fertilidad, 6.787 niños nacieron en España en 2011 a través de inseminación artificial con semen de donante. No disponemos de datos más recientes, pero el número de mujeres que han decidido ser madres con este método de reproducción asistida ha crecido exponencialmente. Ello, irremediablemente, conllevará que el número de personas desconocedoras de su origen biológico sea mayor, con lo que el legislador deberá plantearse la adaptación de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida a la nueva realidad social.

Así, el artículo 5.5 de la LTRA garantiza la confidencialidad de la identidad de los donantes de gametos, existiendo únicamente una posibilidad de conocer el origen biológico en supuestos de peligro sobre la vida o la salud del hijo o en supuestos requeridos por la legislación procesal penal. No es una novedad el debate jurídico sobre el derecho al conocimiento de la identidad del progenitor del hijo nacido mediante estas técnicas versus el derecho al anonimato del donante. Un amplio sector de la doctrina se inclina sobre la superioridad de los derechos del hijo en base, principalmente al artículo 39.2 de la Constitución Española, que protege el derecho a la investigación de la paternidad y la Convención Internacional de Derechos del Niño, que en sus artículos 3, 7 y especialmente el artículo 8, que incide en el derecho del menor a conocer su identidad, así como el Convenio de La Haya de 1993 sobre protección del niño y cooperación en materia internacional que en el artículo 30 obliga a los Estados a conservar la información sobre la identidad de los padres, entre otras cuestiones.

En el ámbito europeo, la Carta Europea de los derechos del niño de 1992 regula en su artículo 8.10 que “todo niño tiene derecho a la protección de su identidad y, dado el caso, deberá poder conocer ciertas circunstancias relativas a sus orígenes biológicos, con las limitaciones que impongan las legislaciones nacionales para la protección del derecho de terceras personas”.

Los argumentos a favor del anonimato del donante se centran, principalmente, en los derechos de los padres y del aportador del material genético. En el caso de los padres a ocultar al hijo la incapacidad biológica para la concepción, y en relación al donante, la protección del derecho a su intimidad personal y familiar.

LA STC 116/1999 de 17 de junio de 1999, que resolvió la cuestión de inconstitucionalidad formulada contra la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida de 1988, en el examen de la colisión de la norma cuestionada con el artículo 39.2 de la CE lo resuelve indicando que, en el supuesto de que no se protegiera la identidad del donante, las posibilidades de obtener material genético disminuirían, privando a la ley de su espíritu, esto es, la resolución de problemas de esterilidad.

En términos de Derecho Comparado observamos cómo muchas legislaciones sobre reproducción asistida que, en un inicio, contemplaban la primacía del derecho al anonimato del donante, han modificado este aspecto para otorgar mayor protección al derecho de las personas a conocer sus orígenes biológicos y, por tanto, su identidad. Así, en Suecia, Suiza, Austria, Islandia, Finlandia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica o Nueva Zelanda no se permite el anonimato de los donantes, mientras que en España, Francia Grecia tiene mayor peso este último aspecto.

Resulta curioso cómo en el ámbito de la filiación por adopción, la normativa, no sólo refuerza el derecho del niño a conocer sus orígenes, sino que, en algunos casos, instan a las Administraciones Públicas a facilitar este derecho indicando que éstas “deben facilitar al adoptado, si los pide, los datos que tengan sobre su filiación biológica. A tal fin, debe iniciarse un procedimiento confidencial de mediación, previo a la revelación, en cuyo marco tanto el adoptado como su padre y su madre biológicos deben ser informados de las respectivas circunstancias familiares y sociales y de la actitud manifestada por la otra parte con relación al posible encuentro”( artículo 235-49.3 de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Catalunya) y obligan a los padres adoptivos a facilitar la información sobre la filiación a su hijo cuando éste cumpla los 12 años, o incluso antes, atendiendo a su madurez (artículo 235-50 del mismo texto legal).

En España, al margen de la discusión doctrinal no ha existido prácticamente actividad judicial al respecto -más allá de la Sentencia del TC que entendemos difícilmente aplicable a las nuevas realidades- pero en un futuro no muy lejano, los miles de ciudadanos concebidos mediante técnicas de reproducción asistida querrán, en muchos casos, conocer sus orígenes biológicos, y tendremos que estar preparados para defender estas pretensiones ante los Tribunales, en aras a conseguir una legislación adaptada a los nuevos tiempos, en que los nacidos mediante estas técnicas tengan los mismos derechos que los demás.

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La inexistencia de relación familiar como causa de extinción de la pensión de alimentos.

En el día a día de un abogado especializado en Derecho de Familia es frecuente que los clientes nos consulten sobre la relación entre el abono de la pensión de alimentos y el régimen de visitas establecido para el progenitor no custodio puesto que resulta obvio para la mayoría de los ciudadanos que han pasado por una separación sentimental que las obligaciones paternofiliales relativas a la manutención de los hijos requieren de una contraprestación afectiva por parte de los que reciben alimentos. Sin embargo, la complejidad de las relaciones sociales y, especialmente, las familiares, genera situaciones que difícilmente la legislación puede resolver, más allá de legislar bajo unos parámetros generales que en muchos casos no se adecuan a la realidad de algunas familias.

Obviamente, una relación paternofilial requiere de un contacto personal, que puede llevarse a cabo bien mediante el cumplimiento de un régimen de visitas fijado judicialmente, bien a través del establecimiento de un régimen de relación personal con libertad absoluta para ambas partes en cuanto a la calidad y cantidad de tiempo invertido en dicha relación (situación que se genera, habitualmente, llegada la mayoría de edad del hijo). Pero qué ocurre cuando el alimentado no tiene relación alguna con su progenitor por voluntad propia? La obligación de mantener o contribuir económicamente en los gastos del hijo debe seguir vigente a pesar de la inexistencia de contacto alguno?

El artículo 237.13.e del Libro II del Código Civil de Catalunya establece como causa de extinción de la obligación de abonar pensión de alimentos que el alimentado incurra en alguna de las causas de desheredación que recoge el artículo 451-17 del Libro IV del Código Civil de Catalunya. Me voy a centrar en la regulada en el apartado e) de dicho precepto “la ausencia manifiesta y continuada de la relación familiar entre el causante y el legitimario, si es por una causa exclusivamente imputable al legitimario”. Esta causa de extinción de la obligación de abonar pensión de alimentos amplía las ya reguladas en el anterior Código de Familia (artículo 271), ya que, al margen de las causas de desheredación reguladas en el Código de Sucesiones ya derogado (Ley 40/1991, de 30 de diciembre) establece como causa específica la inexistencia de relación familiar entre alimentista y alimentado siempre y cuando la misma sea imputable al alimentado, esto es, cuando el/la hijo/a decide unilateralmente dejar de mantener una relación personal con el progenitor obligado legalmente a colaborar en su manutención.

A pesar del esfuerzo del legislador catalán por contemplar la existencia de aquellas relaciones familiares complejas a las que me refería en la introducción, no han sido demasiadas las sentencias que se han pronunciado sobre la extinción de la pensión de alimentos por inexistencia de relación familiar, siendo la más significativa la Sentencia 192/2012, de la AP Barcelona, Sección 18ª, de 15 de marzo de 2012; la sentencia resuelve sobre la demanda de extinción de una pensión de alimentos a un hijo mayor de edad ante la negativa de éste de relacionarse con su progenitor ya desde la minoría de edad, habiéndose incoado diversos procedimientos judiciales en aras a fomentar el contacto paternofilial, todos ellos infructuosos y continuados en la mayoría de edad del hijo. Los Magistrados entienden que la ausencia de relación personal con el progenitor es imputable exclusivamente al hijo, que, una vez obtenida la mayoría de edad, decide no tener contacto alguno con su progenitor, ocultándole información acerca del domicilio donde reside, los estudios que cursa o el cambio de apellidos que llevó a cabo, debiendo el padre conocer de estas circunstancias por terceras personas.

Esta misma sección ya definió en la sentencia 516/2013 de 23 de julio de 2013 los requisitos que debían concurrir para entender existente la causa recogida en el artículo 237.13.e, siendo las siguientes: Ausencia de relación entre padre e hija. Que tal ausencia de relación sea manifiesta, esto es conocida por todos. Que sea continuada y constante en el tiempo. Que no haya relación ni trato entre ellos. Y que la causa sea imputable exclusivamente a la hija, sin intervención alguna del padre.

Nos encontramos ante una casuística compleja en materia probatoria, pues la acreditación de un hecho negativo – la inexistencia de la relación- así como la imputabilidad de dicha conducta al alimentado tiende a ser más compleja en el ámbito de las relaciones familiares, motivo por el cual encontramos cierta escasez jurisprudencial a pesar de que la norma ya tiene 5 años de vida. En todo caso, constituye una norma pionera en el Ordenamiento Jurídico Español capaz de resolver la injusticia del que sólo da pero no recibe.

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Las 7 conductas al volante que debes evitar.

En 2014 el 34 % de todas las condenas firmes en la jurisdicción penal lo fueron por delitos contra la seguridad vial, nada menos que 96.698 fueron las personas a las que se impuso una pena relacionada con un delito relacionado con circulación, lo que supone una tercera parte de todas las sentencias condenatorias dictadas el pasado año.

A continuación, resumiré las 7 conductas descritas en el Código Penal español y que conllevan, además de generar un grave riesgo para la seguridad vial, determinadas penas de prisión, multa, trabajos en beneficio de la comunidad y retirada del carnet.

•Conducción a velocidad excesiva (art. 379.l C.P.). Superar en 60 km/h en vías urbanas o 80 km/h en vía interurbanas la velocidad permitida reglamentariamente supondrá alguna de las siguientes penas: prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses, o 31 a 90 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Además, siempre se le impondrá una retirada del carnet de conducir por tiempo de 1 a 4 años.

Por tanto conducir un vehículo a más de 110 km/h por la Avenida Diagonal de Barcelona será castigado con alguna de las anteriores penas.

•Conducción bajo los efectos del alcohol (art. 379.1 C.P.) El conductor que conduzca bajo los efectos del alcohol o drogas será condenado (igual que el caso anterior) a una de las siguientes penas: prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses, o 31 a 90 días de trabajos a en beneficio de la comunidad. En el mismo sentido, se le retirará el carnet por un período de entre 1 y 4 años. Para determinar si el conductor se encuentra bajo los efectos del alcohol se tendrá en cuenta el acta de sintomatología que los agentes de la autoridad redactan en el momento de los hechos y si ha habido una conducción irregular o se ha producido un accidente. En cualquier caso, si el resultado de la tasa de alcoholemia realizada por un etilómetro evidencial supera el 0,60 mg/l no serán necesarios los requisitos anteriores y se impondrá alguna de las penas indicadas.

Así, en el caso de que un conductor sea observado por los agentes de la autoridad con una conducción irregular o tras causar un accidente y éstos aprecien síntomas de embriaguez en el conductor, se le podrá condenar por delito de conducción bajo los efectos del alcohol pese a que la tasa de alcoholemia sea inferior a 0,60 mg/l.

•Conducción temeraria (art. 380 C.P.). La persona que conduzca y ponga en concreto peligro la vida o la integridad de otras personas será castigada con la pena 6 meses a 2 años de prisión y la retirada del carnet por un tiempo superior a 1 y hasta 6 años. Siempre se entenderá que la conducción es temeraria si el conductor se encuentra bajo los efectos del alcohol o las drogas y además lo hace a velocidad excesiva (más de 60 km/h en vía urbana y 80 km/h en vía interurbana).

Volviendo al ejemplo del conductor que circula a 110 km/h por la Avenida Diagonal de Barcelona, si además conduce bajo los efectos del alcohol o drogas, se le podrá imponer las penas indicadas de hasta 2 años de prisión y hasta 6 años de retirada de carnet.

•Conducción con manifiesto desprecio por la vida de los demás (art. 381 C.P.). El que conduzca de forma temeraria (artículo anterior) y además lo haga con manifiesto desprecio por la vida de los demás será castigado con prisión de 2 a 5 años, multa de 12 a 24 meses y la retirada del carnet por un período de entre 6 a 10 años. Cuando, aun realizándose la conducta anterior, no se ponga en concreto peligro la vida o la integridad de las personas únicamente se impondrá la prisión de 1 a 2 años, multa de 6 a 12 meses y retirada del carnet por tiempo de entre 6 y 10 años.

Podría incluirse aquí el supuesto en el que un conductor ante la presencia de un punto de verificación de alcoholemia hace caso omiso a la señal del agente y obliga a éste a apartarse bruscamente, para no ser atropellado, emprendiendo la huida de forma veloz, pudiendo cometer en ella otro tipo de infracciones con peligro para otros usuarios.

•Negarse a realizar las pruebas de detección de alcohol o drogas (art. 383 C.P.). Negarse a realizar las pruebas supone una condena de 6 meses a 1 años de prisión y retirada del carnet por tiempo superior a 1 y hasta 4 años.

El ejemplo más habitual sería el de aquél conductor que ante los agentes de la autoridad hace ver que intenta realizar la prueba correctamente, esto es, simula introducir aire en el etilómetro evidencial sin llegar a activar el aparato, al hacerlo sin la cantidad de aire y la fuerza requerida. Para los agentes de la autoridad no activar el etilómetro significa simular que se está realizando la prueba y equivale a negarse a realizar las pruebas.

•Conducción sin carnet (art. 384 C.P.). Se castiga aquí, a aquél que conduzca sin haber obtenido nunca el carnet de conducir o aquel que lo tenga retirado por decisión judicial o por pérdida de la totalidad de los puntos asignados. Las penas serán de 3 a 6 meses de prisión o multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

Cualquier de las conductas anteriores, esto es, conducir sin el carnet vigente, conllevará las anteriores penas siempre que se demuestre que el conductor tenía conocimiento de la retirada.

•Otras conductas que originen riesgo para la circulación (art 385 C.P.). Colocar en la vía objetos imprevisibles, derramar sustancias deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio, o no restablecer la seguridad de la vía cuando haya obligación de hacerlo será castigado con la pena de 6 meses a 2 años de prisión o multa de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 10 a 40 días.

Algunos ejemplos de la anterior conducta serían, tumbar señales de tráfico, tirar vallas y pivotes que señalicen una obra, arrojar objetos a la vía, detener el propio vehículo por somnolencia en el medio de la calzada sin luces ni señalización o no retirar de la vía una pieza del vehículo o parte de la carga que fortuitamente hubiera caído en la vía.

Concluyo con un dato positivo, y es que, en el año 2014 se redujeron en un 4,5 % las condenas por delitos contra la seguridad vial respecto al año 2013. Paralelamente se registró un descenso del 2% en los accidentes con una víctima mortal y un 8% en los accidentes con heridos hospitalizados.

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La importancia de la planificación hereditaria

Tan sólo un 15% de los españoles otorgan testamento. La estadística nos muestra, pues, el siguiente escenario: ante una verdad absoluta -todos moriremos en algún momento- a la mayoría de la población no le preocupa especialmente el destino de sus bienes o el deterioro de las relaciones familiares de sus parientes.

Quizás se deba a una cuestión eminentemente emocional -no es agradable pensar en tu propia muerte- unida a la falta de información y difusión de las opciones existentes en nuestra legislación. El desconocimiento de las opciones legales existentes para gestionar la herencia en un futuro genera una mayor complejidad en los trámites de la sucesión, un aumento de los gastos asociados como consecuencia de la interposición de procedimientos judiciales y, por ende, el surgimiento de conflictos familiares que pueden devenir en una ruptura total de las relaciones personales.

La planificación hereditaria ha venido siendo una materia reservada a los grandes patrimonios. Sin embargo, el aumento de la presión fiscal en los patrimonios de la clase media debería modificar esta realidad. Las constantes modificaciones de la normativa fiscal sucesoria requieren un pormenorizado estudio del régimen de exenciones y reducciones legales que redunden en un ahorro impositivo importante.

Es necesario conocer las diferentes herramientas jurídicas existentes para transmitir nuestro patrimonio, tanto inter vivos, como mortis causa y valorar, en primer lugar, si nos conviene repartir nuestras propiedades en vida, mediante la figura de la donación, o bien es más recomendable -atendiendo a nuestras necesidades y las de nuestros futuros sucesores- esperar al fallecimiento para que la traslación tenga eficacia.

Para ello, deberemos valorar, principalmente, la repercusión fiscal de dichos actos, teniendo en cuenta, no sólo las tarifas impositivas de los impuestos que gravan las disposiciones (Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e IRPF) sino el régimen de exenciones y reducciones existente en cada supuesto. Mediante un pormenorizado estudio de la fiscalidad, podremos determinar si resulta más favorable donar en vida de forma parcial, conviniendo dejar para la vía sucesoria aquéllos bienes que cuenten con mayor beneficio fiscal -como ejemplo la vivienda habitual o los locales afectos a actividades empresariales o profesionales en la normativa fiscal catalana-. Ello también tendrá su repercusión en la futura liquidez de los herederos para cumplir sus obligaciones legales, no sólo para con la Agencia Tributaria, sino de cara a afrontar el pago de las legítimas sin necesidad de deshacerse del patrimonio adquirido.

Dentro de los mecanismos regulados en la normativa sucesoria, y especialmente en la catalana -Ley 10/2008 de 10 de julio, del libro cuarto del Código Civil de Catalunya- existen algunos muy interesantes para planificar nuestra sucesión, al margen del testamento. Además del fideicomiso -que puede asegurar la sucesión más allá de la primera generación-, destaca la figura de los pactos sucesorios como fórmula para favorecer la continuidad de nuestro patrimonio, y, en especial, de la empresa familiar, y como herramienta eficaz para evitar conflictos futuros entre herederos, puesto que podremos pactar con ellos la manera en que queremos que funcione nuestro negocio en el futuro, determinando, mediante el consenso, qué herederos se encargarán de la gestión cotidiana y cuáles únicamente participarán como socios capitalistas. De este modo evitaremos posibles conflictos entre los sucesores que puedan hacer peligrar la continuidad de nuestra empresa y la propia relación familiar.

Si optamos por el otorgamiento de testamento, resulta interesante explorar las diferentes figuras jurídicas legales que pueden prevenir problemáticas concretas en relación al reparto de la masa hereditaria, la designación de sustitutos para el caso de conmoriencia, premoriencia o incapacidad, evitando, de esta forma, la ineficacia del testamento, o el nombramiento de un albacea o de un contador-partidor, como fórmula para evitar interminables litigios judiciales. Por tanto, desde Bravo Advocats, recomendamos la utilización de la figura del abogado de forma preventiva en materia de planificación hereditaria.

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Sobre la “ley mordaza”.

fotografia ley mordaza

El texto del proyecto de ley orgánica de Seguridad Ciudadana ha sido aprobado en el Congreso de los Diputados por 181 votos a favor y 141 votos en contra. La norma será enviada al Senado para su aprobación por este órgano, lo cual constituye un trámite burocrático más que democrático, porqué, como todos sabemos, el Senado aprobará dicha normativa sin ningún tipo de miramiento. Diversas plataformas ciudadanas y agentes jurídicos (en especial numerosos Jueces y Magistrados) han criticado su aprobación puesto que constituye un retroceso en el ejercicio de derechos y libertades fundamentales. En su exposición de motivos, se indica textualmente La perspectiva que el transcurso del tiempo ofrece de las virtudes y carencias de las normas jurídicas, los cambios sociales operados en nuestro país, las nuevas formas de poner en riesgo la seguridad y la tranquilidad ciudadanas, los nuevos contenidos que las demandas sociales incluyen en este concepto, la imperiosa necesidad de actualización del régimen sancionador o la conveniencia de incorporar la jurisprudencia constitucional en esta materia justifican sobradamente un cambio legislativo. Libertad y seguridad constituyen un binomio clave para el buen funcionamiento de una sociedad democrática avanzada, siendo la seguridad un instrumento al servicio de la garantía de derechos y libertades y no un fin en sí mismo.

Para conseguir la seguridad y tranquilidad ciudadanas y, en definitiva, un buen funcionamiento de una sociedad democrática avanzada el texto propone las siguientes medidas: aumento del número de infracciones (que pasan de 30 del anterior texto, a 57), con sanciones desproporcionadas y desvinculadas de la situación económica del infractor, despenalización de conductas que constituían faltas juzgadas por la jurisdicción penal para incluirlas en infracciones administrativas y evitar el control judicial (enviando a los ciudadanos a la jurisdicción contenciosa, más lenta y costosa al exigir abogado y procurador y el abono de tasa judicial), creación de conductas de “mero riesgo” o “amenaza contra la seguridad ciudadana” sin concreción alguna, dejando en manos de los agentes de las Fuerzas de Seguridad la interpretación o percepción de dicho peligro, la persecución de formas de protesta ciudadanas, y, en general, la ampliación de discrecionalidad a los agentes de policía para efectuar controles y registros corporales, con impunidad de los agentes de la autoridad (a los que no se les exige ir identificados en sus actuaciones y a los que no se podrá fotografiar ni gravar) y, como colofón, la posibilidad de rechazar a los extranjeros detectados en la línea fronteriza intentando superar la frontera, lo que se ha venido llamando la “devolución en caliente”.

El Gobierno ha confeccionado el decálogo de “buen ciudadano”, identificándolo con aquél que, sumiso y silencioso, deja transcurrir la vida sin alterarse lo más mínimo, ni en lo que afecta a su vida personal, ni en lo relativo a la justicia social, ya que, con su conducta, no altera la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía en general. Para decidir qué tipo de ciudadano quiere ser, en primer lugar, tiene que saber qué conductas le convierten en un elemento subversivo y alterador del orden público, por lo que, en primer lugar, y bajo ningún concepto, no se queje ni manifieste. En el supuesto de realizar un acto de tal trascendencia, sepa que continuará siendo “buen ciudadano” si no porta pancartas contra las instituciones contra las que se manifiesta, no coloca tenderetes en la vía pública para recoger firmas o facilitar información, no acampa para quejarse, no se reúne ante ninguna Institución parlamentaria para mostrar su malestar por las políticas creadas por los que allí trabajan (aunque no estén dentro), no cuelga pancartas ni banderas en edificios, no protesta ante el Banco que ha desahuciado a su vecino, o que ha vendido preferentes a sus abuelos dejándoles sin ahorros, no se encierra en la empresa para la que trabaja para quejarse por el ERE que le dejará en la calle, no corta el tráfico, no crea alarma social, no porta elementos susceptibles de alterar la seguridad ciudadana, no se niega a que le soliciten que se identifique o sea cacheado sin informarle del motivo de dicha intervención, si no se reúne o manifiesta en lugares en los que pudiere alterarse la seguridad ciudadana, o su coche no está estacionado en uno de esos lugares sospechosos de alteración, si no convoca o dirige una protesta pacífica en un lugar público, si no pierde el dni más de 3 veces en 5 años, si no enfoca un agente de la autoridad con una luz, o le fotografía o graba mientras se excede en sus funciones, no le canta la caña al político de turno al que han imputado por corrupción, no se manifiesta antes de ir a votar, o no lo hace con gorra, sombrero, casco o capucha, si no exhibe una pancarta o lanza una proclama en un acto electoral, mientras se producen votaciones o cuando se recuentan los votos, no se viste de bombero para protestar sobre la falta de recursos en la lucha contra los incendios, no cultiva plantas de marihuana en su casa y para su autoconsumo, no se suicida precipitándose desde un edificio, no practica nudismo o no juega a pelota en las plazas públicas, por poner algunos ejemplos. En los demás casos, no se relaje. Puede que también acabe sancionado, porque quizás tenía usted la intención de alterar el orden público, o su pensamiento ha sido determinante en la creación del riesgo percibido por el agente de policía en el ejercicio de sus funciones.

En mi opinión, esta ley sólo garantizará la seguridad y tranquilidad de aquéllos al servicio del capital y del poder que, en los últimos tiempos, ven cómo sus fechorías salen a la luz pública y son señalados y abucheados en nombre de la justicia social.

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El trabajador: malos tiempos para la lírica.

Me permito el lujo de parafrasear el título de aquél célebre poema de Bertolt Brecht para ilustrar la situación que viven los trabajadores de este país. El ambiente económico sigue siendo negativo, pese a que el Gobierno se empeña en afirmar que existen síntomas evidentes de recuperación económica (los antiguos brotes verdes). Pese a que sí que es cierto en que hay una pequeña mejoría, no es menos cierto que sigue existiendo una mala situación económica para el mundo laboral: las empresas pasan por problemas, y consecuentemente eso se acaba traduciendo en los derechos de los trabajadores.

España, debido a su estructura social y laboral siempre ha tenido un problema con la ocupación. En cada crisis o recesión que sufrimos, siempre superamos la fatídica tasa del 20% de desempleo, con el consecuente drama social y familiar. En la actualidad, tenemos una tasa del 24,4% habiendo llegado a registrar la plusmarca (como en el atletismo) del 26,3% de tasa de desempleo.

Los sucesivos gobiernos, en vez de emprender las oportunas reformas necesarias para modernizar la economía productiva del país, han ido realizando sucesivas modificaciones de la legislación laboral que no han acabado de solucionar el problema endémico del país. Y es que, cuando la diferencia de desempleo entre la Comunidad Autónoma más desocupada (Andalucía con un 35,2% de desempleo) y la menos desocupada (Navarra con un 20,3% de desempleo) es de más de la mitad, o lo que es lo mismo 20,3 puntos porcentuales de diferencia, es que existe un problema estructural económico y no un problema de regulación del mercado de trabajo, ya que la normativa laboral es la misma para todas las regiones.

Habida cuenta de lo expuesto, entiendo que es imperativo realizar un brevísimo resumen de las grandes reformas laborales realizadas, para poder analizarlas posteriormente, y obtener una conclusión evidente: el camino realizado no ha servido para nada.

La primera gran reforma laboral se realizó en el año 1984, es decir, hace treinta años, y con una tasa de desempleo del 21,5%. En ella se favorecieron medidas encaminadas a conseguir una mayor temporalidad como receta mágica para reducir el desempleo. Asimismo, se redujo la jornada laboral a 40 horas semanales y se aumentaron los días de vacaciones a 30 días naturales. Así pues, al margen de dichas conquistas, la receta fue favorecer la temporalidad para reducir el desempleo.

Diez años después, en 1994, con una tasa de desempleo en el 24,2%, se introdujeron unas medidas urgentes encaminadas a favorecer la contratación mediante la implementación de más medidas de flexibilidad y de favorecimiento de la temporalidad. Otra de las grandes modificaciones introducidas es que se eliminó la obligación de contratación a través del INEM, pudiéndose efectuar contrataciones a través de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT).

En 2001, con una tasa de desempleo en el 10,4%, se introdujeron una serie de cambios encaminados a fomentar la indefinibilidad del mercado de trabajo mediante el uso de bonificaciones y el aumento de la cuota empresarial de la Seguridad Social en contratos temporales. Tres años después, y sin que dichas medidas fuesen responsables, en 2004 disminuía la tasa de desempleo por debajo del 10%. Nunca en la España democrática había existido una tasa tan baja de desempleo. Lo que era un claro reflejo de la situación de burbuja inmobiliaria, nos hacía estar en la Champions League de la economía.

En el año 2010, con la crisis en su máximo esplendor, y con un desempleo en el 20%, el gobierno emprendió una nueva reforma laboral. En ella se establecieron límites temporales a la concatenación de contratos temporales y de obra o servicio. Asimismo, y como principal novedad, se amplió el campo de acción de las causas por despido objetivo (económicas, técnicas, organizativas o de producción).

En febrero de 2012, con una tasa de desempleo en el 23,6%, se emprendió la última gran reforma laboral, siendo quizá la más agresiva de todas. Como principales novedades se introdujeron la posibilidad de distribuir irregularmente el 10% de la jornada laboral; se ampliaron los supuestos de descuelgue de convenios; se suspendió la necesidad de autorización previa administrativa en los Expedientes de Regulación de Empleo; se redujo la cuantía por despido improcedente de 45 días de salario por año con un máximo de 42 mensualidades a 33 días de salario con un máximo de 24 mensualidades; y finalmente, se emprendió el que entiendo que es quizá el gran cambio: la práctica supresión de los salarios de trámite.

Respecto a la normativa que regula el Fondo de Garantía Salarial, en los últimos años se han reducido las cuantías a las que tiene que hacerse cargo el fondo. Los límites salariales tanto para indemnizaciones como para salarios pendientes se reducen del triple del salario mínimo interprofesional al doble del salario mínimo interprofesional. Respecto a los salarios pendientes, el FOGASA sólo se hace cargo en la actualidad de un máximo de 120 días de salario pendiente, cuando antes se podía reclamar hasta 150 días. Finalmente, este último año ha desaparecido la ayuda que tenían las pequeñas empresas a la hora de indemnizar por despidos motivados por causas objetivas; se suprime el abono directo por parte del FOGASA del 40% de indemnización.

En conclusión, respecto los gobiernos, sean estos del PP o del PSOE, no han tenido la valentía (o capacidad) de emprender las reformas de calado que lograsen una política de empleo decente; sino que se han dedicado a ir dando palos de ciego y poniendo parches, situación que ha generado una situación inasumible para empresas y trabajadores. Hasta que no se logre hacer un mercado competitivo donde las empresas puedan crecer y consecuentemente crear puestos de trabajo sin que estos sean escasos y precarios, no superaremos uno de los males endémicos de este país, pero quizá eso sea pedir demasiado a la actual clase dirigente.

Adrià García i Alonso

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Del Ministro de Dios en la Tierra o de la involución legal.

Llevo tiempo mordiéndome la lengua y esperando que el sentido común (dígase común al modo de pensar y proceder tal como lo haría la generalidad de las personas, según la RAE) impere en la Justicia. Al parecer, ello no es posible, ni lo será mientras el Notario Mayor del Reino siga haciendo de las suyas, beneficiando a ciertos colectivos (Notarios, dirigentes de grandes potencias y Reinados varios) y con la férrea voluntad de retroceder  los derechos de los ciudadanos a los existentes cuando su suegro ejercía de Ministro del Movimiento. Y es que la lista de sinsentidos jurídicos y de retrocesos legislativos ya es demasiado larga para no hablar de ellos. Todo aquello que enseñan en la Facultad de Derecho respecto de la laicidad del Estado, de la igualdad de los ciudadanos o de la función de la legislación de adaptación a la evolución de la sociedad, hoy, más que nunca, se ha convertido en una declaración de intenciones sin valor jurídico alguno. En otro post me manifesté, como operadora jurídica, en contra de las tasas judiciales, que me parecían una traba al acceso de los ciudadanos a la justicia. Sin embargo, desde aquél post, quienes nos gobiernan, y especialmente el Sr. Gallardón,  en un ejercicio de abuso democrático, han iniciado una serie de proyectos de ley tendentes, todos ellos, no sólo a beneficiar a las clases sociales con las que se relacionan, sino a castigar y amordazar a aquellos que protestan contra tanta desigualdad. Y así, han iniciado una cruzada contra la libertad personal en varios frentes , con la reforma de la ley del aborto, tratando a las mujeres como seres sin opinión ni control sobre su propio cuerpo y su vida; con la pena de prisión permanente revisable, pretendiendo introducir la cadena perpetua en contra de su tan estimada Constitución para castigar en lugar de reinsertar;  con la reforma de la Justicia Gratuita, donde denigra a abogados y procuradores que trabajan a favor de la igualdad del acceso a la justicia de los más desfavorecidos; con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde propone suprimir la acusación popular (tan molesta estos últimos tiempos), otorgar el poder de instruir e investigar al Ministerio Fiscal (nombrado por el Gobierno y al servicio de éste) y  decidir si se ejerce la acusación en función de criterios de oportunidad, y no de legalidad; con la reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, donde privatiza servicios que hasta ahora eran gratuitos, como las bodas, las separaciones y los divorcios a favor de sus tocayos, los Notarios (que como no firman hipotecas, ni préstamos, ni pólizas de crédito, pues se ve que tienen menos trabajo); con la reforma de la justicia universal, donde se intercambia justicia por inversiones y, aunque ello es obra y gracia de otro Ministro, como colofón final, y para que a nadie se le ocurra protestar, con el proyecto de ley de seguridad ciudadana (o ley mordaza) cuyo principal interés no es la seguridad ciudadana, sino la seguridad de aquéllos a quienes la mal llamada crisis ha puesto en el punto de mira de la sociedad. Pero de ello ya hablaremos en otro post.

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Los Jueces actúan.

Tras la sentencia dictada por el Tribunal de Luxemburgo el 14 de marzo de 2013, en la que se pone de manifiesto los gravísimos incumplimientos de la normativa española en materia de protección de los consumidores en materia de ejecución hipotecaria, los Jueces de Barcelona se han reunido para unificar criterios en la adopción de medidas que garanticen el cumplimiento de la Directiva europea hasta tanto se modifique la actual ley procesal. En dicho sentido, han acordado declarar abusivo el interés moratorio aplicado por los bancos que supere en 2,5 veces el interés legal del dinero, así como otorgar un plazo a los demandados para que aleguen lo que estimen conveniente sobre la existencia de cláusulas abusivas en sus contratos hipotecarios, e introducir como causa de oposición a la ejecución instada por la entidad financiera la propia existencia de cláusulas abusivas, supuesto no contemplado en nuestra ley procesal y que supone un paso adelante en la protección a los consumidores en detrimento de los Bancos, que, a pesar de suscribir contratos absolutamente leoninos, han disfrutado, hasta ahora, de todas las ventajas procesales que les otorgaba una ley legislada a su medida. La judicatura en Barcelona ha reaccionado, aunque no tan valientemente como otros jueces (Badajoz, Bilbao, Córdoba, etc.) que han decidido suspender los desahucios que tramitan hasta tanto se publique la nueva legislación. Aunque, para valiente, José Mª Fernández Seijo. Sin su atrevimiento jurídico, no existiría esperanza para las víctimas de las hipotecas.

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La Justicia ya no es igual para todos.

La justicia nunca ha sido igual para todos. Y ahora, menos que nunca. El lunes entró en vigor la tasa judicial estatal (Ley 10/2012 de 20 de noviembre) que, junto con la tasa judicial catalana (Ley 5/2012 de 20 de marzo) hacen de los Juzgados catalanes los más caros de pisar de todo el territorio español. Así, un catalán abona hasta 240 euros más por acudir a la Justicia que un madrileño, un valenciano o un gallego. Para que nos hagamos todos una idea de lo que, a partir de ahora, nos va a costar acudir a los Tribunales, interponer una demanda en reclamación de hasta 3000 euros tendrá un coste añadido de 435 euros, o de 201,50 euros en el caso del recurso contra una multa de tráfico de 300 euros de sanción. Si el sobrecoste es importante en primera instancia, el varapalo adquiere su máxima expresión en la segunda instancia, esto es, en la posibilidad de revisar la resolución judicial por parte de jueces que, por su experiencia profesional, ocupan un lugar más elevado en el organigrama judicial y en los que, no nos engañemos, solemos confiar los abogados cuando tenemos delante un asunto complejo. Así, recurrir en apelación una sentencia desfavorable aumenta el presupuesto desde 920 a 1420 euros dependiendo de la cuantía del procedimiento. Es patente que incorporar una tasa judicial por este importe (que, en ocasiones supera los propios honorarios del letrado que debe redactar el recurso de apelación) coartará el derecho del ciudadano a que su sentencia sea revisada, por lo que, a segunda instancia llegarán, o bien los procesos donde los litigantes son titulares del beneficio de la justicia gratuita, o bien aquéllos con medios económicos holgados. Hay quien está planteando la necesidad de recurrir al Tribunal Constitucional tal tropelía, e incluso algunos operadores jurídicos (sinceramente, creo que casi todos menos el Sr. Gallardón) están viendo peligrar el derecho a la tutela judicial efectiva, o derecho a acceder a la justicia proclamado en la Constitución. Yo también lo creo, pero nuestros jueces constitucionalistas, ¿pensarán lo mismo? En la sentencia que resuelve el recurso interpuesto contra la primera ley que introdujo tasas en el mundo judicial, el Tribunal Constitucional se mostró a favor de la incorporación de la tasa, siempre y cuando su cuantía no supusiera un obstáculo insalvable por el ciudadano a la hora de acceder a la justicia. En todo caso, hasta dentro de diez años (que constituye la media que puede tardar el Tribunal en resolver) desgraciadamente veremos cómo los abogados y procuradores disminuimos nuestros ingresos porqué la situación económica no permitirá a nuestros clientes afrontar algunos pleitos, los funcionarios de justicia siguen viéndose privados de pagas extras y los Juzgados no pueden tramitar los asuntos con diligencia porqué les han suprimido personal y no cubren las bajas laborales. Al parecer, los únicos beneficiados por la sapiencia del Sr. Ministro serán los Notarios, que podrán casar, separar y divorciar, pero eso lo dejaremos para otro post.

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